La economista Mercedes D’Alessandro advirtió en Batalla Cultural que el crecimiento de la morosidad no puede explicarse únicamente por las decisiones de quienes toman créditos. La caída de los ingresos, las tasas exorbitantes, la expansión de las billeteras virtuales y el auge de las apuestas online conformaron un mercado que obtiene rentabilidad de hogares cada vez más vulnerables.

La discusión sobre el endeudamiento de las familias suele comenzar por el último eslabón de la cadena: la persona que utilizó la tarjeta por encima de sus posibilidades, aceptó un crédito desde el teléfono o acumuló cuotas que después no pudo pagar. La economista misionera Mercedes D’Alessandro propuso invertir esa mirada. Antes de responsabilizar al deudor, planteó, es necesario observar quién diseñó el préstamo, a qué tasa lo ofreció, qué información tenía sobre la capacidad de pago del cliente y cuánto dinero ganó mientras la deuda se volvía impagable.

En una entrevista con el programa Batalla Cultural, D’Alessandro situó el aumento de la morosidad dentro de una transformación económica más profunda. La pérdida de poder adquisitivo, la destrucción de puestos de trabajo, el deterioro de las jubilaciones y el retroceso de las políticas de ingresos empujaron a numerosos hogares a financiar gastos esenciales. Pero esa crisis encontró, además, una infraestructura digital preparada para convertir la necesidad en un negocio disponible las 24 horas.

El interrogante, entonces, excede la conducta individual: ¿el problema son quienes se endeudan o quienes construyeron un modelo de rentabilidad basado en endeudarlos?

D’Alessandro describió un desacople que atraviesa la economía argentina: los ingresos de los hogares cayeron con mayor intensidad que el consumo. Esa diferencia no representa una inesperada capacidad de resistencia, sino que fue cubierta mediante tarjetas, préstamos personales, adelantos de dinero y créditos otorgados por plataformas financieras.

“El consumo no cayó tanto como cayeron los ingresos. Ese consumo que no terminó de caer se financió con deuda, que fue lo único que creció y creció durante estos años”, detalló. 

Después de la fuerte devaluación inicial del Gobierno de Javier Milei, la aceleración de los precios produjo una pérdida de poder adquisitivo que, según la economista, nunca terminó de ser reparada. A ese golpe se sumaron los despidos en el Estado y el sector privado, la caída del empleo formal, el congelamiento del bono para jubilados y el deterioro de la jubilación mínima.

Las familias, sin embargo, no pueden reducir determinados consumos en la misma proporción. La comida, los medicamentos, los alquileres, las tarifas, el transporte y los útiles escolares no son gastos prescindibles. Cuando el salario deja de alcanzar, la deuda aparece como un ingreso sustituto: permite llegar hasta fin de mes, pero compromete los ingresos del mes siguiente.

Así se conforma una dinámica acumulativa. Se toma un crédito para cubrir una necesidad inmediata; la cuota reduce los recursos futuros; el nuevo faltante obliga a refinanciar el saldo o contraer otra obligación. En ese circuito, la deuda deja de ser una herramienta para anticipar consumo y se transforma en un mecanismo permanente de supervivencia.

La pandemia aceleró una transformación que, en condiciones normales, habría demandado varios años. El uso de pagos electrónicos creció de manera exponencial, mientras que las extracciones de dinero en cajeros automáticos perdieron participación.

El Ingreso Familiar de Emergencia impulsó la bancarización de millones de personas que hasta entonces se encontraban fuera del sistema. Las billeteras virtuales multiplicaron sus usuarios y el código QR se incorporó a la vida cotidiana. Comprar, transferir, cobrar una prestación o pedir dinero prestado pasó a concentrarse en la misma pantalla.

Aquella expansión tuvo un costado inclusivo: permitió que millones de personas accedieran por primera vez a una cuenta y realizaran operaciones sin depender del efectivo. Sin embargo, también abrió una puerta de entrada masiva al crédito con escasos controles y tasas muy elevadas.

