CAMBIO CLIMATICO

El clima extremo desplazó a 2 millones de personas en América en 2022

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Escribe Matias Avramow, Diálogo Chino. En 2022, se contabilizaron 31,8 millones de desplazamientos internos por fenómenos meteorológicos extremos, de acuerdo a un nuevo informe. América es una de las regiones más golpeadas, con 2,1 millones.

El último reporte del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) informa de un aumento significativo de los desplazamientos forzosos de personas dentro de las fronteras de sus países debido a desastres como inundaciones, tormentas, incendios forestales y sequías.

A finales de 2022, el número total de personas desplazadas internamente por catástrofes en todo el mundo casi se duplicó con respecto a 2021, en gran parte debido a las devastadoras inundaciones de Pakistán. Los desplazamientos relacionados con catástrofes durante el año también fueron un 41% superiores a la media de la última década. Las inundaciones fueron responsables de la mayoría —seis de cada diez— de estos desplazamientos forzosos, seguidas por tormentas, sequías, deslizamientos de tierras y, por último, temperaturas extremas.

América fue la cuarta región con más desplazamientos por eventos climáticos en la última década, de acuerdo al IDCM. El año pasado, Brasil fue el país de la región con más desplazamientos de este tipo, seguido de Estados Unidos, Colombia, Haití y Cuba.

Los desplazamientos climáticos son complejos, y normalmente, en la literatura científica se dividen en dos grupos: los de inicio súbito y los de inicio gradual. “Es mucho más fácil identificar los primeros por su aparición repentina: pueden ser huracanes, inundaciones, terremotos o incendios”, sostiene Pablo Escribano, especialista en migración y cambio climático en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“En cambio, cuando hablamos de inicios graduales como la sequía, el deshielo de glaciares o el incremento del nivel del mar, tienden a ser más difusos. Muchas veces estas personas se desplazan porque su tierra ya no es productiva o deja de haber oportunidades”, agrega Escribano.

Las conclusiones del IDMC significan una advertencia sobre los crecientes riesgos de desplazamiento en medio de una crisis climática que probablemente provocará fenómenos meteorológicos extremos más intensos, frecuentes e impredecibles. Los expertos señalaron a Diálogo Chino la urgente necesidad de respuestas para prevenir y evitar los desplazamientos en América Latina, y de aumentar el apoyo a quienes se ven obligados a reubicarse.

Las inundaciones y las respuestas en América Latina

El año pasado, tanto en Brasil como en Colombia se registraron inundaciones debido a las intensas lluvias que cayeron entre mayo y noviembre. Fueron semanas enteras de agua hasta el pecho para la población. Agregado a los derrumbes que se provocaron por la tierra húmeda, fue devastador para ambos países.

Un poco más al norte, huracanes como Ian en el Atlántico golpearon Centroamérica y también movilizaron a cientos de miles de personas en toda América. En suma, IDMC contó 1,2 millones de desplazamientos internos por estas dos razones, un poco más del 50% del total de desplazados en la región.

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), máximo órgano científico de las Naciones Unidas sobre el clima, estos fenómenos pueden ser aún más extremos en el futuro debido a los efectos del calentamiento global. “El incremento en la temperatura del agua hace más propenso esto, también el incremento en la temperatura del aire. Son las condiciones ideales para tormentas terribles”, ilustra Matilde Rusticucci, que desde hace varios años forma parte del grupo II del IPCC.

Escribano explica que en América Latina existen múltiples respuestas ya en marcha. “Hay más conciencia de los riesgos. Por lo que varios países tienen diseñados sistemas de alerta temprana [que ayudan a prevenir tragedias] y de gestión de riesgos por desastres y protocolos de evacuación. En el caso de Cuba, por ejemplo, cuando golpea un huracán se sabe cómo desplazar a las personas afectadas”, comenta.

Además de esas estrategias, existen reubicaciones planificadas. Es decir, el gobierno, ONGs y organismos internacionales impulsan el traslado de personas que viven en zonas inundables o con algún otro tipo de riesgo a sitios seguros. “Se está avanzando mucho en ese sentido. Pero es un proceso complejo, tenemos bastantes malas experiencias”, reconoce Escribano. Un ejemplo es el de Goldney y Olivera, dos pueblos en el borde del río Luján y unidos por un camino de asfalto, a casi 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

Pablo Lugones lleva la mitad de su vida viviendo en Goldney y trabaja en Olivera. Por mucho tiempo se dedicó a la venta de leche, pero en el año 2000, con su compañera armaron la Fundación Remo. “En un principio era solo un jardín maternal, pero con las inundaciones que vinieron entre el 2000 y 2016 también nos convertimos en albergue. Recibíamos a 30 personas por vez… eran los que entraban”, describe Lugones.

