Las entidades que nuclean a los agricultores y cooperativas de las siete provincias tabacaleras reclaman medidas políticas y judiciales para frenar la desfinanciación de los recursos. “necesitamos que nos escuchen”, coinciden.

 Los agricultores que subsisten gracias a la producción de tabaco en Misiones, sus entidades representativas y las cooperativas que posibilitan la comercialización, se movilizarán a Capital Federal el 19 y 20 de setiembre para poner en agenda nacional la dramática situación del sector a partir del desfinanciamiento del Fondo Especial del Tabaco por el accionar de empresas que venden cigarrillos “baratos” y no aportan el impuesto mínimo obligatorio.

Se sumarán así a productores y entidades de las demás provincias tabacaleras que van a converger en la capital del país con el mismo reclamo, que tiene cinco puntos, algunos dirigidos a las autoridades y otros a la Justicia. La participación misionera se terminó de definir ayer, en una reunión que mantuvieron los referentes de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), la Cámara de Tabaco, la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) y las cooperativas CTM, Panambí, Cotavi, entre otros.

Uno de los puntos principales, que tiene fuerte incidencia económica en Misiones y demás provincias productoras, es el efecto de las medidas cautelares y acciones judiciales en contra del pago del impuesto mínimo a los cigarrillos por parte de empresas comercializadoras de paquetes “baratos” en el mercado interno.

El caso emblemático es el de la tabacalera Sarandí, que logró cautelares por las cuales no pagó ese impuesto en los últimos años. Sólo en 2021, el Estado dejó de percibir 50 mil millones de pesos en este concepto. “Este tipo de fallos no solo desfinancian al sector tabacalero sino al Estado, porque gran parte de esa recaudación va a Anses y a los fondos coparticipables”, señalaron.

“Vamos a exigir que pare el lobby empresarial que nos perjudica, y que se cumpla lo decidido por la Corte Suprema cuando falló en contra de estas empresas. Los jueces federales tienen que ver quiénes son los directos afectados  con sus decisiones cuando privilegian el interés empresarial por sobre el interés general”, coincidieron.

En la misma línea, se manifestarán también frente a las oficinas centrales de la AFIP para pedir que hagan cumplir el fallo de la Corte y procedan a cobrar los impuestos adeudados.  Y que controle “la impresionante cantidad de cigarrillos truchos o con estampillas falsificadas que circulan por el país. Pedimos controladores fiscales en las tabacaleras para tener los números reales de la venta de paquetes, ya que actualmente las empresas informan sólo por declaración jurada”.

Otro de los puntos del reclamo inédito que se realizará en conjunto, solicita a los Legisladores nacionales que incluyan en la Ley 27430  de Impuestos mínimos  a los subproductos del tabaco como habanos, habanitos y el tabaco picado. “Esa recaudación impactaría en el Fondo Especial del Tabaco que nos corresponde. Se sumarían así entre 3.000 y 4.000 millones de pesos al año, que beneficiarían de manera indirecta al cien por ciento de los argentinos”, sostienen.  

Menos burocracia y presión impositiva

Finalmente, el reclamo masivo que protagonizarán los productores en Buenos Aires incluye dos puntos que son de definición posible por parte del poder político. El primero, vinculado a la necesidad de achicar los tiempos burocráticos que se registran en las distintas dependencias del Estado en las que se tramita la disponibilidad de los recursos del Fondo Especial del Tabaco por parte de las provincias, y el segundo, al reclamo reiterado de un tratamiento impositivo más justo para la producción tabacalera, que a diferencia de otras economías regionales, paga retenciones del 12%.

“Pedimos a la Secretaría de Agricultura que agilice los trámites administrativos para que podamos disponer de los recursos del FET que van a las provincias, y que sostienen nuestros sistemas de salud, los daños por granizo y los complementos del precio. Tenemos una Ley de transferencia automática, pero la burocracia nos dejó en la misma situación anterior a esta Ley”, aseguran.

“Necesitamos que el gobierno nos vea como lo que realmente somos: economías regionales que sostenemos la viabilidad socioeconómica de siete provincias argentinas y de las cuales dependen miles de familias. Pedimos que bajen las retenciones a la importación de tabaco y que ese beneficio vaya directo a los productores, no a las empresas. Eso podría ayudar a mejorar los precios de la materia prima para el primer eslabón de la cadena” finalizaron.

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