Pidieron incorporar el informe del FMI a la causa penal contra Macri y sus funcionarios
Según la fiscalía su contenido “podría resultar de interés para la presente investigación”, donde se acusa al expresidente por “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
Según la fiscalía su contenido “podría resultar de interés para la presente investigación”, donde se acusa al expresidente por “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
El fiscal federal Franco Picardi pidió este jueves que se incorpore el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el multimillonario crédito otorgado al Gobierno de Mauricio Macri como prueba en la causa penal que investiga si funcionarios de esa administraciòn cometieron delitos.
Picardi concretó el pedido ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del caso, informaron fuentes judiciales.
La fiscalía requirió a la magistrada que pida copia del informe al Ministerio de Economía de la Nación porque su contenido “podría resultar de interés para la presente investigación dado el marco fáctico desarrollado en el requerimiento de instrucción y su respectiva ampliación”.
En la pesquisa se investiga a Macri y a exfuncionarios por presunta “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
Picardi detalló que el FMI “elaboró un informe sobre el Acuerdo Stand By suscripto con la República Argentina en 2018” y remarcó que su contenido podría ser de “interés” en la pesquisa.
Sobre el informe
El miércoles, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó que “la estrategia y la condicionalidad” del Acuerdo Stand By de 2018 del organismo con la Argentina “no eran lo suficientemente sólidas” y, aunque consideró que era “consistente” con las políticas y procedimientos del mismo, “la aplicación de algunas de estas políticas implicaba un juicio considerable”.
En su evaluación del programa de Stand By de 2018 con la Argentina, los directores del FMI, consideraron que “la estrategia y la condicionalidad (…) no eran lo suficientemente sólidas para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de la Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un pequeño sector financiero interno y una base exportadora estrecha”.
Tras recordar que la Junta Ejecutiva del organismo aprobó en junio de 2018, el “acuerdo de reserva más grande en la historia del Fondo”, el informe concluyó que “se cumplieron las políticas y los procedimientos pertinentes del Fondo, incluidos los relacionados con la financiación, las salvaguardias y el diseño de programas”.
Sin embargo, aclaró que el “programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas”.
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