Durante esos 16 años, el río creció más de ocho veces a una altura de entre dos y cinco metros. Había partes del pueblo que se inundaban completamente, y con cada crecida, el río se llevaba los muebles, la ropa y las fotografías.

En su momento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y un grupo de ONGs construyeron 40 casas en una zona segura y lograron reubicar a las personas más afectadas por las inundaciones. Pero al cabo de un tiempo llegaron más personas a vivir en la zona que había sido desplazada, explica Lugones. “Hoy, el lugar que se inundaba está lleno de personas otra vez”, añade.

Escribano explica que esta situación se reproduce en varios sitios de la región. Para esto, se requiere avanzar en soluciones más integrales. “También surgen temas como la reconstrucción de medios de vida. ¿Cómo reconstruyes los medios de vida de la población que estás moviendo a otro lado?”, cuestiona.

Inicios graduales y desplazamientos transfronterizos

En contraste con las lluvias y las inundaciones, hay varias zonas de América Latina que sufrieron sequías históricas. “Este fue uno de los eventos más generalizados. En Argentina y Uruguay hubo casi tres años de sequía prolongada”, detalla Rusticucci. “Y si no hacemos algo para mitigar y adaptarnos, en donde llueve ahora va a llover mucho más y en donde ya hay sequías, serán cada vez más prolongadas”, añade. Tan solo el año pasado en el mundo, la sequía fue la tercera razón de desplazamiento interno relacionada al clima.

Una de las regiones más golpeadas por la sequía en América Latina es conocida como el corredor seco y comprende parte de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Desde hace años, en esta zona llueve cada vez menos. Y aunque en temporada de huracanes las tormentas golpean ese territorio, el resto del año no cae una gota de agua. Tan solo en el 2014, en toda esa región se perdió el 70% de los cultivos por la sequía.

Parcelas abandonadas y cultivos secos
Campos y cosechas secas en San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, Guatemala. El país es parte del “corredor seco” de América Central (Imagen: Alamy)

A diferencia de las tormentas y las inundaciones, este fenómeno no necesariamente lleva a desplazamientos de inicio súbito. A menos de que se inicie un incendio, la sequía impulsa desplazamientos paulatinos. Esto ha provocado un abandono progresivo de las tierras. Muchas personas se van a las ciudades, o a otros países, en donde se exponen a riesgos que muchas veces las fuerza a volver a desplazarse.

“Las personas que migran por desplazamientos climáticos [desde el corredor seco] viajan hacia el norte sin ningún tipo de protección, ya que no existe una figura jurídica que identifique al desplazado climático”, asegura Adrián Martínez Blanco, director y fundador de la organización no gubernamental La Ruta del Clima.

Si bien existen marcos normativos en los que se pretende integrar a los desplazados climáticos como parte de las movilidades forzosas del mundo, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, los mismos no son vinculantes y dependen de la voluntad de cada país. Para esto, explica Martínez, “es necesario replantear completamente la movilidad humana y adaptarla a un contexto actual, con un énfasis en el cambio climático, en los derechos humanos y en las comunidades más vulnerables”.

Legislación y monitoreo en la región

Aunque hay mucho por mejorar, para Ivana Hajzmanova, gerente de monitoreo global y autora del reporte del IDMC, se ha avanzado en materia de atención ante los desplazamientos climáticos en América Latina.

Muchos gobiernos se centran en el desarrollo de instrumentos como las visas humanitarias, en los planes de adaptación al cambio climático y en los sistemas de monitoreo. “Incluso Colombia está trabajando en una ley específica para el desplazamiento climático, y México va por el mismo camino”, explica.

Hajzmanova destaca también que hay países con sistemas de monitoreo avanzados que ayudan a prevenir los desplazamientos, como Brasil, Uruguay y Chile. Sin embargo, reconoce que esto no es homogéneo. “Enfrentamos una falta de datos en varios países de América Latina, por lo que es muy difícil evaluar realmente la magnitud del fenómeno”, comenta.

