Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.
“Fue preso pero no sé el motivo”, dijo el abogado Celso Vilardi.
Fuentes cercanas al caso explicaron que se trata de prisión preventiva y no de la ejecución de su condena.
La Policía Federal informó en un comunicado que “cumplió un pedido de prisión preventiva en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal”, aunque sin mencionar al expresidente.
Por incumplir medidas cautelares, Bolsonaro cumple prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su vivienda en un lujoso condominio de Brasilia y está monitoreado electrónicamente.
El expresidente, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sigue siendo el líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas.
Múltiples cirugías
A mediados de noviembre, la corte suprema rechazó de forma unánime un recurso contra la condena, que establece que debe cumplirse en “régimen cerrado”, es decir, en prisión.
Los abogados pidieron el viernes a la corte que el exmandatario pueda purgar su pena en su casa “por razones humanitarias” debido a sus delicadas condiciones de salud.
“La alteración de la prisión domiciliaria tendrá graves consecuencias y representa un riesgo de vida” para Bolsonaro, dijeron en el documento de la petición.
El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia.
En la petición al juez, los abogados enumeran las múltiples cirugías a las que ha tenido que someterse desde entonces, la última de ellas en abril.
Como consecuencia, Bolsonaro sufre reflujo e “hipo incontrolable” que le han provocado falta de aire y desmayos, detalla el documento.
Además, mencionan que fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque le removieron las lesiones.
Y recuerdan que existe un antecedente: el expresidente (1990-1992) Fernando Collor de Mello, de 76 años, obtuvo en mayo pasado prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción, también por razones de salud.
La defensa adelantó el viernes que presentará nuevos recursos para apelar la sentencia de cárcel contra Bolsonaro.
El período para hacerlo vence el lunes.
Ni siquiera el apoyo declarado del presidente estadounidense Donald Trump pudo revertir su suerte: el excapitán del ejército fue sentenciado en septiembre a 27 años y 3 meses de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022 contra su némesis, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Aquejado de problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018, el líder de la derecha brasileña, de 70 años, enfrenta su peor momento.
En arresto domiciliario desde agosto, este sábado fue puesto en prisión preventiva, afirmaron a AFP uno de sus abogados y fuentes próximas al caso.
Sin embargo, el «Mito», como aún le apodan sus seguidores, prometió resistir hasta el final e incluso presentarse a las presidenciales de 2026, pese a estar inhabilitado.
«¡Vamos a continuar la lucha!», dijo en las últimas manifestaciones que protagonizó en Rio, Sao Paulo o Brasilia, arropado por miles de personas.
Si tanto les gusta el comunismo váyanse a vivir a Nueva York!! La frase se hizo “viral” en las últimas horas en respuesta al sorprendente giro político de la capital financiera de Estados Unidos.
La elección del alcalde de Nueva York sacudió la modorra. De la nueva hegemonía, la derecha creciente y el país “protector” de finanzas y democracias extranjeras, a una revolución interna inesperada.
En el corazón mismo de la patria capitalista surgió un potencial rival dispuesto a hacer tambalear el poder omnímodo de Trump con propuestas de justicia social y (un poco) de equilibrio en la distribución de la riqueza. Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York reúne todas las condiciones para ser considerado un “outsider” siniestro. Es un joven de 34 años, nacido en Uganda y musulmán y pro Palestina. En su plan de Gobierno propone congelar alquileres, transporte público gratuito y supermercados estatales de bajos precios para que los pobres -la tasa es del 25%, según el informe de Robin Hood, lo que equivale a más de 2 millones de personas, incluyendo 1.6 millones de adultos y 420.000 niños- puedan adquirir alimentos, guarderías gratuitas y construcción de viviendas.
Lógicamente, su elección sorprendió. Trump amenazó con cortarle recursos federales a Nueva York si ganaba el “comunista”, calificación que replicaron medios como New York Post. Una intimidación que había lanzado previamente sobre la Argentina si no votaba a Javier Milei en las legislativas. En su país no pudo repetir el resultado.
