El Gobierno nacional avanzó el 10 de abril con una modificación sensible del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): mediante la Resolución 484/2026, el Ministerio de Economía elevó del 30% al 35% el umbral que define cuándo un proyecto puede ser considerado de “largo plazo”. El cambio, que rige desde su publicación, no altera la arquitectura formal del régimen, pero sí su puerta de entrada. La decisión abre un interrogante central: ¿se trata de un ajuste técnico para mejorar la operatividad o de una señal política para acelerar inversiones en sectores específicos?

Un cambio técnico con impacto político

El RIGI, creado por la ley 27.742, establece condiciones especiales para grandes inversiones bajo la premisa de garantizar estabilidad a proyectos de larga maduración. Uno de sus criterios más sensibles es el cociente entre el flujo de caja proyectado en los primeros tres años y el total de la inversión planificada en ese mismo período.

Hasta ahora, ese ratio no podía superar el 30%. Con la nueva resolución, el límite sube al 35%, lo que amplía el universo de proyectos elegibles sin modificar el principio rector del régimen.

La facultad para ajustar ese parámetro ya estaba prevista en la ley, pero su uso efectivo marca una decisión política: intervenir sobre un indicador técnico para alinear el régimen con dinámicas sectoriales concretas. La medida se inscribe, además, en un proceso más amplio de ajustes al RIGI, que incluyó recientemente la prórroga de hasta un año para adherirse y la incorporación de nuevos desarrollos hidrocarburíferos.

Sectores con peso: hidrocarburos, energía y minería

El cambio no es neutro en términos sectoriales. Según los fundamentos técnicos que respaldan la resolución, el ajuste responde especialmente a las características de los proyectos de petróleo y gas, en particular los desarrollos “costa adentro” recientemente incorporados al régimen.

En estos casos, la lógica financiera difiere de otros sectores: presentan una recuperación inicial más rápida, pero requieren reinversiones constantes para sostener la producción a lo largo de ciclos que pueden extenderse entre 20 y 35 años. Bajo el esquema anterior, esa dinámica podía dejar fuera del RIGI a proyectos que, en términos reales, son de largo plazo.

El mismo diagnóstico se extiende —con matices— a otros sectores. En energía eléctrica, el nuevo umbral no altera el carácter de largo plazo de las inversiones en infraestructura. En minería, la modificación se considera marginal, dado que los proyectos suelen arrojar ratios muy por debajo del límite en sus etapas iniciales. En la industria siderúrgica y otros sectores industriales, el impacto es calificado como técnicamente neutro.

La decisión, sin embargo, también incluye al sector tecnológico, donde los ciclos de innovación acelerados y la necesidad de reinversión permanente justifican un criterio más flexible sin desvirtuar la lógica del régimen.

Menos restricción, más elegibilidad: el mensaje del Gobierno

Al elevar el umbral, el Ministerio de Economía reduce una barrera de acceso sin cambiar los beneficios ni las condiciones de estabilidad. En términos prácticos, más proyectos podrán calificar como inversiones de larga maduración y acceder al esquema.

Ese movimiento tiene una lectura política: el Gobierno busca mostrar capacidad de ajuste fino sobre su principal herramienta de promoción de inversiones, en un contexto donde la atracción de capitales se vuelve central. No hay cambios en los incentivos, pero sí en la interpretación de qué proyectos los merecen.

Al mismo tiempo, la decisión se aplica de manera uniforme a todos los sectores, como exige la ley, lo que evita abrir un frente de conflicto entre actividades. Sin embargo, el origen del cambio —anclado en la dinámica de hidrocarburos— sugiere dónde está el foco estratégico.

Un régimen en evolución

El RIGI no permanece estático. La modificación del umbral se suma a una serie de ajustes recientes que buscan mejorar su implementación y ampliar su alcance. La intervención técnica sobre un parámetro clave indica que el Gobierno está dispuesto a recalibrar el régimen en función de la respuesta del mercado y las particularidades sectoriales.

Queda por observar si este cambio se traduce en un aumento efectivo de proyectos presentados o aprobados. También, si otros parámetros del régimen entran en revisión a medida que avance su implementación.

Por ahora, la señal es clara: el Gobierno flexibiliza criterios sin resignar el marco general. Pero en un esquema donde la estabilidad es la principal promesa, cada modificación abre una tensión latente entre previsibilidad y adaptación.