Ella espera que los responsables políticos y los tomadores de decisiones lean este informe y, en función de los hallazgos, puedan decidir dónde se necesita más financiamiento y cuáles son las crisis más agudas que deben abordarse. “Realmente es la prerrogativa de los Estados nacionales y cada uno de ellos necesita implementar sus propias políticas e instrumentos legales, que les ayudarán a hacer frente a las crisis de desplazamiento interno”, reconoce.

Para Escribano, es fundamental trabajar en un abordaje conjunto de la problemática entre los países de América Latina. “La COP28 es un espacio en el que pretendemos plantearlo”, sugiere, en relación a la conferencia de cambio climático de Naciones Unidas a desarrollarse en diciembre en los Emiratos Árabes Unidos.

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Una mitigación climática de alto impacto requiere normas, verificación y estandarización

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Escribe David MalpassEn conjunto, los costos climáticos y la tarea de desarrollo exigen una enorme cantidad de nuevos recursos.  En el caso de los países en desarrollo, las necesidades son especialmente importantes en lo que respecta a satisfacer el crecimiento de la población y afrontar décadas de inversión insuficiente. Estos países deben lograr grandes avances en educación, producción de energía, acceso a la electricidad, salud, infraestructura y nutrición solo para compensar las pérdidas sufridas en los últimos años. Los costos climáticos requieren considerables recursos adicionales, al igual que el aumento del servicio y el reembolso de la deuda.

La principal fuente de inversión debería ser el crecimiento y el ahorro a nivel local, pero estos no son pilares sólidos.  Los flujos provenientes de remesas y de inversionistas extranjeros pueden aumentar rápidamente cuando el entorno normativo de un país es favorable y abre las puertas a la comunidad mundial; no obstante, uno de los principales desafíos es convertir las promesas de contribuciones de esa comunidad en financiamiento para proyectos reales.

Como parte de la búsqueda de enfoques a más largo plazo para el financiamiento climático, observamos que, para lograr el flujo necesario de recursos, se requiere una clase de activos mundiales basada en: 1) normas de medición y verificación acordadas para la reducción real y duradera de las emisiones de gases de efecto invernadero, y 2) estandarización para aumentar exponencialmente el volumen del flujo de recursos. Estas son actividades clave que el Grupo Banco Mundial puede ayudar a lograr.

El primer elemento de un conjunto de medidas de alto impacto son los resultados verificables, que generarán confianza y harán que los proyectos sean atractivos para donantes e inversionistas.  En las etapas iniciales, es probable que los contratos y compromisos sean exclusivos o personalizados, y que se establezca una conexión directa entre un inversionista o donante que busca lograr impacto y un proyecto de un país o una región en desarrollo. Con el tiempo, se fijarán normas para medir el impacto positivo, lo que atraerá el interés de los inversionistas y permitirá negociar y replicar los contratos.

Un ejemplo es el bono por resultados emitido por el Banco Mundial para un proyecto de purificación de agua en Vietnam que contribuirá a reducir la necesidad de quemar biomasa para hervir agua. Tal como describí en mi reciente artículo de opinión en Barron’s sobre los bonos por resultados (i), los inversionistas reciben pagos relacionados con la emisión de créditos de carbono verificados que representan la reducción real de las emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto. Cuantos más créditos se generen, mayor será el pago a los inversionistas.

Para ayudar a financiar la parte de la reducción verificable de emisiones relacionada con los bienes públicos mundiales, el Banco Mundial puso en marcha el Fondo para Ampliar la Acción Climática Reduciendo las Emisiones (SCALE) (i), a fin de proporcionar recursos en condiciones concesionarias para proyectos que permitan reducir efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero en países de ingreso bajo y mediano. El fondo tiene como objetivo ayudar a los países a establecer un historial de proyectos de alta calidad que puedan conducir a la movilización de capital privado a través de los mercados de carbono. Los enfoques basados en los resultados, como SCALE y los bonos por resultados, son transparentes y evitan el ecoblanqueo.

El segundo elemento de las medidas de alto impacto consiste en ampliar el tamaño, la cantidad y la comerciabilidad de las intervenciones que logran resultados verificados a gran escala con un elevado número de proyectos eficaces. La capacidad de ampliación de la escala requiere una estandarización para lograr replicabilidad y eficiencia. Tomando el ejemplo de purificación del agua de Vietnam, el objetivo será tener 100 o 1000 proyectos como este. La calidad y los principios de infraestructura transparentes que conducen a contratos estandarizados pueden permitir la diversificación de riesgos y crear una clase de activos de infraestructura climática sólida. Nuestras carteras de proyectos de Más Energía Solar (i) y de minirredes son dos ejemplos exitosos de cómo lograr la eficiencia y el impacto que generan la ampliación de la escala y la uniformidad. Nuestra alianza para la inversión en infraestructura de calidad (QII) (i) con Japón también ha ayudado a incorporar los principios QII (i) en proyectos del Banco Mundial por valor de más de USD 22 000 millones.

