La prestación por desempleo creció 29,4% en 2026 y la industria concentra la mayor cantidad de altas
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La cantidad de trabajadores que accedieron a la Prestación por Desempleo aumentó 29,4% entre enero y septiembre de 2026 respecto del mismo período del año anterior. En esos nueve meses, 145.004 empleados registrados despedidos sin justa causa comenzaron a percibir el beneficio, con una mayor concentración de casos en la industria, el comercio y la construcción. Al mismo tiempo, el haber promedio avanzó por debajo de la inflación interanual, lo que redujo su capacidad para amortiguar la pérdida de ingresos de los hogares afectados.
Los datos oficiales muestran que las nuevas altas pasaron de 112.056 en los primeros nueve meses de 2025 a 145.004 en igual período de 2026. La diferencia equivale a 32.948 prestaciones adicionales y refleja una mayor demanda de la cobertura destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal bajo las condiciones previstas por la normativa.
La industria encabezó los registros, con 35.922 altas, seguida por el comercio, con 32.928, y la construcción, con 21.663. En conjunto, los tres sectores concentraron 90.513 incorporaciones al sistema, cerca del 62,4% del total acumulado en los primeros nueve meses del año. La distribución permite identificar dónde se concentró la demanda de asistencia, aunque por sí sola no determina las causas particulares de cada desvinculación ni permite medir el total de empleos perdidos en la economía.
El haber promedio perdió frente a la inflación
En septiembre, 127.613 personas percibieron la prestación, una vez consideradas las altas y las bajas vinculadas con la reincorporación laboral o el agotamiento del beneficio. El monto promedio cobrado fue de $325.368, frente a los $274.324 registrados un año antes. La suba interanual alcanzó el 18,7%, por debajo de la inflación del 33,4% informada para el mismo período.
La brecha entre ambas variaciones plantea un desafío para la función económica y social del seguro: sostener parte de los ingresos durante la transición entre empleos, en un escenario en el que los gastos cotidianos pueden avanzar más rápido que la asistencia recibida. La prestación ofrece una cobertura temporal, pero su alcance efectivo depende tanto del monto percibido como de la duración del desempleo y de las posibilidades de reingresar al mercado laboral.
En septiembre, el registro estuvo integrado por 86.288 varones y 41.325 mujeres. Desde el punto de vista territorial, la provincia de Buenos Aires concentró 54.936 beneficiarios. Le siguieron Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9.029.
La evolución de las altas desde 2022
La cantidad de nuevas prestaciones acumuladas durante los primeros nueve meses de 2026 se inscribe en una tendencia de registros elevados respecto de los años anteriores consignados en los datos. Durante 2024 se contabilizaron 174.335 altas y en 2025, otras 153.847. Hasta septiembre de 2026 se sumaron 145.004.
Al considerar el período desde el inicio de la administración de Javier Milei hasta septiembre de 2026, el acumulado informado asciende a 473.186 altas: 174.335 en 2024, 153.847 en 2025 y 145.004 en los primeros nueve meses de 2026. Como referencia, en 2023 se habían registrado 108.942 altas y en 2022, 86.268.
La comparación requiere tener en cuenta que el dato de 2026 corresponde a nueve meses, mientras que las cifras de 2024 y 2025 abarcan años completos. Por eso, el acumulado permite dimensionar el volumen de incorporaciones, pero no constituye por sí solo una comparación anual homogénea ni una medida directa de la evolución total del empleo registrado.
Quiénes pueden acceder y cuánto dura la cobertura
La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia alcanzados por la Ley 24.013 que hayan perdido su empleo por despido sin justa causa, finalización del contrato u otras causas contempladas por la normativa. Para acceder, se requiere acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la desvinculación.
En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, las condiciones específicas contemplan haber trabajado menos de 12 meses durante los tres años previos y más de 90 días en el último año, de acuerdo con los requisitos establecidos para estas modalidades.
La duración general del beneficio puede alcanzar los 12 meses. Para las personas mayores de 45 años se prevén seis meses adicionales. El esquema de pago es decreciente: se cobra el 100% del monto correspondiente durante los primeros cuatro meses, el 80% entre el quinto y el octavo, y el 70% entre el noveno y el duodécimo mes.
Durante el período de cobertura, los beneficiarios mantienen la obra social, las asignaciones familiares y el cómputo del tiempo para la antigüedad jubilatoria. Estos componentes amplían la protección más allá del ingreso monetario y resultan relevantes para los hogares que atraviesan una interrupción del empleo formal.
El alcance del beneficio y el desafío de la reinserción laboral
El diseño de la prestación combina una asistencia temporal con la continuidad de determinadas coberturas sociales. Sin embargo, la evolución de los montos muestra una tensión entre el objetivo de sostener ingresos y la pérdida de poder adquisitivo cuando la actualización queda por debajo de la inflación.
En 2023, el Consejo del Salario Mínimo estableció que la prestación debía equivaler al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los seis meses anteriores al despido. No obstante, la resolución fijó un piso equivalente al 50% y un tope del 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.
En este contexto, el aumento de las altas vuelve relevante el seguimiento de dos dimensiones complementarias: la capacidad de la prestación para cubrir necesidades básicas durante el desempleo y las condiciones para facilitar la reinserción laboral. La evolución sectorial de las altas, la recuperación de puestos registrados y el poder adquisitivo del beneficio son indicadores centrales para evaluar el alcance de la protección social y la dinámica del mercado de trabajo.
Los datos disponibles muestran una mayor cantidad de trabajadores que ingresaron al sistema y una prestación promedio que creció por debajo de la inflación. La respuesta al problema no depende únicamente de la cobertura transitoria: también requiere observar la generación de empleo formal, la demanda laboral en los sectores más afectados y las oportunidades de capacitación y reinserción para quienes perdieron su fuente de ingresos.
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