Mamdani no es comunista. Se define como socialista y es del partido Demócrata. No quiere expropiar medios de producción ni instaurar el colectivismo. Sólo cobrar un mínimo impuesto a las grandes fortunas y con eso equilibrar un poco la balanza: propuso aumentar en un 2% el impuesto sobre la renta de los neoyorquinos que ganan un millón de dólares o más.
Nueva York tiene aproximadamente 349.500 a 384.500 millonarios, lo que la convierte en la ciudad del mundo con mayor número de ellos. Estos datos provienen de estudios recientes, como el de Henley & Partners, que también indica que aproximadamente 1 de cada 22 a 24 neoyorquinos es millonario. No quedarán menos ricos por aportar un poco más. Pero está hecho el desafío.
Podría pensarse que el triunfo electoral de Mamdani es un fallo en el sistema. Una excepción. Pero otros resultados electorales desafían la idea de que no hay lugar para opciones distintas.
En Virginia. Abigail Spanberger se impuso con el 57% de los votos y será la primera gobernadora del estado, mientras que Ghazala Hashmi se convirtió en la primera mujer musulmana elegida para un cargo estatal (vicegobernadora). En Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill ganó la gobernación con una campaña centrada en políticas sociales y críticas a Trump. Detroit eligió por primera vez a una mujer, Mary Sheffield, como alcaldesa. En California ganó la propuesta de redibujar el mapa electoral y los demócratas tendrán mayor peso en las presidenciales, en un estado que es clave por su población.
El resultado supone una gran victoria para el gobernador Gavin Newson, que cada vez reivindica más su liderazgo en el Partido Demócrata por su disposición a plantar cara a Trump. “Estamos orgullosos del trabajo que ha realizado esta noche el pueblo de California para enviar un mensaje contundente al presidente más impopular de la historia moderna”, declaró Newsom al conocerse los resultados.
El hasta hace algunas horas superpoderoso presidente de casi todo el mundo, no tuvo más opción que reconocer que el resultado había sido malo. “Tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho”, dijo… y agregó que “Trump no estaba en la boleta”.
Una lección que se puede extraer es que no está muerto el derrotado ni las victorias son permanentes. La política es la dinámica de lo impensado.
A la expansión de la derecha -evidente- en la región, con Bolsonaro, Bolivia, Milei, que muchos consideran un estadío superior, la propia sociedad le pone equilibrio.
El propio Milei estaba al borde del precipicio antes del plan de salvataje de Estados Unidos, que le dio un poco de aire para sostener el timón, pero que de ninguna manera solucionó los problemas de fondo de la economía argentina. El ajuste permanente ahoga cualquier atisbo de crecimiento y lo que hay apenas tímidos rebotes tras un 2024 que fue pésimo. La industria cayó 3,6% en los últimos cuatro meses y la construcción apenas muestra señales de vida, con un escaso crecimiento de 0,9 por ciento en septiembre, pero caída contra el mes previo. La parálisis de la obra pública puede medirse en los 120.000 empleos menos.
No hay señal alguna de incentivo a la inversión que permita iniciar una senda de crecimiento.
El Gobierno no puede aducir bloqueos de la oposición. Tiene el respaldo, las herramientas y más diputados y senadores -Diego Hartfield y Maura Gruber son sus representantes por Misiones, aunque hasta ahora no se hacen ver siquiera en la entrega de diplomas electorales Eso conlleva necesariamente a una mayor responsabilidad de conseguir resultados que hasta ahora son nulos. Sólo puede celebrarse la contención de la inflación, pero la fluctuación del dólar todavía está en el debe, aunque tienda a una mayor estabilidad. Pero todo depende del salvataje y del humor externo.