Antes, recordó D’Alessandro, obtener un préstamo exigía presentarse en una sucursal, acreditar ingresos, demostrar capacidad de pago y, en muchos casos, conseguir un garante. Ahora la oferta aparece dentro de la aplicación, con un monto “preaprobado” y la posibilidad de aceptarlo inmediatamente.

La facilidad tecnológica eliminó fricciones, pero también debilitó los momentos de evaluación. El prestamista posee información detallada sobre los movimientos del usuario, sus ingresos, sus consumos y su saldo disponible. Pese a ello, puede ofrecerle una cuota que absorba una porción desproporcionada de sus recursos.

D’Alessandro relató el caso de su padre, jubilado de la mínima, a quien le ofrecieron un préstamo de dos millones de pesos cuya primera cuota se acercaba a los 188.000 pesos. La contradicción resulta evidente: el sistema conoce los ingresos del cliente, pero igualmente propone una obligación difícilmente compatible con su capacidad de pago.

No se trata solamente de una imprudencia del usuario. Existe una decisión empresarial de colocar el crédito aun cuando los indicadores anticipan un elevado riesgo de incumplimiento. Ese riesgo, además, ya está incorporado en tasas, cargos, intereses punitorios y mecanismos de refinanciación que pueden mantener al deudor dentro del circuito durante años.

La vulnerabilidad convertida en mercado

La economista puso especial énfasis en los sectores de menores ingresos. Mencionó a las titulares de la Asignación Universal por Hijo, los jubilados que cobran la mínima y las personas con discapacidad, grupos para los cuales el crédito suele destinarse a cubrir necesidades básicas y no consumos extraordinarios.

Según sostuvo durante la entrevista, ocho de cada diez mujeres que cobran prestaciones a través de Mercado Pago se encuentran endeudadas. En esos casos, la pregunta sobre el destino del dinero es central: buena parte de esas obligaciones se origina en la compra de alimentos, medicamentos, vestimenta o materiales escolares.

Desde la economía feminista, D’Alessandro definió ese fenómeno como deuda de cuidados. Las mujeres suelen asumir gastos vinculados con la crianza y el sostenimiento cotidiano del hogar, incluso cuando no reciben la cuota alimentaria correspondiente. La deuda no financia un activo capaz de generar ingresos futuros, sino bienes que se consumen inmediatamente.

Esa característica reduce las posibilidades de repago. Quien se endeuda para comprar comida no obtiene con ella un rendimiento que permita cancelar el préstamo. Cuando llega la cuota, el ingreso continúa siendo insuficiente y la necesidad reaparece.

Por eso, cuestionar únicamente al tomador del crédito supone ignorar la asimetría entre las partes. De un lado se encuentra una persona cuyo ingreso no alcanza para cubrir gastos esenciales. Del otro, bancos y empresas tecnológicas con bases de datos, algoritmos, capacidad para medir riesgos y poder para fijar unilateralmente las condiciones.

Frente a la multiplicación de proyectos para atender la morosidad, D’Alessandro advirtió que una política de desendeudamiento no debería convertirse en un rescate indirecto a bancos y fintech. “No queremos un salvataje a los bancos. Los bancos y las fintech tienen una responsabilidad gigantesca por haber aplicado tasas exorbitantes a personas de sectores vulnerables”, aseveró. 

Si el Estado aporta beneficios fiscales o fondos públicos para garantizar el cobro completo de las deudas, el resultado puede ser paradójico: se socializan las pérdidas mientras se preserva la rentabilidad de quienes otorgaron créditos a tasas excesivas.

La propuesta en la que colaboró para la Legislatura porteña parte de otro criterio. Los acreedores deben asumir una parte del costo mediante la eliminación de intereses punitorios, la reducción de tasas y, para los sectores más vulnerables, quitas sobre el capital.

También planteó explorar la creación de un fondo financiado por el propio sistema o mediante un aporte extraordinario. Una alternativa sería utilizar la diferencia entre la tasa promedio del mercado y las tasas efectivamente cobradas a los sectores de mayor vulnerabilidad.

