“Hoy a tres meses, cerramos nuestro primer trimestre… Vemos en el centro de Posadas muchos comercios que han bajado sus persianas. La baja de socios es de un quince por ciento y de ese quince, el 90 por ciento es por cierre definitivo”. La frase del presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, Manuel Amores, grafica el “estado de emergencia” declarado por la entidad por la inédita caída de ventas, que llega en algunos casos al 75 por ciento. Hubo otras tantas crisis. Ninguna tan acelerada. Tres meses. Noventa días que muestran el impacto de las políticas tomadas por el Gobierno nacional, que combinan ajuste, recesión y una inflación que ya llegó al 36,6 por ciento en los primeros dos meses y que amenaza con un dato de marzo que no será amistoso. La Cámara que nuclea a comercios e industrias de Posadas, acusó el golpe combinado de quita de subsidios -que aumentó exponencialmente las facturas de energía eléctrica-, desregulación de alquileres y paritarias que contrasta con las ventas en caída libre. 

Según el detalle de la CCIP, la pérdida de ventas en unidades, en el sector alimenticio, es de entre el 25 y 35 por ciento, en la vestimenta, las ventas cayeron 50 por ciento y en la línea blanca, de electrodomésticos, muebles y maderas, la caída es del 60 al 75 por ciento. Los indicadores son similares a los de la Confederación Económica de Misiones, con datos de toda la provincia. El turismo comercial casi ha desaparecido por la suba de los precios, particularmente de los combustibles y las ciudades que disfrutaban de un boom de ventas, ahora ven como del otro lado de las extensas fronteras, hay mejores ofertas. En Bernardo de Irigoyen ya no se ven brasileños de compras, sino que los argentinos son los que cruzan al otro lado para comprar al contado o al fiado, con la confianza que da la frontera cercana. 

“Lo más preocupante es que en algunos rubros no hemos tocado el piso. Suben todos los costos y las ventas están en caída libre”, insistió Amores. “En carne, estamos como en 2001”, comparó Amores. No es una dramatización. En enero la caída de ventas en supermercados de Misiones, a precios constantes fue del  26,7%, la baja más fuerte de toda la serie histórica del INDEC. 

En apenas tres meses, la economía familiar se parece a la de aquel año aciago, que terminó en la salida del fugaz De la Rúa. “No sé qué más ajustar para llegar a fin de mes”, es una frase con la que está de acuerdo el 69 por ciento de los consultados en el último estudio de la consultora Zuban & Córdoba. La confirmación se extiende al 76,5 por ciento entre quienes tienen más de 60 años.

Como un bucle, aquel año fue el último de la década desregulada, escenario que vuelve a enfrentar la producción yerbatera. Después de 22 años el mercado quedó otra vez librado a las fuerzas del mercado, como consecuencia del DNU firmado por el presidente Javier Milei a mediados de diciembre. 

A pesar de la queja judicial de Misiones y la resistencia del sector productivo, la industria y la provincia de Corrientes se aferraron a la letra del decreto presidencial para desconocer las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate de fijar precios y eventualmente tomar decisiones que regulen el mercado. Forzaron, con su repetitiva ausencia, el fracaso de la sesión de precios. Los demás directores desistieron de intentar un laudo de Nación, a sabiendas de que, con seguridad, la respuesta tampoco iba a ser positiva. 

Milei hizo realidad un viejo anhelo de Mauricio Macri, que el ex presidente no pudo concretar en 2018, cuando vino a Misiones y dijo que “ningún mercado funciona regulado”. 

Veintidós años después, el mercado yerbatero volvió a quedar desprotegido, como durante la larga década de los 90, que dejó como saldo a productores en la miseria y un éxodo inédito desde las chacras empobrecidas. 

El último precio oficial vigente fue de 250 pesos por kilo de hoja verde, mientras que el mercado está pagando entre 370 y 380 pesos. Para cubrir la suba de costos -combustible, salarios y energía- el objetivo del sector productivo era comenzar la zafra de abril con 505 pesos por la hoja verde, algo que la industria nunca estuvo ni cerca de admitir. Ahora el precio fluirá de acuerdo a la demanda -el INYM mostrará mes a mes un precio de “referencia”, pero sin peso legal-, con el agregado de que la industria puede importar yerba desde Paraguay y Brasil si encuentra precios más bajos por la materia prima. Los importadores gozarán además de beneficios fiscales, lo que hace a “la competencia”, muy desigual. 

Para entender el nuevo escenario vale repasar el que comenzó a gestarse en 1991 cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, también por un megadecreto, suprimió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. Durante los 90 el precio de la yerba se desplomó: el kilo de hoja verde cayó de $0,20 en 1991 a 0,06 pesos convertibles uno a uno. El precio en góndola, en cambio, se mantuvo casi constante.

Esos 14 centavos de dólar perdidos por la producción primaria por una cosecha promedio de 700 millones de kilos por 10 años, permite visualizar la enorme transferencia de ingresos de la producción hacia la  industria, comercios e impuestos: casi 1.000 u$s millones en una década. 