El Grupo Banco Mundial ha respondido al rápido aumento de los costos climáticos con medidas urgentes e impacto. Al centrar la atención en la integración entre clima y desarrollo y en la necesidad de medir el impacto —no solo los compromisos de gasto—, en nuestro Plan de Acción sobre el Cambio Climático (i) de 2021 se sentaron las bases para los debates de hoy sobre una reducción de emisiones verificable y basada en los resultados. La incorporación de normas y estandarización ofrece un camino hacia una nueva clase de activos. Ninguna otra entidad ha proporcionado más financiamiento climático a los países en desarrollo: casi USD 90 000 millones en los últimos tres ejercicios económicos. Elaboramos informes sobre el clima y el desarrollo de los países (CCDR) (i) en forma de diagnósticos sólidos que integran estas dos cuestiones. Ya hemos publicado los CCDR de 25 países, y otros 20 están en camino. También estamos alineando nuestras operaciones y flujos de financiamiento con el Acuerdo de París (i), lo que integra aún más las consideraciones climáticas en el financiamiento del Grupo Banco Mundial.

Queda mucho más por hacer. Para atraer una cantidad significativamente mayor de recursos en condiciones concesionarias de la comunidad mundial destinados a los bienes públicos mundiales, se necesitarán actividades individuales y conjuntas dentro de los países y entre ellos, de modo de generar resultados verificables, generar confianza y aprovechar la estandarización para lograr un impacto que se pueda replicar.

David Malpass presidente del Banco Mundial

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La desigualdad también es climática

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NexCiencia – El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas remarca otra vez la urgencia por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Carolina Vera, científica argentina que integra ese grupo, advirtió que los obstáculos para alcanzar ese objetivo no son tecnológicos ni de recursos sino que se trata de un problema social, político y económico.

Se ha escuchado muchas veces. Lo vemos en incontables ficciones distópicas que fantasean con múltiples versiones del fin del mundo. Lo leemos en libros, notas, papers. Se reafirma en conferencias sobre el tema, en entrevistas a expertos. Lo experimentamos al comprobar sus consecuencias cada vez más notorias. El cambio climático pone en riesgo la vida tal como la conocemos.

“Es difícil ser optimista pero hay una ventana pequeña”. Carolina Vera inició así su presentación sobre el último informe de síntesis del IPCC, brindada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Esa apertura diminuta consiste en una meta ambiciosa: reducir las emisiones entre un cinco y un siete por ciento anual desde ahora y, al menos, durante la próxima década.

Para apreciar la magnitud de esa reducción existe un ejemplo histórico, lo suficientemente inédito y reciente como para no olvidarlo: se logró durante el aislamiento mundial por la pandemia de COVID-19, en 2020. Ese objetivo permitiría no superar el grado y medio de calentamiento global, establecido como un máximo relativamente tolerable por el Acuerdo de París de 2015.

“¿Cómo lograr esa reducción ahora con todas las personas trabajando y viviendo normalmente? Durante la pandemia la gente no salía a la calle, no usaba los autos, no había aviones. Por eso digo que el desafío es posible pero está muy lejos”, advierte Vera, quien en su presentación afirmó que ya alcanzamos una acumulación de 1,09 grados y que, de no cambiar, en poco más de diez años estaremos sobrepasando la barrera del grado y medio.

Puede parecer poco pero es la temperatura media de la Tierra, calculada en períodos de veinte años y cuya acumulación desde 1850 tiene grandes consecuencias. Ese año es parámetro para medir el calentamiento porque desde entonces se distingue la emisión de gases de efecto invernadero a causa de la era industrial, principalmente por el uso del carbón.

Para Carolina Vera, quien además es investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) en Exactas UBA, y flamante profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, un buen ejemplo es la ola de calor que ha sufrido América del Sur, principalmente la región centro-norte de Argentina y la mayor parte de Paraguay y Uruguay, hacia fines del año pasado.

