A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Misiones volvió a convertir la memoria en una acción política concreta. En Posadas, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos marcharon este martes 24 por antiguos centros de detención y edificios de fuerzas de seguridad hasta cerrar en la plaza 9 de Julio con un acto abierto. En Oberá, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia reunió a funcionarios municipales, autoridades universitarias, víctimas, familiares y vecinos en la Casa del Bicentenario, donde además quedó plasmada una señal institucional con la colocación de imágenes y una placa conmemorativa. La fecha no solo volvió a activar el recuerdo del terrorismo de Estado: también mostró que la disputa por el sentido de la memoria sigue viva y se proyecta sobre el presente político.

No fue una conmemoración protocolar. En Posadas, la movilización avanzó sobre una geografía cargada de significado: Jefatura de Policía, Policía Federal, la antigua Cárcel de Posadas, la sede de Inteligencia del Ejército, Gendarmería Nacional y la sede administrativa del Ejército. El recorrido tuvo una lógica clara: reconstruir físicamente el mapa de la represión en la provincia y volverlo visible en el espacio público. Allí apareció la dimensión política más nítida del 24 de marzo de este año: la memoria ya no se expresó solo como homenaje, sino como intervención sobre una discusión abierta acerca de los derechos humanos, el negacionismo y los límites de la democracia.

Una marcha con lectura territorial y una memoria anclada en los hechos

La movilización en la capital misionera comenzó en la intersección de avenida Mitre y Buenos Aires. Desde allí partió la columna principal con organizaciones sociales, referentes, familiares de desaparecidos y exdetenidos. El esquema de la jornada no fue casual. Cada parada funcionó como una estación de memoria y, al mismo tiempo, como una forma de inscribir en el presente institucional una historia que durante años intentó ser borrada o minimizada.

La referente María Villanueva explicó que la marcha se detendría en cada centro de detención para recordar lo ocurrido durante la dictadura en la provincia. Esa decisión ordenó políticamente la jornada: no se trató solo de una marcha de consignas, sino de una reconstrucción del circuito represivo local. En una provincia donde el peso de la historia reciente no siempre ocupa el centro del debate público, la movilización buscó volver tangible esa trama.

En el acto final, además de la lectura de un documento, se dejó abierto el micrófono para que militantes de distintas agrupaciones tomaran la palabra. Ese gesto también habló del momento: la memoria apareció como un campo plural, atravesado por voces diversas, pero articulado por un mismo reclamo de verdad y justicia.

Testimonios que corren la discusión del plano simbólico al terreno de la experiencia

Uno de los núcleos más potentes de la jornada estuvo en los testimonios de sobrevivientes. María José Estévez se definió como una víctima directa, pero amplió de inmediato el alcance de esa marca: “mis hijas, mis padres, mis hermanos… no hubo nadie en la sociedad argentina que no haya sido alcanzado”. La frase, más que una evocación personal, reubicó el debate en una dimensión colectiva. La dictadura no aparece allí como un episodio cerrado sobre un grupo específico, sino como una herida de alcance social.

Su relato sobre la detención, el traslado por distintas provincias, el juicio militar y la condena de 22 años aportó algo que ninguna consigna puede reemplazar: espesor humano. También cuando habló de la salida, de las hijas pequeñas y de la dificultad de recomponer la vida. En esa secuencia, la memoria dejó de ser una categoría abstracta para volver a ser experiencia concreta, daño persistente y demanda de justicia todavía inconclusa.

También en Oberá, los testimonios ocuparon el centro. Juan Carlos Berent, ex preso político, relató las torturas sufridas tras ser secuestrado por integrar el Movimiento Agrario Misionero. Norma Yanzat, ex presa política, advirtió sobre los discursos que relativizan o reivindican la dictadura. No fueron intervenciones laterales: fueron el núcleo del acto. Y eso también marca una decisión institucional y política sobre cómo contar la historia a nuevas generaciones.

Oberá mostró otra dimensión: la institucionalización de la memoria

Mientras Posadas puso el cuerpo en la calle, Oberá exhibió otro movimiento relevante: la articulación entre municipio, Concejo Deliberante y facultades de la Universidad Nacional de Misiones para sostener una agenda de memoria con respaldo institucional. El acto debió trasladarse por el mal tiempo desde la plaza de la Memoria a la Casa del Bicentenario, pero eso no debilitó su peso político.

El intendente Pablo Hassan abrió la actividad subrayando el valor del “relato vivo”, especialmente para quienes no atravesaron el período entre 1976 y 1983. El dato no es menor. En un contexto donde la transmisión generacional de la memoria aparece como una tarea cada vez más decisiva, la escena de funcionarios municipales compartiendo espacio con víctimas, familiares, autoridades universitarias y vecinos mostró una convergencia institucional que buscó evitar que el 24 de marzo quede reducido a una efeméride.

La colocación de cuatro imágenes ilustrativas de víctimas de la dictadura y de una placa por los 50 años refuerza ese sentido. No es solo una marca conmemorativa. Es una toma de posición del Estado local, del Concejo y de la universidad sobre qué debe permanecer visible en el espacio público.

Memoria, derechos humanos y presente político

La conmemoración de este año tuvo una singularidad: no solo recordó el pasado, también dejó ver que la memoria se discute en tiempo presente. En Posadas, durante las intervenciones públicas, aparecieron referencias críticas al Gobierno nacional, al negacionismo y a reformas que, según algunos participantes, abren tensiones sobre libertades, organización social y derechos. Esos posicionamientos formaron parte del acto y le dieron a la jornada una densidad política que excedió la recordación histórica.

Sin embargo, el dato más consistente no estuvo en la confrontación discursiva, sino en la capacidad de las organizaciones y de parte de las instituciones de sostener una agenda activa de derechos humanos a medio siglo del golpe. En Posadas, esa fuerza se expresó en la calle. En Oberá, en una alianza entre Estado local, universidad y sociedad civil. En ambos casos, la memoria operó como un terreno de construcción política antes que como un ejercicio de nostalgia.

Qué deja la jornada y qué habrá que mirar

La marcha de Posadas y el acto de Oberá mostraron que, a 50 años del golpe, la memoria sigue siendo un eje de movilización y una herramienta de legitimidad pública. Fortalece a los organismos de derechos humanos, a los familiares, a los sobrevivientes y a los espacios políticos y sociales que sostienen esa agenda. También interpela a las instituciones locales, que definen si acompañan, si se repliegan o si dejan vacante ese terreno.

Lo que habrá que observar en las próximas semanas es si esta potencia conmemorativa se traduce en nuevas acciones públicas, en políticas locales de señalización y memoria, o en una agenda más sostenida de articulación entre municipios, universidad y organizaciones. También quedará abierto otro punto: cómo seguirá procesándose, en el plano político y social, la disputa entre memoria histórica, negacionismo y defensa de los derechos humanos.

A medio siglo del golpe, Misiones dejó una escena nítida. La memoria no quedó encerrada en el pasado. Volvió a ocupar las calles, los edificios, las plazas y la palabra pública. Y, justamente por eso, sigue siendo una discusión del presente.