Mediante un informe, Éforo destacó que, desde hace 15 años, se registra una notable reducción en los haberes jubilatorios, pero esta disminución se aceleró en los últimos 9 meses

Desde enero a octubre, el Gobierno logró alcanzar un superávit fiscal financiero acumulado de $5,2 billones en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sin embargo, un informe elaborado por la Fundación Éforo advierte que estos recursos no fueron destinados a reforzar las prestaciones sociales o las jubilaciones. De hecho, precisaron que el recorte realizado en estas últimas constituye el 25% del ajuste en las cuentas nacionales.

En los primeros diez meses del año, los ingresos totales de la ANSES alcanzaron los $36,3 billones, mientras que los gastos totales ascendieron a $31,1 billones, según los datos disponibles. Esto dejó un superávit neto superior a los $5 billones, consolidando una gestión financiera positiva durante el período analizado.

De hecho, desde la fundación explicaron que, el superávit de $1,9 billones registrado por la Administración Pública Nacional (APN) se debe, en gran medida, por el excedente generado por la ANSES. Al analizar los datos de forma desagregada, indicaron que, al excluir los recursos y gastos de la ANSES, el resto de la APN mostraría un déficit superior a los $3 billones, reflejando un panorama financiero más ajustado en otras áreas de la administración.

Pese a este superávit, Éforo advierte que el Poder Ejecutivo no destinó estos recursos adicionales para fortalecer las políticas sociales o mejorar los ingresos de los beneficiarios del sistema previsional. Por el contrario, mencionaron que se tomaron las siguientes medidas: se suspendieron las transferencias a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación; se vetó la ley de movilidad jubilatoria que proponía mejoras en los haberes de los jubilados; y se ajustaron los criterios de acceso a las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y para las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

En este contexto, precisaron que distintas estimaciones sostienen que el recorte en jubilaciones y pensiones constituye el 25,3% del total del ajuste en las cuentas públicas nacionales.

De esta manera, destacaron también que la deuda acumulada de la Nación con las nueve cajas provinciales, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), alcanzó en julio de este año un total de $703.353 millones, cifra que equivale al 0,13% del PBI. Este monto refleja las obligaciones pendientes con los sistemas previsionales provinciales.

Con respecto a la ley de movilidad vetada, precisaron que habría implicado un gasto adicional en jubilaciones y pensiones equivalente al 0,44% del PBI. Este porcentaje se aproxima al monto del ahorro que actualmente registra la ANSES en sus cuentas financieras, destacando la magnitud del ajuste presupuestario derivado de la norma vetada.

Al respecto, plantearon que, si se realiza un el análisis de los últimos 15 años, se observa una consolidación de la tendencia a la reducción real de las jubilaciones, con una caída promedio de alrededor del 34% en los haberes liquidados bajo las últimas cinco gestiones del gobierno nacional. Esta disminución se aceleró en los últimos nueve meses, profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados.

El Sistema Previsional Nacional Argentino (SIPA) otorga aproximadamente 6,8 millones de beneficios, de los cuales cerca del 50% corresponden a jubilaciones mínimas, según los datos actuales. Además, el 91% de la población adulta cuenta con algún tipo de cobertura proporcionada por el SIPA, mientras que el 9% restante incluye a adultos mayores que aún trabajan, están desempleados o se desempeñan en la informalidad.

La Fundación realizó un recorrido por la evolución de los valores de las jubilaciones en este tiempo. En agosto de 2024, la jubilación mínima pagada por la gestión de La Libertad Avanza fue de $227.265, marcando un incremento del 4,8% respecto al valor de noviembre de 2023. Por el contrario, en febrero de 2024 se abonó el haber mínimo más bajo de los últimos 15 años, equivalente a $152.900 en valores constantes de agosto de 2024.

Actualmente, una jubilación mínima permite cubrir apenas una canasta básica total para un adulto mayor. De mantenerse la nueva movilidad jubilatoria,resaltaron que este será el poder adquisitivo real en el corto y mediano plazo para casi la mitad de los beneficiarios del SIPA que perciben este ingreso mínimo.

Entre 2016 y 2024, la relación entre la jubilación mínima y la canasta básica total (CBT) de un adulto mayor mostró una marcada tendencia descendente, reflejando una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

En abril de 2016, la jubilación mínima equivalía a 1,8 veces la CBT de un adulto mayor, lo que permitía a los jubilados cubrir sus necesidades básicas con holgura y mantenerse por encima de la línea de pobreza. Para febrero de 2024, esa relación cayó a 0,6. Durante ese mes, la jubilación mínima no llegó a cubrir la CBT, dejando a quienes perciben este ingreso por debajo de la línea de pobreza.

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