En contraste, durante 2022, con un mercado “regulado”, la yerba tuvo el consumo interno más alto de los últimos cinco años y el mejor nivel de exportaciones desde 2020, el año récord. La materia prima se pagaba por encima de los precios oficiales y el objetivo era insistir en los 60 centavos de dólar, ya que el precio en pesos se acercó bastante hasta la devaluación de diciembre. La licuación del precio oficial, hoy en 250 pesos, es evidente: con un dólar a 854 pesos, el precio de la materia prima se desplomó a 0,29 centavos de dólar. Sin la facultad de fijar precios, será muy complejo recuperar ese punto de equilibrio. Al no haber regulación, también es una incógnita saber qué pasará con la cantidad de producción. El “viejo INYM” pretendió poner límites a las plantaciones. Ahora algunos productores que vieron con simpatía la llegada de Milei al poder, admiten que “vamos camino a la superproducción”. Algunos estiman que se irá a los mil millones de kilos -más importaciones-, lo que provocará una depresión aún más acentuada de los precios. Es la misma proyección que hace dos años motivó la resolución 170 del INYM, cuestionada en la Justicia por las industrias más poderosas. El 2023 cerró con una cosecha de 774 millones.

Ambos escenarios, el comercial y el yerbatero, fueron parte del debate preelectoral. Y podía anticiparse con certeza el futuro inmediato. Pero recién ahora muchos de quienes simpatizaban con la motosierra, comienzan a tomar dimensión de las consecuencias de haberla encendido. La casta no eran los otros. Los primeros cien días de Milei mostraron la amplitud del ajuste que lejos está de estar completo. El Presidente avanza blandiendo una motosierra que arrasa con todo sin contemplaciones ni atender reparos, incluso los de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que, en la primera entrevista concedida desde que asumió, no dudó en diferenciarse en cada una de las decisiones. La presidenta del Senado cuestionó la “motosierra a lo Freddy Krueger” y deslizó que la puja de poder es con La Jefa: “Somos las dos bravas y cuidamos a Javier, él es el jamoncito”, disparó. Sutileza que no oculta el ninguneo. 

Lejos de las inquinas de Palacio, la Provincia se esfuerza en soportar el ajuste indiscriminado impuesto por Milei, que tiene a su favor no haber mentido en sus intenciones. 

La poda de las transferencias no automáticas en el primer bimestre fue del 98 por ciento. Son cuatro mil millones menos. Se bloqueó el financiamiento de la obra pública, lo que pone en peligro cerca de cinco mil empleos. 

Con el corsé financiero, Nación agranda una deuda de Anses que supera los 70 mil millones y Misiones también reclama más de 60 mil millones en regalías por las represas de Yacyretá y Salto Grande. 

Solo entre noviembre y diciembre, la deuda por el Fonid fue de más de tres mil millones -ahora la Provincia creó un fondo propio-, pero la deuda es todo el segundo semestre del año pasado. El Gobierno de Milei también eliminó los subsidios para el transporte público, lo que se tradujo en un aumento inevitable del boleto. 

En suma, más de 200 mil millones de pesos que la Nación ajustó a Misiones y que estarían en la calle, alimentando el consumo. 

El Gobierno provincial está siguiendo de cerca la evolución de los distintos indicadores que muestran un inédito -por la velocidad- deterioro. La decisión es sostener las políticas de incentivo al consumo y cuidar la producción, además de sostener subsidios para el transporte. El gobernador Hugo Passalacqua anunció la extensión de los programas Ahora, con una mejora sensible en los montos financiables y los topes de reintegros. La CEM había pedido la vuelta de las doce cuotas, pero por ahora serán seis, aunque seguramente, podrán renovarse en junio. 

Mientras la realidad se descompone, la oposición misionera navega en la virtualidad, como un relator sin compromiso cuya única intención parece ser captar la atención libertaria para acceder a una porción del poder central. El partido de los mil votos, el radicalismo, funge de crítico rabioso dentro de la provincia, pero, sin liderazgos claros, aplaude sumiso el avance libertario en Nación. El camaleónico diputado Martín Arjol, antes macrista ahora prolibertario, se muestra díscolo e independiente de la posición de Martín Lousteau, el presidente del partido radical, que rechazó la ley ÓMnibus de Milei en la Cámara baja. Del otro lado, el veterano Ricardo Barrios Arrechea le marcó la cancha con su firma en respaldo a Lousteau y en “defensa de la Constitución”. 

Pese al esfuerzo para llamar la atención libertaria, el radicalismo no logra salir del rol secundario asignado en la alianza Cambiemos. En cambio, en silencio y sin tanta exposición, el puertismo sí conquista espacios en las fuerzas del cielo: Florencia Klipauka se pasó al bloque de la Libertad Avanza y fue bendecida por el propio Presidente. Pedro Puerta hará lo mismo en la Legislatura misionera, blanqueando, en la práctica, la simbiosis entre las huestes macristas y Milei.

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