La prioridad ahora es la aprobación del Presupuesto, para lo que cuenta con el respaldo de los gobernadores, pero ese aval no es promesa de votar a libro cerrado las otras reformas con las que insiste el Presidente, como la fiscal y la laboral, necesarias, pero no suficientes para crear empleo y desarrollo: el pico de empleo registrado se dio en 2023, con 6.797.581 trabajadores en blanco en un “año malo”. El último dato del SIPA es de 6.244.152 empleos.
Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2025, el empleo registrado en Misiones cayó un 5%, lo que equivale a la pérdida de 5.594 puestos de trabajo. La contracción, medida en los registros sectoriales, exhibe una radiografía precisa de la economía misionera durante la gestión de Javier Milei: una fuerte caída en la construcción y los servicios, un leve retroceso industrial, y una sorprendente resistencia del agro y la silvicultura, que evitaron un desplome mayor. El contraste es marcado: Misiones cerró 2023 con un promedio de 109.134 empleos registrados, el mayor número desde 2009.
La Construcción fue el epicentro de la crisis: perdió 2.551 empleos, una caída del 34% respecto al cierre de 2023. La retracción simultánea de la obra pública nacional y provincial, junto con la parálisis de proyectos privados ante la suba de tasas y la incertidumbre macroeconómica, golpearon al principal generador de trabajo intensivo de la provincia.
A este derrumbe se sumaron retrocesos en casi todos los servicios vinculados al consumo y a la actividad urbana: Hotelería y restaurantes (-11,6%), Comercio (-2,9%), Transporte y comunicaciones (-3,4%) y Servicios inmobiliarios y empresariales (-10,2%). En conjunto, estos sectores perdieron más de 2.400 empleos, marcando la huella de una economía provincial más retraída y con menor circulación interna de ingresos.
La Industria manufacturera, en cambio, mostró una caída más moderada: -1,3% y 286 empleos menos. Detrás de esa cifra se esconde un comportamiento muy desigual: mientras rubros como Alimentos y Madera achicaron personal, el Tabaco protagonizó una suba inédita del 62%, con 201 nuevos puestos. También se destacaron las pequeñas recuperaciones en Papel, Calzado y productos de caucho y plástico, lo que sugiere que algunas ramas vinculadas al consumo básico o a exportaciones específicas lograron sostener la actividad.
El panorama del sector primario fue uno de los pocos focos positivos. Agricultura y ganadería aumentaron 179 empleos, mientras la silvicultura sumó otros 101, impulsadas por la cosecha de verano y la estabilidad de los mercados forestales. En total, el bloque agro-forestal agregó 280 puestos (+3,5%), en una contracara que compensó parcialmente la caída urbana. Sin embargo, el sector forestal no oculta su crisis. El sector industrial pidió mantener congelados los precios de la materia prima forestal en Misiones durante seis meses. Desde el sector industrial y forestal advierten un panorama complejo. “Crisis y estancamiento, creo que son las palabras exactas”, resumió un empresario, al describir un escenario donde “las exportaciones podrían mejorar si el dólar sube un poco, porque sería más conveniente tanto para productos elaborados como para los de menor valor agregado, pero hoy los márgenes son mínimos”. Desde la Apicofom señalaron que la recesión golpea con fuerza: “Está empezando y vienen fuertes las devoluciones de cheques. Se ven casos de cheques falsos y un panorama muy duro; como nunca, se está pensando en cerrar”.
Desde la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap), Enrique Bongers confirmó la gravedad de la situación: “Sigue muy complicado. La demanda interna está baja, el mercado de exportación no demanda y los precios están planchados. A eso se suman los aumentos de costos de energía”.
El dirigente aclaró, no obstante, que “por ahora no hay despidos, aunque se evalúa reducir horas en algunos sectores”.
En la producción yerbatera el escenario es también de crisis. La materia prima vale hoy lo mismo que hace 20 años. Según la serie histórica elaborada por el economista radical Emiliano Lysiak, el precio de la hoja verde se desplomó durante la Convertibilidad, tocando un piso de apenas 0,10 dólares por kilo en 2002. La creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en 2002 marcó un punto de inflexión: la fijación de precios mínimos permitió una recuperación gradual, hasta alcanzar el pico entre 2014 y 2017, con promedios cercanos a 0,90 dólares por kilo.
