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Milei modificó el Presupuesto 2026, amplió en $78,7 billones la autorización de deuda y reforzó partidas previsionales

El Poder Ejecutivo nacional dispuso una nueva modificación del Presupuesto 2026 mediante un decreto de necesidad y urgencia que incrementa en $78,7 billones el monto autorizado para operaciones de crédito público con plazos mínimos de amortización de 90 días. La medida también contempla refuerzos para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, discapacidad y funcionamiento de organismos estatales, además de incorporar nuevas garantías para financiamiento provincial y recursos para cancelar sentencias previsionales.

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El Decreto 1391/2026, fechada el 18 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial el 19 de noviembre de 2026, modifica la distribución de créditos y recursos de distintas jurisdicciones de la Administración Pública Nacional. El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de atender obligaciones vigentes, sostener servicios esenciales y adecuar las partidas a cambios normativos y necesidades operativas de los organismos.

Uno de los puntos centrales es el artículo 3°, que eleva en $78,7 billones la autorización prevista en el artículo 44 de la Ley de Presupuesto 27.798 para operaciones de crédito público con un plazo mínimo de amortización de 90 días. Se trata de una ampliación del límite autorizado para realizar operaciones de financiamiento, no de una erogación presupuestaria equivalente ni de un desembolso inmediato por ese monto.

La distinción es relevante para interpretar el alcance fiscal de la decisión: la autorización de endeudamiento establece un marco legal para realizar operaciones de crédito, mientras que su ejecución efectiva depende de las operaciones que finalmente concrete el Tesoro Nacional.

ANSES y el refuerzo de las prestaciones previsionales

Dentro de las modificaciones destinadas a la seguridad social, el decreto incorpora mayores créditos para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el propósito de atender las prestaciones previsionales alcanzadas por la movilidad establecida en la Ley 26.417 y el refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados.

Las planillas presupuestarias anexas identifican, entre otros conceptos, un incremento de $1,67 billones para prestaciones previsionales correspondientes al subprograma de moratoria previsional. También contemplan $20.000 millones para complementos de las prestaciones previsionales y $37.000 millones para el programa Acciones de Nutrición, vinculado con el Plan 1000 Días.

Otro componente significativo es la transferencia de $300.000 millones desde ANSES al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), financiada con recursos propios del organismo previsional. La adecuación también incorpora mayores recursos para asignaciones familiares y prestaciones por desempleo, en función de las modificaciones salariales y normativas vigentes.

En materia de discapacidad, la norma prevé reforzar el presupuesto del Programa Incluir Salud, dependiente de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, para atender obligaciones pendientes con prestadores en el marco de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El esquema alcanza además a las pensiones no contributivas y a los organismos previsionales de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, cuyos presupuestos deben adecuarse a los incrementos de haberes dispuestos durante 2026.

Más de $543.000 millones para sentencias previsionales

Otro de los aspectos relevantes aparece en el artículo 5°, que establece una partida de $543.205.555.376 para cancelar deudas previsionales reconocidas judicialmente, correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.

El monto está destinado a cubrir la parte que corresponda abonar en efectivo por retroactivos originados en ajustes de prestaciones y comprende liquidaciones derivadas de sentencias judiciales. La disposición busca atender obligaciones firmes que representan compromisos financieros para las cajas previsionales involucradas.

En paralelo, el decreto contempla mayores créditos para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y para el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, tanto para afrontar prestaciones como para responder a obligaciones judiciales.

Garantías para infraestructura en Santa Fe y Córdoba

La modificación presupuestaria también introduce cambios en el esquema de avales del Tesoro Nacional para operaciones de crédito provincial.

En el caso de Córdoba, el Gobierno nacional reemplazó el destino de un financiamiento previamente autorizado por hasta USD 100 millones. El crédito, que tenía como finalidad proyectos de economía circular, pasará a estar destinado a infraestructura hídrica y de saneamiento, con un plazo mínimo de amortización de tres años.

Para Santa Fe, en tanto, se incorporó una nueva autorización de aval destinada a financiar obras de defensa contra inundaciones en el departamento San Javier. La medida incorpora a esa provincia al esquema de garantías previsto en el artículo 51 de la Ley de Presupuesto 2026.

La inclusión de estas operaciones permite respaldar proyectos de infraestructura provincial mediante garantías nacionales, aunque su concreción dependerá de las condiciones financieras y de los acuerdos que se instrumenten para cada operación.

Empresas públicas, organismos y servicios esenciales

La adecuación presupuestaria alcanza también a distintas empresas y organismos estatales. Entre los destinatarios de los refuerzos figuran Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA), Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), TANDANOR, Contenidos Artísticos e Informativos, Radio y Televisión Argentina, Educ.ar y Carboeléctrica Río Turbio.

También se contemplan partidas para la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), además de modificaciones en los créditos destinados al servicio de la deuda pública.

En el plano administrativo, la norma incorpora adecuaciones en los cargos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y del Servicio Meteorológico Nacional, en cumplimiento de disposiciones adoptadas durante el ejercicio.

El decreto también incrementa los recursos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para atender obligaciones vinculadas con los servicios prestados por el Correo Oficial de la República Argentina.

La diversidad de organismos involucrados refleja el alcance de la modificación: no se limita a las prestaciones sociales, sino que comprende gastos de personal, funcionamiento, equipamiento, transferencias y compromisos financieros de distintas áreas del Estado nacional.

Un DNU que deberá pasar por el Congreso

El Poder Ejecutivo fundamentó el uso del mecanismo de necesidad y urgencia en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios de sanción legislativa y en el riesgo que, según los considerandos, implicaría demorar la adecuación de partidas para determinados servicios esenciales.

Por tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, la medida deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene competencia para pronunciarse sobre su validez o invalidez y elevar el dictamen para su tratamiento en ambas cámaras, conforme a la Ley 26.122.

El alcance económico de la decisión combina tres dimensiones: una ampliación sustancial de las autorizaciones de financiamiento, la recomposición de partidas para atender obligaciones previsionales y sociales, y la adecuación de recursos para organismos y empresas públicas.

La ejecución de los créditos, la concreción de las operaciones de deuda y el cumplimiento de las obligaciones incorporadas serán variables centrales para evaluar el impacto efectivo de esta modificación sobre las cuentas públicas durante el cierre del ejercicio 2026.

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