“Un estudio recientemente publicado por compañeros argentinos (que tiene a Juan Antonio Rivera, de IANIGLA-CONICET, como primer autor) junto a científicos de distintos países de América, Europa y Oceanía, da cuenta de que esa ola de calor, que en promedio podía ocurrir una vez cada veinte años, se aceleró sesenta veces debido a la influencia humana. Eso trae consecuencias”, afirma.

El Acuerdo de París aconseja no pasar los dos grados de calentamiento, estableciendo un límite deseable de uno y medio. La diferencia entre ambos valores es importante. Para Vera, hay un salto muy grande que se refleja en la frecuencia e intensidad de eventos extremos de lluvias, temperaturas o vientos.

“Nosotros computamos cómo cambia la frecuencia de ocurrencia de los eventos extremos. Entonces, una ola de calor que se producía en un promedio de una en cincuenta años al inicio de la era industrial, ya con un grado de calentamiento es más probable que ocurra entre cuatro y ocho veces más. Con un grado y medio, entre ocho y nueve veces más. Con dos grados, catorce veces más”, ejemplifica.

Humano, demasiado humano

Vera manifiesta que la conclusión no es que debemos vivir en aislamiento, sino lograr una sociedad cuya emisión de gases sea equivalente a la que tuvimos durante el 2020. ¿Cómo alcanzar ese descomunal objetivo? La respuesta de la investigadora es tan simple como compleja:

“Implica la transición del sistema energético de una manera ambiciosa y generalizada y la del transporte. Con esos dos sectores junto al cambio del uso de la tierra, es decir, la transición de la agricultura y la ganadería, se pueden lograr reducciones rápidas con tecnologías que ya existen”. Y agrega: “También acompañar esas transiciones con misiones de captura de dióxido de carbono. Eso ya lo hace la vegetación por fotosíntesis pero se puede incrementar con otras formas tecnológicas”.

Carolina Vera

Los últimos reportes del IPCC permiten ver que los medios necesarios están disponibles. En palabras de Vera: “Ya el primero de este ciclo, publicado en 2018, concluía que el problema no es físico, porque si se reducen y capturan las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura va a bajar. El problema tampoco es tecnológico, porque sabemos que existen tecnologías probadas que en muchos casos ya están en funcionamiento. El problema es social, político y económico”.

Para la científica, ese reporte concluye que existe suficiente capital financiero global para atender el desafío. “El problema es que vivimos en un mundo con un sistema socioeconómico que no está siendo eficiente y que implica desigualdad en la distribución de la riqueza”, destaca.

Los informes del IPCC, sustentados en cuantiosas investigaciones publicadas a lo largo del mundo, muestran que las mayores emisiones son realizadas por el porcentaje de personas más ricas del planeta, mientras que el porcentaje más pobre es el que menos emite y el más impactado. Los números que brinda la experta son contundentes: “Entre 2010 y 2020 la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue quince veces mayor en regiones de alta vulnerabilidad que en regiones de baja vulnerabilidad. La resiliencia climática es desigual”.

Para Vera, si bien el problema es complejo, los gobiernos tienen la capacidad de regular. “Sin embargo, los reportes concluyen que los países en desarrollo requieren de la asistencia de los países desarrollados, que tienen la mayor responsabilidad en la acumulación de gases de efecto invernadero”, explica la experta.

“Al día de hoy es poco lo que se ha hecho, se redujeron las emisiones pero no lo suficiente”, se lamenta. Y aclara: “Eso nos está llevando a un mundo que, en lugar de llegar a los cuatro grados de aumento de la temperatura media global para fines de este siglo como si no se hubiera hecho nada, se ubicará en un rango que oscila entre los dos y medio y los tres y medio”.

La investigadora señala, conforme al reporte síntesis, que hay setenta países con planes nacionales de adaptación y una decena con acciones de mitigación “ambiciosas y generalizadas”. “Es posible y hay un camino”, celebra al mismo tiempo que advierte: “En el Acuerdo de París se planteó que los países desarrollados podrían generar un fondo especial para financiar planes así. Eso no se logró y lo que hay proviene de organismos internacionales que determinan qué y cómo se financia. Hay que pensar que el cambio climático no se puede desvincular de los planes generales de desarrollo de un país. Se debería pensar al país con una acción climática transversal”.

