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Asamblea General de la ONU, sobrecargada de resoluciones repetitivas, busca su revitalización

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Por Thalif Deen / Inter Press Service – La Asamblea General (AG), con 193 miembros, el máximo órgano normativo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha sido durante mucho tiempo el depósito de decenas de resoluciones prolijas y obsoletas acumuladas a lo largo de varias décadas, y que permanecen en el olvido.

Como parte de la reestructuración propuesta de la ONU, que se enfrentan a una grave crisis de liquidez, ahora se está tratando de racionalizar y revitalizar la Asamblea General, que se ha visto sumida en un atasco burocrático.

La presidenta de la Asamblea General, la alemana Annalena Baerbock, ha pedido a cada comité principal que revise sus métodos de trabajo y proponga medidas concretas para mejorar la eficiencia, entre ellas:

• Fusionar puntos similares del orden del día para evitar repeticiones.

• Reducir la frecuencia, la duración y el número de resoluciones.

• Utilizar ciclos bienales o trienales cuando sea apropiado;

• Limitar las explicaciones de voto a cinco minutos; y

• Simplificar los procedimientos de adopción: un martillo, una decisión, todos los textos.

Estas recomendaciones, en su mayoría detalladas en una resolución reciente, ayudarían a remodelar la Asamblea General para responder a los retos globales con agilidad y coherencia. Pero, a menos que se apliquen estas reformas, seguirán siendo solo palabras sobre el papel, otra resolución más.

«No basta con seguir como hasta ahora. Necesitamos menos resoluciones repetitivas, debates más breves y una programación más inteligente. No más «resoluciones por el simple hecho de hacerlas», afirmó la presidenta de la Asamblea General.

Y advirtió: «No podemos predicar el domingo que necesitamos menos resoluciones y luego presentar una para su consideración el lunes. Y esto, lamentablemente, es lo que está ocurriendo».

Palitha Kohona, exjefe de la Sección de Tratados de las Naciones Unidas y antiguo representante permanente de Sri Lanka ante las Naciones Unidas, dijo a IPS que la ONU soporta la pesada carga de las resoluciones acumuladas a lo largo de 80 años.

«Muchas ya no son pertinentes, otras son superfluas y algunas repetitivas. Dada su peligrosa situación financiera actual, sería conveniente que cada departamento y oficina revisara rigurosamente las resoluciones de su competencia e identificara aquellas que podrían derogarse», afirmó.

Esto, dijo, podría hacerse mediante una resolución general. Algunas podrían requerir delicadas negociaciones con los Estados miembros, que podrían reclamar la propiedad de las resoluciones que habían propuesto. Si se maneja con sensibilidad, esto podría reportar considerables beneficios financieros y de personal.

Señaló que las nuevas resoluciones deben examinarse cuidadosamente para evitar redundancias.

El personal de las Naciones Unidas podría ayudar de manera proactiva en este proceso. Incluso cuando las resoluciones se apliquen dentro de las asignaciones de recursos existentes, habrá algunos costos, incluido el tiempo.

Cuando una resolución propuesta no pueda aplicarse debido a limitaciones de recursos, debe vetarse desde el principio, Kohona, quien hasta hace poco era embajador de Sri Lanka en China.

Los responsables de la ejecución de las medidas deberían ubicarse o trasladarse a una oficina en la que fuera más probable que se aplicara la resolución y donde fuera más eficaz.

Por ejemplo, propuso que la responsabilidad de aplicar las resoluciones relacionadas con el Programa delas Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) se asignara a Nairobi. También consideró que las operaciones de mantenimiento de la paz deberían trasladarse a Nairobi, ya que la mayoría de ellas se llevan a cabo actualmente en África.

Baerbock afirmó: «Hemos visto cómo las comisiones principales han presentado resoluciones para conferencias de tres días, sin presupuesto adjunto, plenamente conscientes de la situación fiscal que estamos debatiendo en este mismo momento».

