La controversia sacude al sector energético argentino tras la revelación del plan del ministro de Economía, Luis Caputo, para saldar una deuda multimillonaria con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). El esquema, que implica el diferimiento de compromisos pendientes y el uso de bonos en dólares, ha generado un fuerte rechazo entre las empresas del rubro.

El Gobierno nacional ha propuesto a las empresas del sector energético saldar una deuda que supera el billón de pesos argentinos mediante un bono, con una quita del 50%. Esta iniciativa ha generado resistencia entre las compañías involucradas.

La deuda pendiente, principalmente con generadoras eléctricas y productoras de gas, asciende a una suma considerable que supera los $1.061.574,7 millones, según datos del Tesoro hasta abril del presente año. Sin embargo, existe discrepancia entre las partes respecto a la cifra exacta, ya que el Ministerio de Economía sostiene que es considerablemente menor, cercana a un tercio de la estimación de las empresas.

Las obligaciones pendientes se originan en transacciones comerciales de compra de gas a petroleras como YPF, PAE, Total Austral, Pampa Energía y Tecpetrol, así como la adquisición de energía producida por empresas como Central Puerto, Pampa Energía, YPF Luz, AES, Enel, Albanesi, MSU, Genneia, entre otras.

El plan propuesto contempla la emisión del bono AE38 por alrededor de $600.000 millones durante la próxima semana, según informes provenientes del mercado de energía. El Ministerio de Economía confía en que la perspectiva de una mejora financiera a corto plazo, reflejada en una posible reducción del riesgo país, pueda persuadir a las empresas para aceptar esta modalidad de pago.

Sin embargo, las compañías del sector se muestran reacias ante esta propuesta. Argumentan que la deuda pendiente representa una cifra considerable en dólares estadounidenses, aproximadamente US$1.050 millones según su evaluación, y que la quita propuesta no es aceptable para ellas.

La resolución propuesta, que será publicada en el Boletín Oficial, establece un régimen de pagos excepcional y transitorio para el saldo de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) correspondientes a los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024. Esta medida busca ofrecer una solución a corto plazo a la creciente deuda energética, aunque su aceptación por parte de las empresas del sector sigue siendo incierta.

La Resolución que lleva el número 58/2024 y tiene fecha del lunes 6 de mayo justifica estas medidas como parte de una estrategia para preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad en un contexto de emergencia energética. Sin embargo, el debate sobre la adecuación y equidad de estas medidas continúa, mientras el sector energético argentino busca resolver una deuda que amenaza su estabilidad y funcionamiento.

La Resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, firmada por el secretario Eduardo Rodríguez Chriillo, establece el uso del bono en dólares (AE38) para diferir los montos vencidos de diciembre y enero, en caso de alcanzar “acuerdos individuales”. Esta medida, según fuentes del sector privado, implica una quita del 50%, reflejada en la cotización del bono.

La resolución también insta a las distribuidoras a regularizar el pago de la deuda con Cammesa, abonando el 100% de sus facturas de energía de febrero y marzo mediante un plan de pagos. El Gobierno espera que los aumentos de tarifas autorizados a principios de año contribuyan a normalizar el flujo de pagos.

A pesar de la resistencia de algunas empresas del sector eléctrico, otras, como YPF y Pan American Energy (PAE), han expresado su disposición a aceptar la propuesta del Gobierno. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre el impacto financiero y operativo de este plan, así como sobre su viabilidad a largo plazo.

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