Pueblos indígenas exigen medidas urgentes para proteger la Amazonía
Sally Jabiel, Diálogo Chino. Las alarmas ya venían sonando. En los últimos dos años, diversos estudios científicos alertaron del punto de no retorno de la Amazonía, debido a las altas tasas de deforestación y degradación. Ahora, una reciente investigación advierte que en menos de tres años el mayor bosque tropical del mundo —847 millones de hectáreas— llegará a un punto irreversible que daría paso a su muerte progresiva: el aumento de las emisiones de carbono que podrían desestabilizar el clima del planeta y los esfuerzos para mitigar el calentamiento global.
A inicios de septiembre, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) publicó el informe La Amazonía a contrarreloj: dónde y cómo proteger el 80% al 2025 en medio de las actividades de la V Cumbre Amazónica de Pueblos Indígenas realizada en Lima. Y los resultados son preocupantes, hasta poco optimistas. Según datos analizados desde 1985 hasta 2020, la deforestación y la degradación afectan el 26% de toda la región amazónica. De ese porcentaje, el 20% (un área tres veces el tamaño de Francia) ha sido transformado principalmente en cultivos o pastizales para ganado.
Para el ecólogo y director ejecutivo del Instituto del Bien Común, Ernesto Ráez Luna, los plazos ya se vencieron. “El 2025 no es un tiempo límite, sino el reflejo de la urgencia de tomar acciones enérgicas”, dijo a Diálogo Chino. “El punto de no retorno implica un gigantesco pulso de emisiones (de dióxido de carbono) que descarrilará cualquier esfuerzo humano por frenar un trastorno climático catastrófico”. De hecho, algunas zonas de la Amazonía, en particular en Brasil, ya están emitiendo más carbono del que capturan, de acuerdo a un estudio publicado por la revista Nature en 2021.
En ese sentido, la protección de la Amazonía es urgente. Ese es el llamado que encabeza la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) —que representa a 511 pueblos indígenas de los nueve países amazónicos— con el fin de proteger el 80% de los bosques y evitar el temido punto de inflexión. Se trata de una meta aprobada el año pasado en el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de la que surgió la coalición Amazonía por la vida: proteger 80% al 2025.
“Queremos hacer un quiebre porque los gobiernos no van a cumplir la meta del 2030, y después dirán que para el 2060 y ya no hay tiempo”, dijo a Diálogo Chino, José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la COICA, en referencia al ritmo de las negociaciones climáticas. “Nosotros queremos proteger el 80% de la Amazonía y para eso necesitamos otro modelo económico que respete y permita la vida. Si no lo hacemos, nos estamos condenando a la extinción”.
La agonía de la Amazonía
Solo Brasil y Bolivia son responsables del 90% de la deforestación y degradación amazónica, según el informe de la RAISG. En ambos países, la sabanización —transformación de los bosques tropicales en entornos similares a la sabana—, es una realidad que impacta el 34% del lado brasileño y el 24% del boliviano.
Por si fuera poco, el pasado agosto, Brasil registró un nuevo récord de incendios forestales, que es el más alto de los últimos 12 años, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.
Algo para resaltar, es que la mayor parte de la deforestación amazónica (86%) tuvo lugar fuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas. Para Marlene Quintanilla, autora principal del estudio, es la evidencia de que “un área titulada bajo territorio indígena tiene una alta garantía de ser conservada”. “Aunque los pueblos indígenas no tienen presupuestos nacionales, sus medios de vida y la forma en que miran a la Amazonía han incidido de manera muy positiva en su conservación”, precisó la directora de investigación y gestión del conocimiento en la Fundación Amigos de la Naturaleza.
Sin embargo, los territorios indígenas no están exentos de amenazas. La ampliación de la frontera agrícola —una de las principales causas de deforestación— fue del 160% en tierras indígenas y de 220% en áreas protegidas entre los años 2001 y 2018.
A eso se suma el asesinato de sus líderes, siendo la Amazonía de Perú y Brasil la zona de mayor riesgo, según un reporte de Global Witness. En 2020, tres de cada cuatro crímenes contra defensores ambientales tuvo lugar en la región amazónica de ambos países, que siguen sin ratificar el Acuerdo de Escazú.
“La cuenca amazónica ha sido blanco de muchos gobiernos que la usan como moneda de cambio, como el actual de Brasil”, dijo al respecto Angela Kaxuyana de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, durante la presentación de la investigación. “La falta de conciencia con los pueblos indígenas y el intercambio de nuestros territorios ha ocasionado también la muerte de quienes defienden la Amazonía, una masacre que no podemos seguir permitiendo”, demandó en relación al asesinato de dos defensores guajajara en Maranhao la primera semana de septiembre.
Las amenazas latentes
A pesar de que la actividad agropecuaria —sobre todo la ganadera— sigue siendo la principal impulsora de la deforestación, el 66% de la Amazonía está sujeta a otros tipos de presiones fijas o permanentes, como la minería, la industria petrolera, las centrales hidroeléctricas, y la construcción de carreteras, según el estudio de RAISG. “Si bien estas vienen generando cambios que no se pueden detectar de forma tan profunda por imágenes satelitales, en su conjunto sí están creando una presión permanente”, dijo la investigadora Quintanilla.