«Hemos visto más de 160 eventos paralelos durante la Semana de Alto Nivel, a pesar de la petición de reducir su número o de la petición de algunos de que no se celebren eventos paralelos en absoluto», añadió.

Destacó que «ya hemos visto tres o cuatro reuniones de alto nivel presentadas para su consideración para la 81 Semana de Alto Nivel (el año que viene), y cuatro para cada una de las 82 y 83, a pesar de la decisión de esta Asamblea —es decir, de todos nosotros— de limitarlas a un máximo de tres».

«Aunque todos queremos proteger las cosas que nos importan, cada uno de nosotros debe hacer concesiones en esta época de reformas», sentenció la presidenta de la 80 Asamblea General.

Purnima Mane, ex subsecretaria general del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), dijo a IPS que el importante esfuerzo que se está realizando para revisar los métodos de trabajo de cada uno de los comités de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mejorar su eficiencia es sin duda loable.

Es una oportunidad de oro para cuestionar algunas de las llamadas «verdades absolutas» sobre el funcionamiento de la Asamblea General y centrarse en lo que importa de una manera racionalizada.

Sin embargo, a su juicio de Mane las soluciones propuestas actualmente son algo periféricas, aunque indican un deseo de cambio.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los comités es la variedad de cuestiones que se abordan sin un orden de prioridades claro, incluida la falta de atención a cuestiones clave que se han descuidado. Y la ausencia de un sentido de urgencia, señaló

«Las sugerencias ofrecidas se refieren a la mejora de la eficiencia del trabajo, pero evitan las cuestiones más difíciles, tal vez debido a la falta de tiempo y, en ocasiones, a la falta de voluntad por parte de algunos miembros de asumir el riesgo de proponer soluciones que podrían requerir el desmantelamiento de métodos de trabajo muy arraigados», añadió.

Otra barrera, consideró Mane, podría ser la preocupación por las posibles dificultades que se pueden encontrar para llegar a un acuerdo sobre estos métodos y, más aún, la posibilidad de una participación limitada de los Estados miembros en su aplicación.

«Quizás empezar poco a poco e identificar objetivos posiblemente alcanzables para el funcionamiento y la gestión de los comités podría ser un buen comienzo, pero sin el compromiso de los Estados miembros con las cuestiones prioritarias y con la aplicación de las resoluciones propuestas, es poco probable que todos estos cambios y esfuerzos reporten beneficios, incluido el ahorro de recursos», afirmó.

Reducir los puntos del orden del día y evitar resoluciones repetitivas y debates interminables es un buen comienzo, pero se necesita la voluntad de los Estados miembros para aplicar estas resoluciones, una vez aprobadas, añadió.

Y aunque se da por sentada la voluntad de aplicar las resoluciones, en realidad es precisamente ahí donde a veces radica el problema. El verdadero reto es cómo fomentar y garantizar la aplicación, dijo Mane, quien también ha sido directora ejecutiva de la organización Pathfinder International.

Andreas Bummel, cofundador y director ejecutivo de Democracy Without Borders, dijo irónicamente aa IPS que la cuestión de la revitalización de la Asamblea General se ha convertido en un tema ritual.

«Abordar el número de resoluciones anuales y evitar repeticiones inútiles año tras año es una obviedad. Esto debería haberse aplicado hace mucho tiempo. Pero se necesitan cambios más profundos», dijo.

Por ejemplo, detalló, es necesario que haya continuidad y memoria institucional en la oficina del presidente de la Asamblea General. El mandato debería ser de dos años y recibir la financiación adecuada.

Además, mediante la creación de una Asamblea Parlamentaria, el instrumento de la Iniciativa Ciudadana y las Asambleas Ciudadanas, la Asamblea General puede convertirse en un centro de innovación e inclusión para todo el sistema de las Naciones Unidas. Esto debería estar en la agenda.

Mientras tanto, la revitalización también se está extendiendo a la Oficina de la Presidencia de la Asamblea General.