El principio económico consiste en distribuir responsabilidades. Si la entidad obtuvo ganancias mediante condiciones abusivas o colocó préstamos sin atender la capacidad real de pago, no debería quedar completamente al margen de la solución.

El antecedente citado por D’Alessandro es el programa Desenrola Brasil, impulsado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva después de encontrar alrededor de 70 millones de personas con problemas para pagar sus compromisos. El mecanismo permitió renegociar las obligaciones de unos 15 millones de deudores mediante acuerdos entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y las entidades financieras.

El Estado constituyó un fondo de garantías, pero la clave estuvo en las negociaciones: se aplicaron fuertes reducciones de intereses y descuentos de capital. 

Según explicó D’Alessandro, el fondo prácticamente no necesitó utilizarse. La intervención pública funcionó principalmente como instancia de coordinación y presión para que los acreedores aceptaran una parte de la pérdida.

Apuestas online: la nueva fábrica de deuda

La digitalización no modificó solamente el acceso al crédito. También trasladó el juego al teléfono celular y creó un circuito en el cual préstamo, transferencia y apuesta pueden realizarse sin salir de una misma plataforma.

La experiencia brasileña reveló esta nueva dimensión. Al analizar las causas de la morosidad durante el programa de desendeudamiento, las autoridades detectaron una proporción creciente de obligaciones asociadas con apuestas online, particularmente entre los jóvenes.

D’Alessandro señaló que cuatro de cada diez jóvenes presentan problemas de morosidad. En esa franja, el deterioro laboral convive con la expansión de aplicaciones que ofrecen bonos de bienvenida, incentivos para la primera apuesta y sistemas diseñados para sostener la permanencia del usuario.

La operatoria reduce todas las barreras. La casa de apuestas está disponible a cualquier hora; el medio de pago se encuentra vinculado al teléfono y, en algunos casos, el propio ecosistema digital facilita el acceso al dinero. Un joven puede apostar fondos prestados, usar la tarjeta de sus padres o comprometer ingresos que todavía no posee.

Brasil avanzó sobre esta conexión al prohibir el uso de tarjetas de crédito y determinadas herramientas fintech para financiar apuestas. También restringió los bonos promocionales y encendió una alarma al detectar que beneficiarios del programa Bolsa Família destinaban parte de esos ingresos al juego.

D’Alessandro mencionó un estudio brasileño que estimó en alrededor de un punto del producto bruto interno los recursos absorbidos por las apuestas online. Además de sus consecuencias sociales, el fenómeno tiene un impacto macroeconómico: es dinero que deja de circular en comercios y servicios y se transfiere hacia las plataformas de apuestas y sus estructuras financieras.

La publicidad masiva durante los grandes acontecimientos deportivos terminó de normalizar el negocio. Las marcas de apuestas se incorporaron a camisetas, transmisiones, clubes e influencers hasta diluir la frontera entre entretenimiento y juego de azar. El riesgo dejó de presentarse como riesgo y comenzó a ofrecerse como una experiencia cotidiana.

Las grandes plataformas ocupan una posición privilegiada en el nuevo mapa financiero. No solamente administran pagos: observan en tiempo real cuánto cobra una persona, qué compra, con qué frecuencia transfiere dinero y cuándo se queda sin saldo.

Esa concentración de información les permite conocer mejor que nadie el grado de vulnerabilidad de sus usuarios. Por eso, la discusión regulatoria no puede limitarse al porcentaje de la tasa. También debe examinarse cómo se seleccionan los clientes, qué estímulos reciben, de qué manera se presentan los préstamos y qué mecanismos utilizan los algoritmos para inducir decisiones.

La tecnología no es neutral cuando está diseñada para eliminar el tiempo de reflexión. Un crédito preaprobado, una apuesta bonificada y una transferencia inmediata forman parte de una misma economía de la urgencia: cuanto menor es la distancia entre el deseo o la necesidad y la operación, menor es también la posibilidad de ponderar sus consecuencias.