Últimamente, han surgido discursos que niegan o disminuyen la problemática ambiental. Sin embargo, las habladurías del mundo se deshacen ante la evidencia científica. Lo explica Vera cuando dice que la responsabilidad humana en el calentamiento global es inequívoca: “hay metodologías matemáticas con las que se desarrollan simulaciones en centros de investigación de todo el mundo, de forma independiente y con los mismos protocolos, que permiten atribuir las fuentes de este calentamiento al accionar humano”.

El crítico literario y ensayista estadounidense, Fredric Jameson, alguna vez dijo que “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. Si bien así parece estar cifrado nuestro presente, lo cierto es que la investigación científica avanza con otro futuro posible en mente. “La ciencia avanza, lamentablemente no pasa lo mismo con las acciones para frenar este fenómeno”, reconoce Vera.

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Los suelos de la Argentina almacenan el 2% de la reserva mundial de carbono

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El dato surge de un trabajo de actualización sobre la reserva de carbono orgánico que poseen los suelos argentinos en los primeros 30 centímetros de profundidad. Estudios preliminares anticipan que poseen un gran potencial para modificar el balance de CO2 del país y contribuir a la mitigación del cambio climático a escala global. El nuevo mapa fue elaborado por un equipo de investigación del INTA, la Secretaría de Agricultura de la Nación, Aapresid y CREA y busca conocer y comprender la distribución espacial de este elemento necesario para el diseño de estrategias de conservación de suelos.

El carbono orgánico del suelo (COS) es la base fundamental para el desarrollo de una agricultura sustentable, debido a que es el principal indicador de la calidad del suelo y su potencial productivo. Debido a que el uso agrícola modifica las propiedades que posee el suelo (físicas, químicas y biológicas), conocer y comprender la distribución espacial del carbono es indispensable para el diseño de estrategias de conservación, en línea con la necesidad de continuar con la producción de alimentos para una población mundial en franco aumento.

Por esto, un equipo de investigación del INTA, de la Secretaría de Agricultura de la Nación, Aapresid y CREA presentaron un mapa actualizado sobre la reserva de carbono orgánico que poseen los suelos argentinos en los primeros 30 centímetros de profundidad. El mapa se encuentra disponible en una plataforma online, es de acceso libre y es gratuito.

“El dato es que, a partir de este trabajo, se pudo estimar que los suelos de nuestro país almacenan 13,3 mil millones de toneladas de carbono orgánico en los primeros 30 centímetros de profundidad”, confirmó Juan Gaitán -coordinador del proyecto Monitoreo de degradación de paisajes y sistemas productivos con metas en la neutralidad de la degradación de tierras- quien agregó: “Esto representa aproximadamente el 2 % de la reserva mundial de carbono orgánico estimada por la FAO”.

Por la gran importancia que posee el carbono orgánico del suelo a escala mundial, “existe un interés creciente por estimar y mapear las reservas que quedan y su potencial de cambio para secuestrar carbono con mayor precisión y en resoluciones espaciales más finas y extensiones geográficas más grandes”, expresó Pablo Peri, coordinador del Programa Nacional Forestales del INTA.

En este sentido, un equipo de investigadores recopiló información de alrededor de 5400 muestras de suelo (hasta 30 centímetros de profundidad) de todo el territorio nacional, procesada por diferentes proyectos de investigación entre 2015 y 2022.

Para la elaboración del mapa utilizaron técnicas de cartografía digital de suelos para estudiar la relación entre los datos medidos en 5400 sitios y 40 variables climáticas, topográficas, edáficas y de la vegetación para generar un modelo de predicción que permite estimar la reserva de COS en los lugares no medidos y obtener un mapa de escala nacional.

De las 16 ecorregiones del país, la Estepa Patagónica, la Pampa y el Chaco Seco son las que contienen la mayor reserva del COS y, en total, estas tres ecorregiones representan aproximadamente el 55 % de la reserva del país.  Mientras que los campos y malezales, Esteros del Iberá e Islas del Atlántico Sur son las ecorregiones con menor reserva de COS, con 1,1 % del total, influenciado por la superficie que ocupan estas ecorregiones. Por unidad de superficie, la ecorregión Bosque Patagónicos es la de mayor contenido con 130 toneladas por hectárea; mientras que el monte de Llanuras y mesetas es la de menor contenido con 32,5 toneladas por hectárea.

“De acuerdo con los principales tipos de suelo, el almacenamiento de COS por unidad de superficie fue mayor en los suelos de Orden Histosoles con 108 toneladas por hectárea. Mientras que los suelos Entisoles y Aridisoles son los que almacenan menos COS con 38 y 41 toneladas por hectárea, respectivamente”, detalló Gaitán.

