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Rige ley que amplía a las empresas estatales el control del Tribunal de Cuentas de Misiones

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Misiones incorporó un nuevo mecanismo de control sobre la administración de los recursos públicos. A partir del 1° de enero de 2027, el Tribunal de Cuentas tendrá expresamente reconocida la competencia para fiscalizar a las empresas y sociedades en las que el Estado provincial o los municipios tengan participación mayoritaria, tanto en el capital como en la toma de decisiones societarias.

La modificación quedó establecida mediante la Ley I – Nº 182, sancionada por la Cámara de Representantes el 29 de octubre de 2026 y promulgada por el gobernador Hugo Passalacqua a través del Decreto Nº 2316, firmado el 17 de noviembre junto al ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori.

La reforma incorpora un segundo párrafo al artículo 2 de la Ley I – Nº 3, Orgánica del Tribunal de Cuentas, y amplía expresamente el alcance de sus atribuciones de fiscalización sobre las estructuras empresariales del sector público.

Hasta ahora, el artículo establecía como competencia del organismo examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas de la Provincia, los municipios y las entidades autárquicas, con un plazo de un año desde su presentación para aprobarlas o desaprobarlas.

La nueva redacción mantiene esa función y agrega un régimen específico de fiscalización sobre las empresas con participación estatal mayoritaria.

Qué empresas estarán alcanzadas por el nuevo régimen

La ley establece que el Tribunal de Cuentas podrá ejercer la fiscalización sobre distintas figuras jurídicas utilizadas por el Estado para desarrollar actividades empresariales.

El alcance comprende:

  • Empresas y sociedades del Estado provincial y municipal.
  • Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
  • Sociedades de economía mixta.
  • Otras entidades empresariales en las que el Estado provincial o municipal tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

La disposición resulta relevante porque incorpora expresamente al ámbito de fiscalización del Tribunal de Cuentas estructuras empresariales que, aunque cuentan con participación pública, pueden funcionar bajo figuras jurídicas propias del derecho comercial.

De esta manera, la competencia de control no queda limitada a los organismos tradicionales de la administración pública, sino que alcanza también a las sociedades empresariales comprendidas en los criterios establecidos por la norma.

Control de fondos públicos, sin intervenir en la gestión empresarial

Uno de los aspectos centrales de la reforma es la delimitación de las facultades del Tribunal de Cuentas.

La ley determina que la fiscalización debe circunscribirse al control externo de los fondos públicos provinciales, sin sustituir ni interferir en las atribuciones de los órganos de administración, gobierno o fiscalización de las sociedades.

Esto significa que la nueva competencia no habilita al Tribunal a reemplazar a los directorios, intervenir en las decisiones comerciales o asumir funciones propias de los organismos societarios.

La norma también establece que el control deberá ejercerse respetando el régimen federal vigente en materia societaria y comercial.

Esta precisión busca delimitar las competencias del organismo provincial frente a las disposiciones nacionales que regulan el funcionamiento de las sociedades comerciales.

En términos institucionales, la reforma distingue entre la gestión empresarial, que continúa bajo responsabilidad de los órganos correspondientes, y la fiscalización externa de los recursos públicos, que queda comprendida dentro de las atribuciones del Tribunal de Cuentas.

Informes anuales a la Legislatura

La modificación introduce además una obligación específica de rendición institucional.

El artículo 2 de la Ley I – Nº 182 establece que los resultados de la fiscalización de las empresas y sociedades estatales deberán remitirse anualmente a la Cámara de Representantes de Misiones.

La disposición incorpora así una instancia periódica de información legislativa sobre el control externo de los fondos públicos administrados por las entidades empresariales alcanzadas.

Este mecanismo permitirá que la Legislatura reciba los resultados de las fiscalizaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, aunque la ley no establece en su texto nuevas obligaciones de publicación de esos informes ni precisa un calendario específico para su remisión.

Tampoco modifica expresamente las competencias de administración de las empresas ni establece un régimen de autorización previa de sus decisiones comerciales.

Una reforma que comenzará a regir en enero de 2027

La entrada en vigencia de la nueva legislación fue fijada para el 1° de enero de 2027, por lo que el nuevo esquema de fiscalización comenzará a aplicarse durante el próximo ejercicio.

La reforma adquiere importancia en un escenario en el que las empresas públicas y las sociedades con participación estatal cumplen funciones vinculadas a la prestación de servicios, la infraestructura y distintas actividades económicas.

El cambio normativo establece una competencia expresa de fiscalización externa y una obligación anual de informar sus resultados al Poder Legislativo.

Su implementación efectiva dependerá de los procedimientos que adopte el Tribunal de Cuentas para ejercer estas atribuciones, dentro de los límites establecidos por la legislación provincial y el régimen societario nacional.

Con esta modificación, Misiones incorpora a su legislación un esquema específico de control externo sobre las empresas estatales y de participación pública mayoritaria, con una instancia de rendición anual ante la Cámara de Representantes.

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