(Por Eurídice Ferrara) Sanar el suelo, diversificar la producción agropecuaria con alimentos que no se producen en Misiones, evitar consumir agrotóxicos en la yerba y generar más trabajo, además de cuidar la salud, son algunos de los beneficios de la flamante Ley de Promoción de Bioinsumos, la cual prohíbe la utilización del glifosato y derivados en todo el territorio provincial, según activistas de la agricultura familiar y diputados que la impulsaron.
Misiones se convirtió en la primera provincia en prohibir la utilización del agrotóxico glifosato en la agroindustria -se hará de forma gradual- al sancionar el jueves pasado la Ley de Promoción de Bioinsumos, que ahora deberá ser reglamentada.
Se trata de un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales, normativa que fue celebrada por productores de la agricultura familiar mientras la Confederación Económica de Misiones (CEM) pidió “diálogo y consensuar acuerdos”.
Salvador Torres, del Movimiento Agrario Misionero (MAM), que incluye a los agricultores familiares, dijo a Télam que desde su agrupación defendieron “la idea de prohibir los agrotóxicos, entre ellos, el herbicida del glifosato”, aunque aseguró que otros quedaron afuera de la normativa.
“Hay muchos otros agrotóxicos que no se prohíben en la ley y que se utilizan, pero el glifosato se usa de forma masiva y sin control; está en la yerba, el pino, el té; las grandes forestales fumigan con herbicida para sacar las malezas y eso hace que no crezca nada, se usa semilla transgénica donde nada crece después de 12 años”, apuntó Torres.
Para el activista, “es desesperante la forma en que se utilizan agrotóxicos y los efectos que tienen en la salud”.
“Se hicieron estudios que indican que el glifosato produce cáncer; tenemos altos índices de labio leporino, leucemia, cáncer de sangre; en una colonia con noventa familias hubo 20 casos de adenoides, totalmente anormal, y así muchas otras patologías”, detalló.
Sin embargo, remarcó que en la transición del uso de agrotóxicos a los bioinsumos es imprescindible que “el Estado asista a productores familiares para que no se generen grandes pérdidas económicas”.
“Hay una empresa que está trabajando en eso y probamos sus insumos y están dando resultado, ojalá que en dos o tres años se dejen de usar agroquímicos, pero las grandes cerealeras y yerbateras son las que están en contra”, dijo.
Respecto a los químicos que se utilizan en la tierra, Torres indicó que “afectan a personas y suelos, la tierra se va a deteriorando y no crece nada más en la zona pero con bioinsumos se recupera y se enriquece”.
Por su parte, el ingeniero agrónomo Jesús del Valle Contreras, del colectivo Semillas Autoconvocadas, de la localidad de Montecarlo, pidió que se convoque a las organizaciones para la reglamentación de la ley.
“Es necesario generar mecanismos eficientes y efectivos para que se cumpla la ley, que haya voluntad política y cuando se hagan las denuncias de contaminación que los jueces respondan con celeridad protegiendo la vida”, afirmó y reforzó la idea de la presencia estatal en la asistencia del uso de tecnologías naturales que no tienen los costos de los agrotóxicos.
Los productores agroecológicos del colectivo de Semillas vienen implementando desde hace tiempo bioinsumos, que ellos denominan biopreparados.
“Es una tecnología de autogestión organizada porque todo lo que genera dependencia no sirve, son elaborados por las mismas familias con componentes propios de su sistema productivo, nos regimos por los principios de la agroecología que son garantizar la biodiversidad del ecosistema, suelo vivo, sano, acompañar los ciclos de la vida”, explicó.
Si bien aseguró que la flamante ley “no fue sentida por la comunidad” y “surgió de la instalación de la empresa Agrosustentable que hizo convenios con el Ministerio de Agricultura local”, explicó que igual es importante porque “las semillas nativas y criollas están en peligro”.
“Nos las roban a las comunidades para manipularlas genéticamente, después las venden bajo la propaganda de `alto rendimiento´, sólo para vender los agrotóxicos que las mismas empresas producen y además se desarrollan con tóxicos”, detalló.
Por su parte, la CEM pidió “crear y sostener una mesa de trabajo de temas trascendentales y decisiones estratégicas que hacen al desarrollo de la producción agropecuaria”.
“Instamos al diálogo para consensuar acuerdos respecto de la implementación del artículo 7 de la Ley de Promoción de Bioinsumos “, explicitó en un comunicado difundido en Twitter.
Ese artículo prohíbe en toda la provincia el uso del glifosato, sus componentes y afines a partir de los dos años de entrada en vigencia de la ley para que haya una transición progresiva de los sistemas productivos actuales a métodos más amigables con el ambiente.
La norma fue presentada por los diputados Carlos Rovira (Frente Renovador de la Concordia), Martín Sereno (Tierra, Techo y Trabajo) y Marta Ferreira, actual ministra de Agricultura Familiar de la provincia.
“En 2018 presentamos y se aprobó la ley que prohibía el uso de agrotóxicos en la zona urbana y cercana a cursos de agua, la Ley de Huertas Escolares; el año posterior se aprobó el programa de soberanía alimentaria local y ahora fue la Ley de bioinsumos que se viene discutiendo hace cuatro años”, dijo a Télam Sereno sobre el camino hacia la nueva norma.
Misiones tiene 30.000 familias que producen de 5 a 50 hectáreas (minifundistas), con un 40% de población rural, de un total de un 1,2 millón de habitantes, planteó el diputado.
“Acá ya practican hace tiempo la agroecología y tenemos experiencias del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y otros lugares donde la producción sin agrotóxicos sana el suelo y genera igual o más producción”, agregó.
Otro objetivo de la flamante norma es aumentar la producción de alimentos porque Misiones importa casi el 70% de los que se consume y hay 10.000 familias que plantan tabaco, apuntó el diputado.
Respecto a las necesidades de la provincia, indicó que “resta desarrollar caminos rurales que permitan sacar la producción” y dijo que sin el uso de agrotóxicos “se cuida el suelo y se va a generar más trabajo porque para sacar la maleza antes se necesitaba a un tipo con una mochila de glifosato y ahora se va a necesitar gente que lo haga de forma natural”.
Al igual que Torres, Sereno mencionó las posibles dificultades a la hora de implementar la ley. “La multinacional Arauco tiene 300.000 hectáreas de monocultivo en Misiones, aunque oficialmente tienen 200.000, y forestan con pinos, matan el suelo y no generan laburo porque con una máquina cortan los árboles nativos, pelan el suelo y se los llevan y donde plantan pinos, se muere el suelo”, indicó.