Desde entonces, la tendencia cambió. “Desde 2023 los valores reales al productor comenzaron a caer sostenidamente, ubicándose en torno a 0,40 dólares por kilo en julio de 2025”, precisa el informe. Hoy, con la desregulación y la industria sin obligación de pagar precios mínimos, está en 20 centavos de dólar. Con suerte.
Ni la crisis forestal ni la yerbatera tienen origen en Misiones. Obedecen exclusivamente a variables nacionales, aunque la Provincia busca alternativas para salir del paso. El congelamiento de precios por parte del Infopro es una herramienta para atenuar la situación. El gobernador Hugo Passalacqua se reunió con yerbateros para salir a buscar nuevos mercados externos. El objetivo de la Provincia es aumentar la demanda externa que está atravesando por un boom inédito: en septiembre se enviaron al exterior siete millones de kilos y el año cerraría con compras superiores a los 50 millones de kilos, con un salto del más del 20 por ciento.
La misión comercial de varias empresas partirá en las próximas horas hacia la India, con Klimiuk Infusiones, Piporé y la Cooperativa de Montecarlo, representando a otras cuatro.Hace cuatro años, Misiones se lanzó a la conquista del mercado de la India de la mano de la yerbatera Piporé. La pandemia frustró la continuidad y ahora cooperativas e industrias, con el respaldo de la Provincia, buscarán reconquistar ese mercado. La India es un país inmenso con 1.600 millones de habitantes. Que una mínima porción comience a consumir la yerba, implicaría una enorme demanda de la materia prima.
Las calles de Brasil se llenaron este domingo de decenas de miles de personas que protestaron contra un proyecto de ley que podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, y que amplía la inmunidad de los legisladores. Al grito de “Sin amnistía”, los manifestantes se concentraron en la estratégica Explanada de los Ministerios y luego marcharon hacia el Congreso en una de las movilizaciones más importantes de la jornada.
Alrededor de ciudades como Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia y San Pablo se registraron protestas masivas, y frente al Museo de la República un muñeco inflable gigante de Bolsonaro, con bigote de Hitler, garras y sangre en las manos, simbolizaba el rechazo de los manifestantes. Por la tarde se espera la participación de los músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque en un acto en la playa de Copacabana.
La motivación de estas protestas es la aprobación, por la Cámara de Diputados, de la moción de urgencia que permite el tratamiento inmediato de un proyecto de ley de amnistía dirigido a los responsables del asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023. Al principio, la iniciativa tenía alcance limitado a los responsables materiales del ataque, pero podría extenderse al propio Bolsonaro, después de su condena por intentar impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
Aún se prevén posibles modificaciones al proyecto, según señaló el presidente de la Cámara Hugo Motta. Designado relator Paulo Pereira da Silva, conocido como ‘Paulinho da Força’, elaborará un texto de consenso junto con el Senado y otras fuerzas parlamentarias para ‘permitir pacificar el país’, según declaró a los periodistas locales.
Paulinho da Força, que en el pasado estuvo cercano a Lula pero se distanció en los últimos años, evitó precisar si el proyecto que llevará al Parlamento también beneficiará al expresidente ultraderechista, actualmente bajo arresto domiciliario. Apuntó el congresista: “Eso lo vamos a hablar para llegar a un consenso. Vamos a intentar construirlo, conversando con todos para tener una mayoría”.
El gobierno de Lula se pronuncia en contra de la “Ley de los Bandidos” El gobierno del actual presidente de Brasil se pronunció con firmeza contra el proyecto de ley que pretende otorgar amnistía a bolsonaristas condenados por participar en la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando se atacaron las sedes de los poderes públicos. Ante la discusión de esta ley, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, advirtió que ‘el crimen organizado podría infiltrarse en el Parlamento’, declaraciones que generaron gran indignación.
