El gobierno nacional intentó en varias oportunidades aprobar la ley de Semillas. Hasta ahora no contó con la oposición y ante el nuevo escenario político, será más difícil aún encontrar consensos. Pero, el pasado jueves el presidente Mauricio Macri intentó sacar la ley por decreto. 

“El Gobierno trata de sacar la ley para negociar con un sector agrario. La discusión pasaría a ser de política a económica, si saliera el decreto”, interpreta Sebastián Oriozabala subsecretario de Planificación Rural del ministerio del Agro de Misiones. Y al parecer, fue parte de una negociación política, ya que el decreto fue desactivado apenas un día después del anuncio. 

En diciembre de este año, la ley pierde estado parlamentario y eso aliviaría la discusión. 

Pero ¿de qué se trata esta ley y cómo afectaría a los colonos misioneros? 

Se trata de reformar una ley de 1973. Hay varios proyectos en danza, pero Cambiemos impulsó uno que inclina la balanza hacia los grandes laboratorios de agrobiotecnología. 

“Hasta ahora la discusión la dan en la Pampa húmeda, los productores de oleaginosas. Pero esta ley afecta sobre todo a las economías regionales. Afecta todas las semillas, desde las de zapallo hasta las de eucalipto”, señala Oriozabala. 

“Es una ley muy conflictiva. A Misiones y a las economías regionales no nos beneficia en nada”, insiste el joven funcionario. 

“El desarrollo de la agrobiotecnologia, la investigación genética lleva que necesitemos una nueva ley. El punto de discusión, es qué intereses representa. Debemos lograr una ley que responda a la mayoría de los sectores. 

En principio el gran tema, es que la mayoría de las economías regionales están fuera de la discusión”, planteó el funcionario misionero. 

La discusión se está dando entre los grandes productores de soja y maíz. Cooperativas, asociaciones, pymes y los laboratorios como Bayer, Shell y otros. “Por ahora es una ley que representa intereses de los laboratorios”. 

Dos cuestiones atentan contra los productores: “Dejarán de tener disponibilidad de las semillas que salen de su producción. Luego de cada cosecha, el productor guarda semillas, eso no podrá hacerlo con esta nueva ley”, señaló el subsecretario. El problema es para la semillas híbridas, y no para las transgénicas ya que estas últimas implican un paquete tecnológico que no tiene discusión: pertenecen a determinado laboratorio y se compra con insumos. 

“No podes sacar tu propia semilla, no podes volver a plantar. Lo que dice la ley es que no podes usar esa semilla de tu producción, tenes que pagar un canon”, pero la ley todavía no salió y esta cuestión es una de las claves de por qué genera conflicto. 

Pero a los misioneros, esta cuestión viene en segundo lugar. Lo más perjudicial de esa ley sería el planteo de “propiedad intelectual”. 

“Argentina no tiene reglamentado ningún sistema de patentes. Entonces el problema sería con las semillas, nativas o criollas”, indica Oriozabala. 

“Si viene Monsanto a Misiones y estudia un maíz que le parece tiene buena adaptación, la patenta y de ahí en más le pertenece. Aunque la vengan usando hace siglos los aborígenes o los productores”, explicó.  

La semilla pasa a ser propiedad de una empresa, aunque haya sido usada por generaciones o sea natural de un lugar. De ahí en más, el productor debería comprar esa semilla a la empresa, cada vez que quiera plantar. Y ahí se vuelve sobre el primer conflicto: tampoco se podría usar la semilla de una cosecha propia. 

“El problema es que una cooperativa en Misiones, o una asociación de productores no tiene recursos para instalar un laboratorio genético, estudiar y patentar una semilla”. No puede competir con Bayern, Shell o Monsanto. 

En Misiones, el sector que más riesgos corre con esta ley es el forestal. Pero en realidad todas las producciones corren el riesgo, puesto que todo nace de una semilla. 

Con esta ley “podés utilizar cualquier semilla en tanto y en cuanto una empresa no la registre. Si la empresa la patenta, aunque sea natural de un lugar, hay que pagarle un canon a esa compañía”.

Repetimos, la ley no se aprobó. Pero está buscando salir de alguna manera. La pelea la están dando los cerealeros del centro del país. Pero el problema es para todos. 

“Es una cuestión de quién tiene el derecho a disponer o no de algo que viene de la naturaleza”. Oriozabala insistió con un ejemplo: la cooperativa de San Ignacio produce una variedad de maíces, si en algún momento Monsanto prueba que la variedad ‘mato groso’ se adapta a ciertas condiciones, la patenta y ya nadie puede producir con esa semilla sin pagarle a esa corporación; ni siquiera la cooperativa que la viene reproduciendo hace años. “El dueño es el laboratorio, no la comunidad que la venía usando”.

“Lo que se negocia es eso: se discute quién es el dueño de la semilla”, sentencia.

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