Bullrich se diferenció del Gobierno sobre la Ley de Tierras: “Fue apresurado llevarlo al Congreso”
La jefa del bloque de senadores libertarios consideró que el Ejecutivo debía esperar el pronunciamiento de la Justicia antes de reflotar el proyecto en el Parlamento.
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La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, se diferenció este jueves del Gobierno nacional sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y consideró que fue “apresurado” llevar el proyecto y el debate al Congreso de la Nación en donde estaba incluido el capítulo de la Ley de Tierras.
La senadora afirmó ante los medios acreditados durante un acto por los 30 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que el Gobierno debió esperar el pronunciamiento de la Justicia antes de enviar el proyecto al Congreso.
“Hay un tema que para nosotros es un aprendizaje. SI nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la justicia quizás haber llevado adelante la Ley de Propiedad Privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, planteó.
En el acto realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Bullrich precisó: “Teníamos que haber esperado a que la justicia hable como habló ahora del DNU 70 en el capítulo de tierras y recién ahí mandar la ley porque vamos contra nuestros propios actos”.
En esa línea, advirtió que “el fallo vino después de que la ley no se pudo votar, es una posibilidad que la oposición voltee el DNU”.
Vale recordar que el fallo del máximo tribunal dejó sin efecto las restricciones a la extranjerización de tierras al reponer un artículo del decreto presidencial que había derogado la norma vigente desde 2011. El capítulo en cuestión había sido retirado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada antes de que el Senado le otorgara media sanción en agosto. De esta forma cuestionó que el oficialismo promoviera esa iniciativa mientras la validez del decreto todavía estaba bajo análisis judicial.
La postura de Bullrich se suma a otros movimientos independentistas como las críticas a los recortes en Discapacidad incluidos en el Presupuesto o bien el rechazo de impulsar un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, que intentaron frenar la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
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