Algunos diputados que apoyaban el proyecto, conocido por sus críticos como la “Ley de los Bandidos”, terminaron ofreciendo disculpas públicas en redes sociales horas después.
El malestar aumentó cuando el Congreso aprobó tramitar con urgencia otro proyecto que busca ampliar la amnistía a unos 700 bolsonaristas condenados por la misma asonada. Aquel texto también podría incluir un perdón para Jair Bolsonaro, recientemente condenado por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.
Según el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, es necesario aprobar la iniciativa para ‘pasar esa página de nuestra historia’. Aún así, esta postura es muy polémica y generó fuertes críticas el proyecto en el Senado: su par Alessandro Vieira, responsable de la enmienda de protección a legisladores, anunció que pedirá su rechazo.
Al mismo tiempo, Lula prometió vetar cualquier ley que beneficie a Bolsonaro y criticó al Congreso por intentar un ‘blindaje’ a legisladores, señalando que estos delitos no tienen carácter político y que el exmandatario debe responder judicialmente por sus acciones.
Crónica de una caída del poder con una consecuente y coherente condena. Jair Bolsonaro, quien supo ser la voz de las masas derechistas latinoamericanas, hoy se ve acorralado por las demandas judiciales que lo señalan como cabecilla de un intento de golpe de Estado en Brasil. Suficiente para sacarlo de combate, pero ¿alcanzará para sofocar a la derecha?
Carnaval de Brasil
Tal y como se anticipaba en las últimas semanas, el veredicto final del principal tribunal brasileño fue contundente: 27 años de prisión para Bolsonaro. Una pena que parece excesiva para sus seguidores y la defensa del ex presidente, aunque justa para una parte importante de la sociedad brasileña y, por qué no, para los observadores internacionales que siguen minuto a minuto la situación.
La acusación: orquestar un golpe de Estado fallido. El asalto a la sede de los tres poderes en el Planalto, el 8 de enero de 2023, buscaba interrumpir el proceso de ascenso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había derrotado a Bolsonaro en las urnas. Ese hecho deriva hoy en la condena y en su paulatina despedida del escenario político.
¿Victoria de Lula? ¿Derrota de la derecha? Ni lo uno ni lo otro, o un poco de ambas cosas. La condena allana el camino para que Lula gobierne con mayor tranquilidad desde lo institucional, aunque difícilmente eso se traduzca en paz social. Bolsonaro ha contado con un amplio respaldo en las calles, donde miles piden su liberación o la suspensión de las causas judiciales. Con Bolsonaro condenado, la derecha buscará nuevos líderes. Algunos podrían surgir de su propio círculo íntimo, dispuestos a tomar el fierro caliente.
La derrota de la derecha como movimiento tampoco puede interpretarse de manera absoluta. El ejemplo argentino sirve como espejo: Cristina Fernández de Kirchner, condenada en causas judiciales, encontró en esa condición un punto de reorganización para el peronismo desde las bases. Sin una figura clara, la condena a Bolsonaro abre la puerta a un proceso similar de reconfiguración para la derecha brasileña.
Además, es improbable que Bolsonaro cumpla condena en una cárcel común. Apelará a todas las instancias posibles, incluso internacionales, lo que puede prolongar el desenlace por meses o años. En caso de cárcel efectiva, probablemente sea en un cuartel militar, dada su trayectoria, o en una unidad con la seguridad adecuada para un ex presidente. A esto se suma su edad avanzada y su deteriorado estado de salud, factores que también incidirán en el proceso.
Sensaciones mundiales
La noticia recorrió el mundo. En Estados Unidos, Donald Trump perdió un aliado clave en su estrategia para América Latina, aunque sorprendió su declaración en pasado: “era un buen hombre”. ¿Tan rápido le soltó la mano?
En América Latina, la condena reavivó debates sobre la doble vara: Bolsonaro es condenado por una intentona golpista, mientras Nicolás Maduro continúa señalado como dictador sin que haya avances similares. En ambos casos, la vigencia del Estado de derecho queda en entredicho.
