El Gobierno avanza con la privatización de rutas: busca ahorrar 5.000 millones de dólares en 20 años

El Gobierno nacional lanzará la próxima semana el proceso de licitación para la concesión de corredores viales, con el objetivo de reducir el gasto público y sostener el equilibrio fiscal. La medida apunta a descomprimir las finanzas estatales con un ahorro estimado en 5.000 millones de dólares durante las próximas dos décadas.

El esquema de privatización comenzará con rutas estratégicas para el comercio del Mercosur, claves para el transporte de exportaciones y el flujo interprovincial. Entre ellas, se licitarán las rutas 12 y 14, que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

Actualmente, la concesión de estos corredores está en manos de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuyo contrato expira el próximo 9 de abril. La compañía mantiene un conflicto con el Estado Nacional, reclamando una deuda de 300 millones de dólares por presuntos incumplimientos contractuales y atraso en la actualización tarifaria.

CRUSA propuso extender el contrato a cambio de desistir de acciones legales, pero el Gobierno ya analiza nuevas ofertas, entre ellas, la de un consorcio conformado por tres empresas constructoras, que proyectan una inversión de 600 millones de dólares.

Nuevas concesiones y exigencias de mantenimiento

El plan de privatización también prevé la concesión de 8.000 kilómetros adicionales, incluyendo la Ruta Nacional 33 (Santa Fe), la 18 (Entre Ríos) y la 19 (Córdoba).

En el pliego de condiciones, se exigirá a los futuros concesionarios la reparación integral de los tramos adjudicados: bacheo, mantenimiento de banquinas, señalización horizontal y vertical, además de la iluminación correspondiente. Solo una vez completadas estas tareas podrán aplicar una nueva tarifa de peaje.

Contexto del sector y reducción de obra pública

Las empresas constructoras, afectadas por el freno a la obra pública dispuesto por el Gobierno, ven en estas licitaciones una posibilidad de reactivación del sector. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene la decisión de recortar el 95% de las obras en provincias y municipios, delegando en los gobiernos locales la financiación de proyectos de interés regional.

De los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, los privados estiman que solo 1.000 kilómetros resultan viables para un esquema de peaje rentable, principalmente los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Ruta Nacional 3.

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