El Congreso convirtió en ley la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales con epicentro en el Hospital Garrahan. La norma, que regirá por un año, fue sancionada en el Senado con 62 votos a favor y 8 en contra, en una sesión cargada de tensiones dentro y fuera del recinto. La medida implica la asignación prioritaria de recursos, recomposición salarial para personal y residentes, y la exención del Impuesto a las Ganancias para quienes cumplen funciones críticas.

La sesión estuvo marcada por las protestas en inmediaciones del Congreso y por un fuerte debate político en el recinto. El Hospital Garrahan, considerado centro de referencia nacional en alta complejidad pediátrica, enfrenta desde hace meses reclamos de médicos y trabajadores por la falta de insumos, bajos salarios y condiciones laborales deterioradas.

La ley surge como respuesta a esta crisis, en un momento donde las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el sistema público de salud se intensificaron. La iniciativa fue aprobada en Diputados con amplio consenso semanas atrás, y en el Senado logró superar los dos tercios necesarios.

Los votos negativos provinieron en su mayoría del bloque de La Libertad Avanza —Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto— junto al formoseño Francisco Paoltroni y la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero. Entre las ausencias destacaron Alfredo De Angeli (PRO), Juan Carlos Romero (CF) y Claudia Abdala Ledesma (Frente Cívico por Santiago).

Contenido de la ley: asignación prioritaria de recursos y control legislativo

La norma establece que, por el plazo de un año, la salud pediátrica y las residencias nacionales en salud serán consideradas en emergencia sanitaria. Esto implica:

• Asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y equipamiento.
• Recomposición salarial para el personal de salud y residentes, tomando como piso los niveles reales de noviembre de 2023.
• Exención del Impuesto a las Ganancias para profesionales y trabajadores que realicen tareas críticas.
• Garantía del funcionamiento pleno del Hospital Garrahan, con partidas presupuestarias adicionales reasignadas por el Poder Ejecutivo.
• Creación de una comisión de seguimiento, integrada por el Ministerio de Salud, el Congreso, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, con la obligación de emitir informes públicos trimestrales sobre la implementación de la ley.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación, con facultades para reglamentar y reasignar partidas del ejercicio vigente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo estimado de la medida asciende a 65.000 millones de pesos entre julio y diciembre de 2025, y anualizado representaría unos 133.000 millones de pesos.

Fundamentos y posiciones políticas: apoyo transversal y críticas cruzadas

En el debate, la senadora Lucía Corpacci (UxP), miembro informante, defendió la ley como una respuesta a la “desatención presupuestaria” del Ejecutivo y al maltrato que sufren los trabajadores de la salud. “No hay senador que no pueda defender el trabajo de los médicos, enfermeras y personal del Garrahan”, sostuvo.

Otros senadores, como Luis Juez (PRO), apelaron a un discurso emocional: “Lo que necesita el Garrahan, se lo merece. Necesitamos darle a esa gente los instrumentos que nos siguen generando esperanza”.

Desde la oposición, la radical Carolina Losada criticó al kirchnerismo por “haber dejado un agujero fiscal” pero aclaró que votaría a favor de la emergencia por ser “una medida acotada a un año y focalizada en un hospital clave”.

En contraste, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) ratificó su rechazo, aunque pidió disculpas por sus polémicas declaraciones previas sobre el hospital. Para ella, la norma refleja una superposición de funciones entre Nación, provincias y municipios que encarece la prestación de salud.

El senador Martín Lousteau (UCR) cuestionó duramente al oficialismo libertario por “revelar su visión real sobre el sistema de salud”, aludiendo a expresiones de voceros oficiales que deslegitimaron a residentes y médicos.

La aprobación de la emergencia sanitaria en el Garrahan tendrá efectos inmediatos sobre el sistema de salud pública:

• Reforzará la atención pediátrica de alta complejidad, clave para derivaciones de todo el país: actualmente, unos 70.000 niños de distintas provincias se atienden en el hospital cada año.
• Recomposición salarial para residentes, un sector que en los últimos meses protagonizó fuertes reclamos laborales por precarización.
• Alivio fiscal para el personal de salud, al quedar exento del Impuesto a las Ganancias.
• Mayor control legislativo y social sobre la gestión presupuestaria, gracias a la comisión de seguimiento y a la publicación de informes trimestrales.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre la viabilidad fiscal de la norma en el actual contexto de ajuste y sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, con facultad de veto, rechace su aplicación total o parcial.

La sanción de la ley representa un test político relevante: mientras la administración Milei promueve un severo ajuste del gasto, el Congreso avanzó en una medida que implica destinar más recursos a un sector crítico. El Gobierno podría optar por vetar total o parcialmente la ley, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con la oposición, los gremios de la salud y la sociedad civil.

La atención está puesta ahora en la reglamentación del Ministerio de Salud y en el primer informe trimestral de la comisión de seguimiento, que permitirá medir el cumplimiento efectivo de la emergencia.