A escala regional, la condena a Bolsonaro envía un mensaje contra los populismos extremistas que buscan instalarse en el poder por la fuerza. América Latina ofrece ejemplos de debilidad institucional: Venezuela como dictadura consolidada, Cuba y Nicaragua en la misma senda, Perú atrapado en la inestabilidad, Bolivia con dificultades para consolidar el orden, y El Salvador entregando por voto popular un poder casi absoluto a Nayib Bukele.
No se trata de una tendencia pasajera: la fragilidad democrática parece un rasgo estructural de la región cuando se baja la guardia. Por eso, el caso Bolsonaro debe leerse como un llamado de atención. América Latina debe redoblar los esfuerzos para sostener sistemas democráticos genuinos y dejar atrás los fantasmas autoritarios que aún la acechan.
La región goza de un privilegio que en otros continentes parece lejano: paz social. Europa, Asia y África arrastran conflictos bélicos interminables. En el Cono Sur, más allá de los problemas vinculados al narcotráfico, esa paz es un valor inquebrantable. Cuando alguien intenta quebrarla, como Bolsonaro, la condena se convierte en un recordatorio de que la democracia, aun con todas sus imperfecciones, sigue siendo el marco institucional que garantiza estabilidad.
Rafael Mafei, especial para Piauí. Cármen Lúcia comenzó su voto en un ambiente de cierta aprensión. No porque hubiera dudas de que condenaría a Jair Bolsonaro y a los demás acusados de la conspiración golpista, como de hecho hizo, ya que esto era más que esperado. Sino por la expectativa de que ella usaría parte de su tiempo para reaccionar específicamente al voto de Luiz Fux. El día anterior, él emitió un voto que sorprendió incluso al más optimista de los abogados de los acusados. Aceptó tesis que ni siquiera las propias defensas habían presentado.
En medio de uno u otro punto relevante en las preliminares procesales, cuya futura discusión no debe ser ignorada solo porque fueron presentados en el paquete de disparates de un voto que causó perplejidad en el mundo jurídico, Fux pasó casi catorce horas desfilando contradicciones que espantaron incluso a los peores críticos que nunca esperaron de él cohesión o coherencia. Contradicciones con su pasado de sabido desprecio por las tesis defensivas propias del verdadero garantismo, que beneficiarían a acusados de hurtos insignificantes y a mujeres pobres encarceladas, cuyos hábeas corpus él sistemáticamente niega. Contradicciones con su paso por la presidencia del Supremo, cuando, el 8 de septiembre de 2021, firmó una nota llamando “antidemocráticas, ilícitas e intolerables” a las mismas declaraciones que ayer minimizó como “declaraciones desafortunadas” y “discursos inflamados e irreflexivos”. Contradicciones con sus votos en los casos del 8 de enero, especialmente en cuanto a los delitos de organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio catalogado. Contradicciones con la regla ética por la cual los jueces deben guiarse, absteniéndose de comentarios sin valor jurídico y políticamente explosivos, como la absurda alusión que hizo a Adélio Bispo y a la puñalada de 2018. Contradicciones, en fin, con la lógica básica de la experiencia y de la vida, que guía al juez de buena fe en el análisis de las pruebas, y jamás admitiría la condena de Mauro Cid por ejecutar un golpe a favor de Jair Bolsonaro, pero absolver a Jair Bolsonaro por falta de pruebas en relación con el mismo golpe que se considera probado para Mauro Cid.
Fue una verdadera “revelación” de Fux. Bolsonaro ya había dicho que tenía el 20% del Supremo, en referencia a Kássio Nunes Marques y André Mendonça. Al adoptar ideas que solo se ven en los grupos de WhatsApp del bolsonarismo más radical – como la afirmación de que el verdadero crimen contra la democracia fue el “Mensalão” –, Jair puede actualizar su contabilidad. La postura de Fux en la sesión de este jueves (11), manteniéndose en silencio, cabizbajo y con los ojos fijos en el celular mientras los demás ministros interactuaban libremente, incluso lanzándole indirectas nada sutiles, explicita su posición como un outsider entre sus pares.