La 80 AG, dijo Baerbock, se benefició de un traspaso temprano y fluido de la 79, lo que nos permitió empezar con buen pie. Sin embargo, el volumen de trabajo sigue siendo inmenso.

En septiembre, «nuestra Semana de Alto Nivel contó con más de siete reuniones importantes en solo unos días», recordó.

«El resto de la sesión contará con casi veinte procesos intergubernamentales y múltiples reuniones de alto nivel obligatorias; y el número total de resoluciones apenas ha cambiado, muchas de ellas casi idénticas a las de sesiones anteriores», añadió.

Pero esto no es sostenible, afirmó, y además contradice la petición de las misiones más pequeñas, que no pueden asistir a tres reuniones al mismo tiempo.

Las transiciones son importantes. La preparación es igualmente importante. «Debemos asegurarnos de que cada presidencia esté preparada para el éxito», dijo Baerbock, la presidenta de la 80 Asamblea General.

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En varios frentes

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En las próximas horas tomará forma definitiva el debate político más transformador de los últimos años en Misiones. Después de los primeros escarceos con el presidente Alberto Fernández y su equipo económico, el proyecto de convertir a Misiones en una zona libre de impuestos será ingresado al Congreso, para ser tomar forma de ley, con los argumentos necesarios para conseguir los cambios tributarios. 

Por estas horas se repasa detalladamente el articulado para que no quede resquicio de duda y se pueda avanzar en un Congreso convulsionado, donde cada uno atiende su juego y renuencia a trabajar sobre los temas de fondo que necesita la Argentina federal. 

Misiones tiene argumentos y ya hay experiencias similares como Tierra del Fuego, que es territorio aduanero especial, característica que quiere adoptar la tierra colorada. 

Seguramente la iniciativa sea ingresada por Diputados, donde se analiza cuestiones impositivas, pero todo el bloque misionerista está involucrado en el diseño del proyecto, bajo la mirada del gobernador Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira y el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, además del respaldo de las cámaras empresariales, lideradas por la Confederación Económica de Misiones.

Una vez que el proyecto ingrese al Congreso nacional, Misiones tendrá tres frentes abiertos de discusión y negociaciones con la Nación. El primero es el pedido de compensación por 126 mil millones de pesos, presentado en febrero, que incluye actualización de coparticipación y fondos para la protección del medioambiente, que limita la expansión de actividades agrícolas y los ingresos percibidos. 

También se debe revisar el proyecto de Presupuesto nacional para 2021, que ha sido poco generoso con la tierra colorada en cuanto a recursos y obras. Se gestionará un incremento de fondos -aumentan sólo 16 por ciento, con una proyección de mínima de una inflación del 29-, pero especialmente de obras, que son pocas y pequeñas, de escasa relevancia para lo que demanda el crecimiento de la provincia. 

El timming y los acuerdos que se logren en el Congreso serán vitales. Convencer al resto de los legisladores no será tarea sencilla en un escenario en que cada uno juega su juego y la grieta se hace más profunda entre oficialismo y Cambiemos. No fueron estos, buenos días para el debate de cuestiones de fondo. 

El ministro Martín Guzmán se anotó la primera pifia en el momento más inoportuno, durante la presentación del Presupuesto, cuando, a micrófono abierto, confesó ser capaz de sarasasear. Después quiso explicar que se refería a “hacer tiempo” hasta que se ponga a punto el powerpoint. 

El diputado salteño del Frente de Todos, Juan Marcelo Ameri se esmeró en superar el papelón cuando en plena sesión virtual y a la vista de todos, se puso a besar los pechos de su pareja para probar los resultados de una reciente operación estética. El pleno terminó aceptando su renuncia ante la magnitud del escándalo, con un voto en contra, el del misionero Alfredo Schiavoni. Punto a favor del diputado de Cambiemos: consideró que su colega toquetón debía ser expulsado y no aprobarle la renuncia. Expulsado, le cabe la inhabilitación. Con la renuncia, puede volver a ser candidato. 

