Un informe del Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) plantea que durante la última década, en siete años las jubilaciones perdieron contra la inflación. Tan sólo en tres, los haberes lograron recuperar capacidad de compra.

“En los diez años que van de 2014 a 2023, en 7 ocasiones la inflación superó a la movilidad, y por ende el haber real cayó. Desde 2014, cada vez que la inflación aceleró y el PBI bajó, el haber jubilatorio cayó, salvo en 2022”, señala el IERAL en su último Informe de Coyuntura.

Durante ese período hubo dos maneras de ajustar los beneficios jubilatorios: uno fue por la combinación de aumentos salariales y recaudación pasados y la otra por combinación de inflación con aumentos salariales.

Expertos coinciden que el primero es procíclico ya que en momentos de crecimiento económico suben los salarios y sube la recaudación y genera supuestamente una mejora en los ingresos, siempre que vaya por encima de los precios. Por el contrario, en momentos de caída de la actividad profundiza las pérdidas de poder adquisitivo. La segunda, al tener en cuenta la inflación, tiende a matizar los picos y valles propios de la actividad económica.

“Se observa que a partir de 2018 los haberes jubilatorios reales tendieron a perder poder adquisitivo con mayor frecuencia, generalmente coincidiendo con caídas del PBI y aceleraciones de la inflación”, señala el estudio del IERAL

El mismo sostiene que “en este contexto recesivo e inflacionario (estanflación), resultó común que los incrementos en los haberes no lograran equiparar el alza de precios, provocando una merma en los ingresos reales de los jubilados”.

Los haberes previsionales sin compensación de bonos bajaron 5% real en 2014; 3%, en 2017; 13% en 2018; 2% en 2019; 1% en 2020; 11% en 2022 y 32% en 2023. En cambio, la ganaron a la inflación en 2015, con el 3% real; 2017, 3% y 2021, 1%.

El IERAL señala que los resultados negativos de la movilidad que se dieron en tales años se explican por dos motivos: en primer lugar, las variables utilizadas en la fórmula de movilidad, como salarios y recaudación, aumentaron menos que la inflación, provocando caídas reales en los haberes, pese a los ajustes.

Luego, los rezagos con que se aplica la movilidad, actualizando los haberes con datos de inflación, salarios o recaudación pasada y menores a los valores actuales, agravaron el deterioro.

Por el contrario, cuando la inflación se desacelera y mejora el PBI, las fórmulas de movilidad usadas en el pasado han tendido a generar mejoras en los haberes reales, porque en estos casos los salarios y la recaudación tienden a ganarle a la inflación.

En los primeros dos meses del año el gobierno licuó drásticamente las jubilaciones en casi un 40%. Con ello el peso del gasto en el PBI se ubicó por debajo del 5%. En la gestión de Alberto Fernandez concluyó en un nivel del 7%. El récord reciente fue en 2017 con un 9% del PBI.

Algunos analistas suponen que el gobierno de Javier Milei presente ubicar al gasto previsional en los niveles que tenía en los años 90’, que era del 5% del PBI. Pero el problema es que ahora hay el doble de personas cobrando.

Sergio Chouza, de Consultora Sarandí, estima que desde los 3,6 millones de jubilados y pensionados (contributivos y no contributivos) entre 2001 y 2005 se sumaron casi 4 millones de prestaciones al año 2014 y casi 5 millones al momento actual, producto de las moratorias.

Chouza tiene una mirada positiva sobre la inclusión de beneficiarios sin aportes al reivindicar “la vocación redistributiva de los sucesivos gobiernos que, con sus más y con sus menos, sostuvieron las políticas de transferencia de ingresos para compensar mínimamente a quienes se caían del sistema”.

“Uno de los primeros mojones fue el fortalecimiento de la política previsional, a través de las sucesivas moratorias que implicaron un significativo salto en la cantidad de beneficiarios de la cobertura de seguridad social”, señala.

Más de un economista ha planteado dudas sobre esta afirmación. Ya que también se puede concluir que ante la evidente licuación de los haberes, las moratorias habrían servido más para extender la pobreza a los 3,6 millones de jubilados con aportes, antes que haber sacado de la misma a los que entraron por mecanismos alternativos.

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