Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, el Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026, el primer plan integral de gastos y recursos aprobado desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. La sanción se logró tras casi ocho horas de debate y con el acompañamiento de bloques provinciales, la UCR, el PRO y tres senadores peronistas, en una votación que también ratificó el controvertido artículo 30, referido al financiamiento de educación, ciencia y defensa.

La aprobación de la denominada “ley de leyes” constituye un hito político e institucional para el Gobierno, que hasta ahora había administrado el Estado nacional con la prórroga del Presupuesto 2023. Además, envía una señal clave a los mercados y a los organismos internacionales, en especial al Fondo Monetario Internacional, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y compromiso explícito con el déficit cero.

Una votación ajustada y el eje del conflicto en el artículo 30

La sesión comenzó con la aprobación en general del proyecto y avanzó luego a la votación en particular, iniciada a las 21.12. El foco estuvo puesto en el Capítulo II, que incluía el artículo 30, resistido por el interbloque peronista/kirchnerista y por un sector del radicalismo. Ese artículo deroga disposiciones legales que fijaban metas de financiamiento del 6% del PBI para educación, del 1% del PBI para el sistema nacional de ciencia y tecnología y del 0,2% del gasto del sector público para escuelas técnicas.

Pese a los cuestionamientos reglamentarios y políticos, el oficialismo logró sostener la votación por capítulos —tal como se había definido al inicio de la sesión— y consiguió aprobar el capítulo con 42 votos positivos. Los apoyos provinieron de La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría de la UCR y bloques provinciales. En contra votaron 28 senadores, entre ellos el grueso del peronismo y tres radicales: Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Hubo dos abstenciones en ese tramo.

Durante el debate, el chaqueño Jorge Capitanich denunció una “violación sistemática del reglamento” y cuestionó que el Presupuesto “viola la Constitución Nacional”. En la misma línea, Anabel Fernández Sagasti planteó una cuestión de privilegio y sostuvo que el artículo 30 “es una declaración contra la educación pública”.

Desde el radicalismo, Abad valoró la sanción del Presupuesto como un fortalecimiento institucional, pero advirtió que “bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento tengan que ver con el desarrollo”, y calificó al artículo 30 como un “artículo escoba” que “barre los pisos de la educación y la ciencia”.

El rol de las negociaciones y el armado político del oficialismo

La Libertad Avanza logró el respaldo necesario tras intensas negociaciones previas y durante la propia sesión. El Gobierno buscó evitar modificaciones para impedir que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados. En ese esquema, tuvieron un rol activo los interlocutores del Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, presente en el Congreso, y la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien fue clave en el conteo de votos.

El apoyo de tres senadores del bloque Convicción Federal resultó determinante. Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) votaron a favor en general y en los capítulos, diferenciándose del interbloque peronista que conduce José Mayans. Ese quiebre reflejó también la influencia de los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo en la estrategia parlamentaria.

Para la Casa Rosada, la sanción del Presupuesto representa un triunfo político luego de un año electoral en el que la oposición había marcado la agenda legislativa. También corrige una anomalía institucional: gobernar durante dos años sin un Presupuesto aprobado por el Congreso.

Las principales cifras del Presupuesto 2026

El Presupuesto aprobado se apoya en un escenario macroeconómico de estabilidad. Proyecta para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar en diciembre del año próximo.

El plan prevé recursos por 148,2 billones de pesos y un gasto total de 148 billones, con un superávit financiero estimado en 1,5% y un superávit primario de 2,7 billones de pesos. Según el texto, el 92% del gasto tiene alta rigidez y el 82% de las partidas no son modificables.

El 85% de los recursos se destina a gastos sociales. Dentro de ese total, se asignan 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las universidades nacionales. En materia de actividad económica, se proyecta un aumento del 10,6% en exportaciones, del 11,1% en importaciones, del 4,9% en el consumo privado y del 4,5% en el consumo público.

Un debate que expuso modelos de país en tensión

Como miembro informante, el senador jujeño Ezequiel Atauche (LLA) sostuvo que el Presupuesto busca “sancionar una regla fiscal simple que no se había cumplido en los últimos 13 años” y afirmó que el déficit cero es la base para “generar confianza interna y externa”. Remarcó que se trata de un “punto de quiebre” histórico al tratarse de un Presupuesto sin déficit.

Desde la oposición, Eduardo “Wado” de Pedro calificó al artículo 30 como “una vergüenza” y aseguró que desde la asunción del actual Gobierno “la educación perdió 45 puntos reales”. También cuestionó la eliminación de metas de inversión en ciencia y tecnología y advirtió sobre el impacto en más de 1,9 millones de estudiantes de escuelas técnicas.

En el cierre del debate, Patricia Bullrich afirmó que el Presupuesto “no es solo una herramienta económica, sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”. Subrayó que “el déficit cero no se negocia” y lo definió como “la línea roja que separa el futuro del desastre”.

Repercusiones políticas e institucionales

La sanción del Presupuesto 2026 consolida la estrategia fiscal del Gobierno y redefine el marco de discusión para 2026. Mientras el oficialismo celebra la previsibilidad y el orden macroeconómico, la oposición anticipa un fuerte debate sobre el impacto social del ajuste, especialmente en educación, ciencia y políticas públicas de largo plazo.

Con la ley ya sancionada, el Ejecutivo cuenta por primera vez con una hoja de ruta presupuestaria propia, un dato central para la gobernabilidad y para la relación con provincias, inversores y organismos internacionales.