El Gobierno denunció una red que protegía a empresarios y dirigentes kirchneristas en la ex AFIP

El Ejecutivo Nacional reveló la existencia de una red dentro de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que bloqueaba el acceso a información fiscal sensible de empresarios y dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo. Esta estructura operaba desde 2016 y otorgaba un trato diferencial a ciertos contribuyentes, impidiendo el acceso a sus registros patrimoniales y movimientos financieros.

El hallazgo fue realizado por la actual conducción de la entidad, que identificó una lista de al menos 51 personas y empresas beneficiadas con este mecanismo. Entre los nombres destacados figuran Lázaro Báez, condenado por corrupción en la causa Vialidad, y Alejandro Vandenbroele, sentenciado en el caso Ciccone, según informó el diario Clarín.

El esquema de protección incluía tanto a figuras políticas como a empresas vinculadas con ellas. Se detectó que los datos de estos contribuyentes se encontraban bloqueados en los sistemas informáticos del organismo, a diferencia del resto de los ciudadanos y empresas, cuyos registros están sujetos a controles habituales. Esta práctica impedía la fiscalización de actividades económicas y la aplicación de sanciones tributarias.

El mecanismo fue descubierto cuando los nuevos funcionarios solicitaron información de una empresa y encontraron restricciones de acceso. Al ampliar la revisión, identificaron un patrón de protección que se mantenía desde la gestión de Cambiemos y continuó durante el mandato del Frente de Todos.

Entre los beneficiados aparecen las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla SA, Los Sauces SA y Hotesur, todas vinculadas a Lázaro Báez y la familia Kirchner. También se encuentran nombres como Oil Combustibles, de Cristóbal López, y Electroingeniería SA, entre otros.

Con la llegada del nuevo Gobierno, la AFIP fue reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), actualmente dirigida por Juan Pazo, quien asumió en reemplazo de Florencia Mizrahi. Desde ARCA se comprometieron a avanzar con una auditoría interna para determinar responsabilidades y evitar la continuidad de este tipo de prácticas.