El voto de Cármen Lúcia fue claro, rápido y objetivo. Disipando la aprensión del inicio de la sesión, no polemizó con Fux. Comenzó por la discusión de la acusación de organización criminal, una reacción directa, aunque no nominal, al voto del día anterior. Al afirmar su comprensión de que el delito estaba caracterizado, Cármen Lúcia ya explicitó que consideraba a Jair Bolsonaro el líder de la organización, sellando la mayoría necesaria para condenar al ex presidente por ese delito. Inmediatamente después, concluyó rápidamente su voto para acompañar a Moraes y Dino en su totalidad, condenando a todos los acusados por todas las imputaciones, aunque señalando alguna posible divergencia con el ponente en la dosimetría de las penas.
Cristiano Zanin habló por último y también despejó algunas cautelas que existían sobre sus posturas. La primera se refería a la alegación de indefensión, por el llamado document dump – el agobio de las defensas con cantidades excesivas de documentos, para ser analizados en un plazo corto. Se sospechaba que Zanin, quien como abogado fue un célebre crítico de tácticas de lawfare y defensor de las prerrogativas de la abogacía, pudiera ser sensible a ella. Pero él rechazó el argumento, como también rechazó las demás preliminares, incluida la relativa a la nulidad de la delación de Mauro Cid, por la cual algunas defensas, especialmente la de Braga Netto, lucharon mucho.
Ya pasaban de las seis de la tarde cuando la palabra volvió al ponente, que inició la dosimetría de las penas. Moraes recordó la forma de cálculo de las penas, que según el Código Penal se realiza en tres fases, y también recuperó la jurisprudencia de la Primera Sala en la dosimetría de los casos del 8 de enero, sugiriendo que las penas de los acusados del núcleo crucial, incluso las menores, tendrían que quedar por encima del umbral de los ya condenados. Posiblemente su objetivo también era estimular al ministro Fux a mantener en el juicio de hoy los mismos estándares que ya había aplicado en cientos de esos casos. Hizo poca diferencia, ya que Fux, aunque pudo hacerlo, optó por no votar las penas de los acusados que absolvió – prácticamente todos.
En la fase del cálculo de las penas, quien respiró aliviado fue Mauro Cid. Sin dejar de señalar omisiones del colaborador, Moraes reconoció la efectividad de su cooperación y le concedió todos los beneficios que había acordado con la Policía Federal. Cid salió con una pena de dos años de reclusión, en régimen abierto. En el extremo opuesto quedó Bolsonaro, el líder de la organización criminal: 27 años y tres meses. Un poco por debajo quedó Braga Netto, con 26 años. Anderson Torres y Almir Garnier tuvieron la pena fijada en un nivel ligeramente inferior, en 24 años. Las penas menores, pero aún así altas, quedaron para Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Alexandre Ramagem: respectivamente, 21 años, 19 años y 16 años, 1 mes y 15 días de prisión con pérdida del mandato parlamentario. Ramagem y Torres perderán sus cargos de delegados de la Policía Federal. Todos fueron declarados inelegibles por un período de ocho años.
Los acusados deben comenzar a cumplir sus penas en régimen cerrado. La cuestión del lugar de reclusión de Bolsonaro debe ser un debate aparte. El tribunal tendrá que decidir el peso que deben tener tanto su condición de militar retirado, aunque el Ejército ya ha dicho que no desea recibirlo como huésped carcelario, como su condición de ex presidente de la República, que no le confiere en sí mismo derecho a un trato diferenciado, pero lo convierte en una persona cuya seguridad merece especial atención, como ocurrió con Lula. Por isonomía, es posible que su celda sea un ambiente análogo a la sala de la Policía Federal donde Lula estuvo detenido. La condición de salud de Bolsonaro también es un hecho que debe ser considerado: es seguro que el ex presidente buscará la llamada prisión domiciliaria humanitaria, que no debe ser concedida antes de que un perito médico lo evalúe, y los responsables del establecimiento donde esté encerrado respondan si hay, o no, condiciones para que reciba un seguimiento médico adecuado allí mismo.
