La Administración General de Puertos (AGP) estará a cargo de controlar y gestionar durante los próximos 12 meses la vía navegable más importante de la Argentina.
La nueva concesión de la Hidrovía Paraguay Paraná se inició a partir del primer minuto de este sábado con el Estado Nacional, a través de la Administración General de Puertos (AGP), a cargo de controlar y gestionar durante los próximos 12 meses la vía navegable más importante de la Argentina, que atraviesa siete provincias.
Esta nueva modalidad contará además con un Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado a fines de agosto por el Gobierno, y del que participan además del Poder Ejecutivo Nacional, representantes de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
El viernes al cerrar el día, la concesión privada que administró la Hidrovía en los últimos 26 años llegó a su fin, luego de un proceso iniciado en 2020 cuando el presidente Alberto Fernández lanzó un Acuerdo Federal para abordar el desarrollo de la ruta fluvial que en la Argentina cuenta con 1.635 kilómetros, sobre un total de 3.400 que tiene el canal que se comparte con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
En 1995, el gobierno menemista otorgó la concesión de las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná al consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa.
Esta concesión venció el 30 de abril último, pero se estableció una prórroga que duró hasta el viernes, para iniciar un proceso que permita definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal.
En este marco, el Presidente, a través del decreto 427/2021, decidió el 1 de julio último dejar a la Hidrovía bajo control estatal, más precisamente a manos de la AGP.
“Es un paso adelante. Si bien es una medida transitoria, da certeza de lo que va a pasar con la Hidrovía. Y da tiempo al Gobierno a preparar un proyecto de licitación, en lugar de hacer algo a las apuradas”, destacó a Télam Guillermo Misiano, presidente del Grupo PTP, uno de los principales operadores portuarios del Paraná.
PTP tiene el manejo de terminales sobre la Hidrovía en las ciudades bonaerenses de San Nicolás, Ramallo y Lima, Nueva Palmira (Uruguay) y Villeta (Paraguay), y está en proceso de construir dos nuevos puertos: uno en la Zona Franca Santa Fe de Villa Constitución y el otro en Brasil.
Misiano consideró que la decisión del Gobierno respecto de la vía navegable “es importante para planificar las inversiones que se van a hacer”, y señaló que “si la Hidrovía cambia de 33 a 40 pies de profundidad, habrá que invertir en los puertos para adaptarse”.
Añadió que “también los importadores y exportadores deberán adaptar toda la cadena logística a la nueva profundidad”, pero destacó que esto conllevará una “consecuente reducción de costos” para el comercio.
“En lo personal tengo expectativas muy positivas, porque este paso que se dio, en el contexto que venía la situación, complicada por la pandemia, es certero. Es una decisión inteligente que da una señal clara, al mercado y a todos los actores, de hacia dónde el Gobierno quiere ir con la Hidrovía”, afirmó Misiano.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), Silvia Martínez, destacó a esta agencia que espera que el proyecto de desarrollo que tiene el Gobierno para la Hidrovía apunte a “defender la industria nacional, fomentar las economías regionales y promover el empleo argentino”.
Para eso, señaló que es preciso “buscar e impulsar sinergias entre el sector público-privado como motor del crecimiento nacional”, y también sostuvo que se debe “considerar al transporte marítimo como un actor relevante de la economía nacional, en su condición de dador de empleo, y socio colaborativo de otros rubros como el petroquímico, minero, turismo y ferroviario”.
Además, consideró que es necesario “recuperar la bandera argentina de buques marítimos, fluviales y de pesca en la participación de la Hidrovía”.
En ese sentido, pidió “apoyar a los astilleros y talleres nacionales dedicados a la construcción, reparación y mantenimiento de flota, y a los proveedores de insumos, como las pymes naval partistas, mediante la implementación de políticas navieras concretas y sustentables que garanticen la competitividad de los buques y armadores argentinos”.