Los suelos del Orden Molisoles contienen la mayor reserva de COS del país con 5,17 petagramos (PgC), lo que equivale a 5,17 mil millones de toneladas, luego se encuentran los Entisoles con 2,27 PgC, Aridisoles 2,14 PgC, Alfisoles 1,30 PgC e Inceptisoles 1,01 PgC. “Estos cinco órdenes de suelos contienen el 86,5 % del total de COS almacenado en los suelos de Argentina”, explicó Gaitán y agregó: “Este estudio indica que, con pequeños incrementos en el secuestro de C, los suelos tendrían un gran potencial para modificar el balance de CO2 del país y contribuir a la mitigación del cambio climático global”.

Asimismo, cabe destacar que las áreas protegidas de la Argentina abarcan una superficie aproximada de 20,3 millones de hectáreas y almacenan 1,16 PgC (media de 57,2 t/ha), lo cual representa casi el 9 % de la reserva total de COS del país.

“La coordinación interinstitucional fue clave para lograr este trabajo”, señaló Agustín Perez Andrich -director nacional de Agricultura de la SAGYP- quien resaltó la labor de muestreo de suelos realizada por los delegados de las diferentes provincias, quienes contribuyeron a la elaboración del mapa de almacenamiento de carbono.

Según Pérez Andrich, “la implementación de buenas prácticas de manejo de los cultivos extensivos en los suelos pampeanos (donde se encuentra suelos del Orden Molisoles en los que se cultiva gran parte de los granos) puede maximizar la capacidad de estos suelos para secuestrar carbono, lo que representa una estrategia importante para su conservación, como así también de mitigación del cambio climático”.

En esta línea, Ana Wingeyer, investigadora de INTA Paraná -Entre Ríos- y coordinadora del proyecto Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en suelo para la mitigación del Cambio Climático, señaló que “el trabajo presentado proporciona una línea de base para desarrollar los esquemas de comercio de bonos de carbono y puede ayudar a identificar y priorizar ubicaciones potenciales para proyectos de secuestro de carbono basados en el suelo”.

“El concepto de que los suelos y la agricultura puedan representar al mismo tiempo soluciones para problemas globales, como el cambio climático y la falta de seguridad alimentaria, dio lugar a varias iniciativas internacionales que buscan conservar e incrementar la reserva de carbono orgánico”, añadió Wingeyer.

En línea con las acciones internacionales, el Acuerdo de París (COP21) en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 promueve la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de los sumideros para la mitigación del cambio climático. Mientras que la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación adoptó el mapeo de las reservas de COS, como uno de los indicadores para estimar el área de tierras degradadas en el contexto de monitorear la meta de alcanzar la neutralidad en la degradación de las tierras hacia el año 2030.

“Por esto, el mapa y sus futuras actualizaciones contribuirán a reportar el avance en las metas comprometidas, ante estas iniciativas internacionales, de realizar acciones locales para limitar las emisiones y para conservar y aumentar los sumideros y reservorios de los gases de efecto invernadero”, subrayó Peri.

En esta línea, Carolina Sasal, coordinadora del Programa Nacional de Recursos Naturales del INTA, puntualizó que resulta fundamental sostener redes de sitios de monitoreo permanentes y a largo plazo que permitan la actualización periódica del mapa. “Los muestreos y análisis de suelos que dan origen a este mapa surgen del esfuerzo conjunto entre instituciones del ámbito público y privado, fortaleciendo vínculos y abriendo paso a nuevas líneas de investigación y desarrollo para Argentina y con relevancia a nivel global”, señaló.

Accedé al documento completo Mapa de almacenamiento de carbono en los suelos de la República Argentina 

Día Mundial de la Tierra

Con la necesidad de alertar sobre el cuidado del ambiente, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 22 de abril como el día dedicado a reconocer a la Tierra como nuestro hogar y a generar conciencia sobre los principales problemas ambientales, como la creciente contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Frente al gran desafío de promover la armonía con la naturaleza y, a su vez, satisfacer las necesidades económicas y sociales de la población, el Manejo sostenible de tierras (MST) es una estrategia diseñada para obtener bienes y servicios suficientes y de calidad sin comprometer el estado de los recursos naturales renovables y su capacidad de resiliencia.   