Los bloques petroleros ocupan poco más del 9% de la Amazonía, 80 millones de hectáreas que son equivalentes a casi dos veces el tamaño de Japón. En toda la región, el caso más inquietante es Ecuador, donde más de la mitad de sus bosques amazónicos ya son un bloque petrolero —o están destinados a serlo— del cual proviene cerca del 90% del crudo exportado con destino principal a los Estados Unidos. Le siguen Perú con el 31% cubierto por campos petrolíferos, Bolivia con 29% y Colombia con 28%.
También la Amazonía ecuatoriana, que representa el 2% de la superficie del bioma, concentra el 18% de las hidroeléctricas, un alto porcentaje solo superado por Brasil que tiene la mitad de las centrales. “Las hidroeléctricas ejercen una presión muy importante porque cambian completamente la dinámica hídrica natural, a lo que se suma la red de vías que ha ido en aumento, fragmentando aún más los ecosistemas”, precisó Quintanilla.
Al respecto, el ecólogo Ráez Luna enfatizó que los países amazónicos “deben abandonar estos proyectos de inversión en vías de penetración y explotación de hidrocarburos”. “Hay que repeler los procesos activos destructivos sobre la Amazonía, como el cuadrángulo criminal de la minería de oro, la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre y el narcotráfico”, añadió.
Titulación de tierras en disputa en la Amazonía
Para evitar el punto de no retorno, el informe de RAISG propone una serie de soluciones, entre las cuales la principal es garantizar los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de 100 millones de hectáreas de sus territorios todavía sin titular.
Tanto las áreas protegidas y los territorios indígenas salvaguardan la mitad de la Amazonía; sin embargo, el resto no tiene ningún tipo de designación y corre el peligro de desaparecer. Según el reporte, las áreas no designadas registran los niveles más altos de transformación y degradación, que llegan a ser hasta ocho veces mayores que en territorios indígenas.
Para Díaz Mirabal, coordinador de la COICA y líder de la etnia wakuenai kurripaco de Venezuela, la titulación es una obligación moral y ambiental con toda la humanidad. “El Panel Científico por la Amazonía y otros estudios están diciendo que el 80% de los ecosistemas mejor conservados del planeta están en nuestros territorios. Entonces, ¿qué más esperan los países para titular?”, dijo Díaz a Diálogo Chino. “Además hay una relación directa entre la destrucción de nuestro hogar y los asesinatos a líderes y lideresas, por eso el reconocimiento de nuestros derechos es una solución urgente”, sentenció.
Aunque la titulación es imperativa, según el ecólogo Ráez Luna, es insuficiente. “Es necesario reparar el daño ya causado a la Amazonía”, indicó. Precisamente, en el informe de la RAISG se demanda la restauración del 6% de tierras con alta degradación. “Se deben restaurar incluso muchos territorios indígenas ya titulados, pero ecológicamente degradados, que ya no ofrecen medios de vida suficientes para el bienestar de las comunidades”, dijo el experto.
Canjear deuda externa para proteger la Amazonía
Otra de las soluciones que anunció la coalición tiene que ver con la deuda externa de los nueves países que conforman la Amazonía. La propuesta es la condonación a cambio del compromiso de proteger el 80% de los bosques amazónicos. Dicho en otras palabras: canje de deuda por naturaleza.
Para Tuntiak Katán, vicecoordinador de la COICA, la deuda externa impulsa de forma sistémica las actividades extractivas y la destrucción en toda la región. “Planteamos la condonación como una medida de protección inmediata para paliar los desafíos económicos que atraviesan nuestros países”, afirmó. “Los países industrializados y las instituciones financieras internacionales asumirían así la responsabilidad de salvaguardar el planeta, mitigar el cambio climático y aliviar la presión sobre la Amazonía”.
Por ejemplo, en Colombia, que ostenta cerca del 6% de la Amazonía, el canje de la deuda externa por salvar y recuperarla ya está en la agenda del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Para los líderes indígenas, esta es una señal de esperanza en la región. “En nuestros países tenemos muchos recursos naturales, pero ni han nacido nuestros hijos y ya tienen la deuda externa. La condonación de la deuda es una aspiración muy antigua de América Latina”, dijo Díaz Mirabal.
De esa misma manera, expertos en Ecuador ven como una opción viable el canje de deuda por naturaleza, y opinan que el nivel de endeudamiento limita mucho la capacidad de los países para conservar estos recursos o desarrollar usos sostenibles de los mismos.
También destacan las posibilidades de que acreedores como China —que ha dado un giro discursivo hacia la “civilización ecológica“— desempeñen un papel en estos intercambios potencialmente transformadores. “Si Ecuador y China se ponen de acuerdo para reorientar las finanzas públicas hacia la resiliencia a largo plazo de la Amazonía ecuatoriana, es posible empezar a construir un futuro post-petróleo para el país, basado en el desarrollo sostenible de sus vastos recursos naturales”.