En un contexto hipermediatizado es naif pensar que las acciones son menos relevantes que las palabras y vergonzante que alguien puede tolerar un manoseo público en la matrix de un zoom a la hora del té. La cosa pública, mucho más ante el hastío generalizado, exige mayor rigurosidad. La sarasa, aunque sacada de contexto, emparenta al emisor con aquel que se quería ir o el que proyectaba una inflación del 10 por ciento en el año récord de suba de precios. La sarasa embarra a un ministro que venía con valla invicta y se dejó hacer un gol de media cancha ante una hinchada contraria que se asusta por el degollado.

Los papelones y la agonía de la recesión que se profundiza en plena pandemia están esmerilando la imagen positiva de Fernández, pero es desmesurado atribuirle responsabilidad en males que vienen de arrastre de los últimos años. 

El PBI se derrumbó 19,1% en el segundo trimestre producto de la “parálisis” en los meses iniciales de la pandemia, entre abril y mayo. Fue el peor registro trimestral de la historia económica argentina. Superior a la caída de 16,3% en el primer trimestre del 2002 tras el estallido de la Convertibilidad y al 13,5% en el segundo  trimestre de ese mismo año. 

El desempleo aumentó del 10 por ciento dejado por Mauricio Macri al 13,1%, afecta a 2,3 millones de argentinos y es la cifra más alta desde 2004. La pérdida de puestos de trabajo en la Argentina está en el promedio mundial. La pandemia destruyó 495 millones de empleos y desplomó el salario en 3,5 billones de dólares. 

De todos modos, el Gobierno exhibe cierta lentitud en dar respuestas acorde a las urgencias, como la ley de emergencia para el turismo, a la que el Presidente tuvo que vetar artículos clave por errores en la redacción. 

En ese escenario complejo Misiones debe hacer oír su voz para que sean atendidas sus demandas. Las negociaciones, de todos modos, no serán breves, sino que el Gobierno provincial se prepara para una maratón en la que lo importante es llegar a la meta y no el tiempo empleado. Los argumentos son contundentes: con las fronteras cerradas, el circulante en Misiones creció en torno a los diez mil millones de pesos, registrado en una mayor facturación del comercio minorista, estimada en 6.500 millones y el comercio mayorista el resto. La recaudación impositiva se mantuvo constante en medio de una caída en el promedio país y la tierra colorada es la única donde en los últimos cuatro meses creció el consumo de cemento, cuando hay un desplome general. Recrear las condiciones de competitividad es lo que se requiere con la política impositiva diferencial. 

A diferencia de otros intentos, esta vez hay toda una provincia encolumnada, incluso los dirigentes de la oposición. 

Durante la entrega de viviendas del Procrear, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, volvió a reclamar al presidente Alberto Fernández una “política de frontera diferenciada” para ponerle fin a las asimetrías históricas con Brasil y Paraguay, que lleva a los misioneros a trasladarse a esos países para hacer compras, algo que implica una fuga de divisas.

El mandatario le contó al Presidente que durante los meses de aislamiento por la pandemia de coronavirus se incrementaron las compras de productos en Misiones y lo atribuyó al cierre de las fronteras. “Los misioneros han comprado en Argentina y no tuvieron que irse a otro país a comprar y llevar el dinero que muchas veces son dólares que se van”, declaró y consideró que la situación constituyó una “oportunidad” para la provincia en cuanto a ventas de productos locales.

“Lo que estamos viviendo refuerza nuestro pedido de una política diferencial para las zonas de frontera. Se trata de una deuda histórica que tiene el país central con las provincias periféricas como Misiones”, insistió.