Asimismo, Martínez propuso “garantizar la navegabilidad y seguridad de la Hidrovía, a través de la reactivación o creación de una empresa de dragado que mantenga las vías navegables en buenas condiciones”, y evaluó que hay que “cuidar el medioambiente, a través de la descarbonización del transporte y dragado con barcos a gas natural licuado (GNL)”.
En tanto, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Julio González Insfrán, destacó a Télam la existencia de otros órganos que intervendrán en la gestión y administración de la Hidrovía, como el Ente Nacional de Control y la Comisión Bicameral de Seguimiento Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía.
En ese sentido, indicó que “todo esto en conjunto con la AGP y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, va a influir sobre la Hidrovía”.
Un proceso de un año que comenzó con la firma del Acuerdo Federal y terminó con el contrato con AGP
El presidente Alberto Fernández anunció el 28 de agosto del año pasado la firma del Acuerdo Federal para la puesta en marcha de la Hidrovía Paraguay Paraná, junto con gobernadores de siete provincias en la localidad santafesina de Puerto San Martín.
“Ha llegado la hora de que la Argentina crezca con otra lógica, que crezca con otro equilibrio y que el desarrollo no sólo esté concentrado allí en el puerto de Buenos Aires. Queremos que el desarrollo se distribuya en cada lugar de este país”, sostuvo Fernández en aquella ocasión.
Se iniciaba así un proceso de desarrollo de la Hidrovía, cuya administración estaba en manos de un grupo privado liderado por la empresa belga Jan de Nul, pero todavía no estaba claro qué sucedería después del 30 de abril de 2021, fecha en la que vencía una concesión que durante 26 años decidió el rumbo del comercio argentino en la principal vía fluvial del país.
El 17 de diciembre, el Ministerio de Transporte creó el Consejo Federal Hidrovía (CFH), con el objetivo de desarrollar la vía troncal navegable, beneficiar el comercio y brindar soluciones que permitieran la reducción de los costos logísticos.
El 15 de enero de este año, el Gobierno creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Hidrovía en el ámbito del Ministerio de Transporte, para asistir y asesorar en todo lo vinculado con el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la nueva concesión.
El 22 de febrero se puso en marcha el Consejo Federal Hidrovía (CFH), con un encuentro en la sede de la Gobernación de Santa Fe en la ciudad de Rosario, y la participación de los gobernadores de Buenos Aires, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, funcionarios de los ministerios del Interior, Defensa y Desarrollo Productivo, y de más de 50 entidades públicas y privadas relacionadas con el área.
El 26 de abril se realizó la segunda reunión del CFH en Rosario para avanzar en la confección de los pliegos para el llamado a licitación de la concesión de la vía navegable troncal, a cuatro días del vencimiento de la concesión.
El 29 de abril el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a cargo de Transporte tras la muerte de Mario Meoni, firmó la resolución que determinó que la concesión cuyo plazo de operación vencía al día siguiente se prorrogara por 90 días a favor del consorcio que lo había hecho durante 26 años.
El 26 de mayo el nuevo ministro de Transporte, Alexis Guerrera, disolvió la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Hidrovía, y otorgó sus facultades a la Subsecretaría de Puertos para asistir y asesorar en todo lo vinculado con el llamado y adjudicación de la concesión.
El 1 de julio el Presidente decidió, por intermedio del decreto 427/2021, dejar a la Hidrovía por 12 meses bajo control estatal a partir del 11 de setiembre, y otorgarle a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.
El 25 de agosto el Gobierno creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, integrado por el Ejecutivo Nacional y las provincias que firmaron el Acuerdo Federal, para velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios de la Hidrovía, la debida protección de los usuarios y las usuarias, el resguardo de los bienes de dominio público y privado del Estado y el cumplimiento de las leyes.
Finalmente, el 2 de setiembre Transporte firmó el contrato con la AGP para la gestión temporal de la vía navegable troncal, que establece su mantenimiento hasta que se adjudique la licitación de largo plazo por el dragado, balizamiento, control y cobro del peaje de la vía fluvial.