Antes de hablar del cumplimiento de las penas, hay que esperar la firmeza de la sentencia, porque – a diferencia de lo que defendía el ministro Luiz Fux cuando este debate se libró en el STF y le interesaba directamente a Lula – el inicio del cumplimiento de una pena criminal presupone que la sentencia condenatoria sea firme, agotándose todos los recursos aplicables. Además de los embargos de declaración, un recurso que rara vez cambia el resultado de lo que se decidió. Por lo tanto, las defensas deben buscar llevar el caso al plenario del STF a través de los llamados embargos infringentes. Para que sean exitosos, el Supremo tendrá que cambiar el entendimiento que viene adoptando desde 2018, cuando (a mi parecer erróneamente) pasó a exigir dos votos absolutorios, y no solo una divergencia cualquiera, para la recepción de este recurso. La procedencia de los embargos debe ser la principal cuestión jurídica que anime el resto del juicio.
A medida que se cierran las cortinas de su juicio en el Supremo, Jair Bolsonaro y los demás acusados deben volcar sus esperanzas y esfuerzos hacia las instancias políticas. Se espera, en primer lugar, que sus partidarios desaten de inmediato una guerra visceral contra el Supremo. Si en los últimos tiempos este combate está siendo protagonizado por los bolsonaristas que están bajo la guarda y protección de Donald Trump, como Paulo Figueiredo y Eduardo Bolsonaro, no causará sorpresa si aquellos que desde hace un tiempo han observado una relativa y estratégica discreción ahora vuelven a la carga con todo contra el tribunal. Idealmente, en los casos en que los miembros de la falange sean también parlamentarios, sus propias casas legislativas deberían encuadrarlos, pero no hay ninguna esperanza de que eso ocurra: si ni siquiera Eduardo Bolsonaro es molestado por las instancias disciplinarias de la Cámara, nadie más lo será. Con esto, seguiremos en el diapasón de siempre: los mismos partidos que hablan de pacificación a través de la amnistía crean todos los estímulos para que los diputados y senadores más radicales minen cualquier paz posible con sus ataques al tribunal.
La segunda consecuencia esperada es que el bolsonarismo debe jugar todas sus fichas en las elecciones para el Senado y, claro, para la Presidencia de la República. Si hacen un cálculo racional, Jair y sus hijos, especialmente Eduardo, deben dejar de producir confusión en torno a la definición del candidato del campo bolsonarista, pues el futuro del padre fuera de la prisión dependerá en gran medida del éxito de esa candidatura. El Senado, que será renovado en dos tercios en 2026, es la casa donde comienzan y terminan los procesos de impeachment de ministros del STF, lo que debe convertirse en una obsesión bolsonarista tan grande como lo es hoy la amnistía. Ya sea para la presidencia, o para el Senado, “acabar con la dictadura de la toga” será el lema de campaña más adoptado en todo Brasil.
Aún quedan las incógnitas que se avecinan para el futuro de la política en general. El próximo presidente de la República tendrá la oportunidad de nombrar al menos a tres ministros para el Supremo. Si es un bolsonarista, los tres ministros que hoy Bolsonaro puede considerar como “suyos” llegarán a cinco – pues uno de ellos, Fux, se irá por jubilación obligatoria. En este escenario, lógicamente, cualquier iniciativa para deshacer las condenas que hoy fueron encaminadas pasaría a tener más posibilidades de prosperar. Aún más si las amenazas al Supremo provenientes de un Senado más bolsonarizado son suficientemente concretas. La conclusión de las acciones penales contra el golpe es histórica y debe ser celebrada, pero aún queda camino por recorrer hasta el final de la maratón por la defensa de la democracia.