En este sentido, “el INTA es un actor importante en el monitoreo y reporte de los indicadores globales de tendencia en la cobertura del suelo, tendencia en la productividad primaria y tendencias en las reservas de carbono”, expresó Wingeyer quien señaló que “con el fin de combatir y mitigar los efectos de la degradación de las tierras, se han adoptado un conjunto de prácticas de conservación y manejo de los recursos naturales”.

“Desde el INTA colaboramos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la elaboración de los reportes del monitoreo (PRAIS). El MAyDS es el punto focal para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación Degradación y Manejo sostenible de tierras (MST)”, explicó Marcelo Wilson -especialista del INTA Paraná-.

La degradación de tierras es uno de los mayores problemas ambientales que afecta a la Argentina y conlleva fuertes consecuencias socio-económicas. De hecho, más del 80 % del territorio cubierto por zonas secas del país se encuentra afectado por desertificación que, en muchos casos, es causada principalmente por el manejo ganadero y agrícola inapropiado, como así también la sobreexplotación forestal, e implica la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los suelos.

Por esto, “el manejo sostenible de tierras es el modelo de trabajo adaptable a las condiciones de un entorno específico, que permite el uso de los recursos disponibles en función de un desarrollo socioeconómico que garantice la satisfacción de las necesidades crecientes de la sociedad, el mantenimiento de las capacidades de los ecosistemas y su resiliencia”, añadió Wilson.

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Expertos exhortan al sector ganadero a demostrar que es parte de la solución a la crisis climática

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El sector ganadero de las Américas debe estar presente en todas las negociaciones ambientales internacionales para mostrar los avances realizados a favor de una mayor sostenibilidad, que hoy lo han posicionado como parte de la solución a la crisis climática, aseguraron especialistas de la región reunidos en Buenos Aires.

En el Seminario Regional “El camino de la sostenibilidad en la producción ganadera de las Américas”, organizado por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) y la Federación Panamericana de Lechería (Fepale), junto al Consejo de Exportadores Lácteos de Estados Unidos (Usdec) y la Federación de Productores de Leche de Estados Unidos (NMPF), se dieron a conocer datos, evidencia científica e información sobre el aporte de la ganadería.

En distintos paneles, especialistas discutieron sobre formas de reducir el impacto ambiental y cómo alcanzar una producción sostenible y rentable; y buscaron demostrar cómo el sector ganadero y el comercio de productos pecuarios contribuyen a la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles y a la seguridad alimentaria.

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, señaló que “la ganadería ha realizado importantes avances hacia la transformación de sistemas ganaderos sostenibles, con estrategias para reducir los impactos en agua, suelo y emisiones, desarrollo tecnológico y buenas prácticas”.

“Desde el IICA –concluyó- enfatizamos que la agricultura es parte de la solución, no parte del problema. Algunos sectores pretendieron poner al sector agropecuario en general, y a la ganadería en particular, como el villano de la película. Esto no lo aceptamos y estamos dando la pelea”.

Jaime Castañeda, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Exportadores Lácteos de Estados Unidos (Usdec) pidió fortalecer la imagen del sector ganadero como parte de la solución a la crisis climática global y subrayó el papel clave en lo económico y lo social que cumple, en particular, el sector lechero.

Castañeda señaló que la ganadería es vulnerable al cambio climático y que la narrativa que la presenta como un causante de la crisis ambiental debe ser enfrentada con datos de realidad basados en ciencia y en investigación.

“Tenemos que promover sistemas agroalimentarios más sostenibles, pero impulsados por la ciencia y la evidencia empírica, evitando enfoques ideológicos o filosóficos. Hemos recibido un ataque muy frontal y por eso a veces nos hemos puesto a la defensiva”, dijo Eduardo Schwerter, presidente de la Fepale.

Schwerter explicó que las cadenas lácteas de la región tienen un especial cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad; generan empleos de calidad y aportan productos con un valor nutricional único e indispensable para los seres humanos.

Nick Gardner, vicepresidente senior para Sustentabilidad y Asuntos Multilaterales de Usdec, aseguró: “Estamos muy comprometidos con la sostenibilidad y por eso hemos asumidos tres compromisos para 2050: alcanzar la neutralidad en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, optimizar el uso del agua mediante el reciclado y mejorar la calidad del agua mediante el manejo de los residuos”.

“Muchas instituciones han dicho que la ganadería es el problema; y esa narrativa tenemos que enfrentarla”, concluyó.

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