El Gobierno reformó el marco regulatorio eléctrico para abrir el mercado y atraer inversiones. Decreto 450/2025: nuevas reglas para la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó mediante el Decreto 450/2025 la adecuación integral de las Leyes N.º 15.336 y N.º 24.065, que regulan el sistema eléctrico argentino, con el objetivo de modernizar el sector, facilitar la libre contratación en el mercado mayorista, promover inversiones privadas y garantizar seguridad jurídica en las reglas del juego. La medida forma parte del proceso de implementación de la Ley de Bases N.º 27.742 y traza un nuevo rumbo para la organización del mercado eléctrico en el país.

Libre competencia, desregulación y rol del Estado

El decreto establece como pilares de la reforma:

• La apertura del comercio internacional de energía eléctrica.
• La promoción de la libre elección de proveedor por parte del usuario final.
• La fijación de tarifas según los costos reales del suministro.
• El incentivo al despacho económico y a la inversión privada de riesgo.

El Estado Nacional concentrará sus funciones en la planificación, regulación y fiscalización, descentralizando la toma de decisiones sobre precios e inversiones. Además, se fortalecen las bases del régimen federal del sector eléctrico, con preeminencia de la normativa nacional por sobre disposiciones locales que restrinjan la circulación o encarezcan el acceso a la energía.

Cambios normativos clave

Con esta adecuación normativa, se redefine el papel de actores estratégicos del sistema eléctrico:

• Se reconoce como agentes de mercado a los almacenistas de energía y a los usuarios-generadores, ampliando el universo de participantes y modernizando la oferta.
• Los distribuidores deberán adquirir al menos el 75 % de la energía en el mercado a término, y los usuarios grandes podrán contratar de forma independiente.
• Se fortalece la figura del comercializador y se habilita la contratación de obras de transporte por iniciativa privada, bajo el principio de acceso abierto.

Además, se reforma el funcionamiento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, que continuará como órgano consultivo no vinculante y se mantiene el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, cuyos recursos se distribuirán con nuevos criterios de eficiencia y cumplimiento de reglas federales.

Modernización del ente regulador y transición ordenada

Se establece la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que asumirá las funciones actualmente en manos de ENRE y ENARGAS. Este nuevo organismo tendrá a su cargo la supervisión técnica, el control tarifario, la promoción de la competencia y la defensa de los derechos de los usuarios.

La reforma prevé un período de transición de 24 meses para la adecuación de toda la normativa complementaria. Durante este lapso, la Secretaría de Energía deberá implementar medidas clave como:

• La desconcentración del mercado de hidrocarburos para generación.
• La regularización de pagos de los contratos eléctricos.
• La revisión integral de los “Procedimientos” de despacho y precios.
• La progresiva transferencia de los contratos de CAMMESA a distribuidores y generadores.

El Gobierno apuesta a que esta reforma impulse una mayor participación del capital privado en generación, transporte y distribución de energía, con una señal de precios transparente y reglas estables. Se busca así garantizar el abastecimiento a largo plazo, mejorar la calidad del servicio, reducir la carga sobre el Tesoro y promover el desarrollo de infraestructura, exportaciones y empleo de calidad en el sector eléctrico argentino.

La reestructuración legal también contempla la posibilidad de incorporación de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), ampliando las fuentes de inversión para el desarrollo de generación nuclear.