Aunque el Parlamento Europeo resolvió remitir el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea al Tribunal de Justicia de la UE, una decisión que congela de hecho el proceso de ratificación en el bloque europeo, el Gobierno argentino confirmó que mantendrá el cronograma legislativo y buscará aprobar el tratado en el Congreso durante febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias. La estrategia apunta a que la Argentina se convierta en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo y dejar operativa su parte comercial, con impacto directo en exportaciones clave y en la inserción internacional.

Un freno en Europa, sin cambios en la hoja de ruta local

Con una votación ajustada —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones—, el Parlamento Europeo decidió enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. La medida expuso las tensiones internas en el bloque y, en los hechos, paraliza la ratificación hasta que exista un pronunciamiento judicial. Expertos admiten que la demora podría extenderse hasta dos años.

Pese a la sorpresa inicial, el oficialismo argentino descartó modificar su agenda. “Sigue todo igual acá”, señalaron desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado ratificaron que el proyecto se tratará en febrero. “Hasta nuevo aviso, se sigue para adelante”, sintetizaron fuentes legislativas.

El apuro no es casual: la entrada en vigencia permitiría aprovechar cuotas de exportación —como las de carne— antes que otros socios regionales, un incentivo económico concreto en un contexto global competitivo.

Trámite legislativo y apoyos políticos: el oficialismo suma respaldos

Desde el punto de vista institucional, el tratamiento parlamentario presenta una ventaja para el Gobierno: los tratados internacionales deben aprobarse o rechazarse en su totalidad por ambas Cámaras, lo que acota el margen de negociación artículo por artículo y simplifica el debate. Además, el oficialismo subraya que las negociaciones se extendieron por 26 años y atravesaron gobiernos de distinto signo político, un argumento utilizado para justificar una aprobación expeditiva.

Varios bloques ya expresaron su respaldo. El PRO celebró que se concrete “el camino iniciado en 2019” y sostuvo que el acuerdo “abrirá nuevos mercados para nuestras PyMEs, economías regionales y exportadores”. La UCR remarcó que, en un escenario global desafiante, “la competitividad y la escala son claves” y que la cooperación entre regiones resulta indispensable.

También acompañaron bloques de centro como Provincias Unidas y la Coalición Cívica. Su presidente, Maximiliano Ferraro, definió la iniciativa como una “jugada estratégica” que reafirma la integración, el Estado de derecho y la democracia constitucional, además de la apertura a un mercado de más de 700 millones de personas, bajo reglas claras y previsibilidad.

En contraste, el peronismo aún no fijó posición y reclama que la Cancillería remita el texto definitivo para analizarlo con los sectores productivos y del trabajo, antes de definir su voto.

Las objeciones europeas y el impacto político-comercial

Entre los argumentos que motivaron el freno en el Parlamento Europeo se destaca el “mecanismo de reequilibrio”, que habilita a los países del Mercosur a impugnar normativa europea considerada perjudicial para sus exportaciones. Para varios eurodiputados, este punto podría colisionar con la autonomía regulatoria de la UE y sus tratados fundacionales.

También se cuestionaron los poderes de la Comisión Europea para dividir el acuerdo en dos partes —una política y de cooperación, y otra estrictamente comercial—, una estrategia que facilitó la firma al permitir que la parte comercial entre en vigencia de forma provisional con la sola ratificación europea.

Desde la óptica argentina, estas objeciones no alteran la conveniencia de avanzar localmente. Ratificar el acuerdo en febrero permitiría enviar una señal política y económica de apertura y previsibilidad, aun cuando la implementación plena dependa de los tiempos judiciales y políticos en Europa.

Lectura económica e institucional

La decisión del Congreso de avanzar pese al freno europeo revela una estrategia de posicionamiento: asegurar ventajas comerciales tempranas, consolidar apoyos internos y mostrar compromiso con la integración internacional. Sin embargo, el envío del tratado al Tribunal de Justicia de la UE introduce un factor de incertidumbre que podría demorar su aplicación efectiva y condicionar expectativas en sectores exportadores.

En el corto plazo, el foco estará puesto en el debate legislativo de febrero y en la capacidad del oficialismo de reunir mayorías en ambas Cámaras. En paralelo, el proceso judicial en Europa marcará el ritmo real de un acuerdo que, aun aprobado localmente, seguirá atado a definiciones externas.