En el sector empresario dejaron de lado egoísmos y entendieron que un beneficio parcial no sirve sino para agrandar las asimetrías internas. “El dinero de los misioneros tiene que quedar en Misiones, la gente va a trabajar, está consumiendo, prácticamente todas las industrias están trabajando al cien por ciento. Eso habla a las claras de que se han tomado las precauciones y esa plata se está reciclando en Misiones por primera vez en la historia”, explicó el presidente de la CEM, Alejandro Haene. El dirigente empresario también defendió el cierre de las fronteras, para proteger la economía, pero también la salud de los misioneros. “Debemos ser inflexibles”, sentenció. 

En esa línea de protección económica y de la salud se van dando las respuestas dentro de la Provincia. Misiones debe ser una de las pocas provincias que actualizó paritarias con los estatales, que ahora tendrán un piso salarial de 30 mil pesos. El sector docente fue uno de los más favorecidos, con un básico de 10.500 pesos, 80 por ciento por encima del básico en enero. Herrera Ahuad calculó que el Estado desembolsará 700 millones de pesos más con los incrementos. 

El propio Gobernador, cuya imagen positiva creció en el último mes, encabeza las reuniones para avanzar en la atención a las demandas más urgentes. El turismo, que todavía espera la reacción de la Nación, tendrá un paquete especial para sobrellevar el parate. Este lunes se presentarán los detalles de un programa pensado para las empresas del sector, con una baja en la alícuota de Ingresos Brutos para los hoteles de Puerto Iguazú y una reducción de la deuda de patentes para los vehículos destinados al turismo en Cataratas. Otro estímulo que presentará Herrera Ahuad es el Ahora Turismo durante todo el mes, en lugar del primer fin de semana. El beneficio regirá desde noviembre para fortalecer el turismo interno. Los hoteleros también tendrán una quita en los intereses de las facturas de energía eléctrica. 

En el Gobierno esperan que en los primeros días de octubre, dependiendo de la curva del coronavirus, el transporte se reactive. En cambio, el comité científico desaconsejó la vuelta a clases presenciales y es poco probable que haya novedades antes de fin de año. No se analiza únicamente la situación de los más chicos, sino el impacto de posibles focos en los núcleos familiares. Todavía no están dadas las condiciones.

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Concejales de Eldorado deberán “llevarse” a sus empleados cuando terminen su mandato

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La decisión forma parte de la reforma de la Carta Orgánica del municipio. Además se aprobó que cada edil podrá contratar hasta dos personas quedando una tercera a su cargo, y quienes quieran pasar a planta permanente deberán concursar.
A finales de octubre los convencionales constituyentes de Eldorado, deberán concluir el trabajo de reforma integral de la Carta Orgánica sancionada en el año 1991.
Entre los artículos que ya fueron aprobados, figura un límite para la contratación de personal por parte de los concejales. Podrán, con el sueldo del cuerpo deliberativo, contratar hasta dos empleados, quedando el tercero a cargo del edil.
Hoy, cada concejal – siete en total – puede contratar la cantidad de empleados que considere necesario y es el Concejo el que abona los sueldos.
Asimismo, se incluyó que esos empleados no podrán pasar a planta permanente y deberán “irse” con el funcionario cuando termine su mandato, por su condición de empleado temporal. Los trabajadores que quieran pasar a planta permanente deberán concursar y demostrar “idoneidad”.
Además, los convencionales constituyentes aprobaron limitar el mandato del intendente a dos periodos y crearon la figura del vice intendente.  
A fines de octubre deberán concluir el trabajo que pasará a la comisión de revisión para la aprobación en general.

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Se suspendió la presentación del nuevo Código Penal por falta de consenso

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El Gobierno de Mauricio Macri resolvió hoy suspender por segunda vez la presentación del proyecto de ley de reforma del Código Penal que se iba a hacer el próximo martes y por ahora no se informó de una nueva fecha. El motivo fue una discrepancia sobre un artículo sobre la despenalización del aborto , cuya legalización fue rechazada por el Senado hace apenas una semana. Tampoco hubo consenso para la tenencia de drogas para consumo personal.
Por falta de consenso sobre la legalización del aborto y la tenencia de drogas para consumo personal, el Gobierno suspendió la presentación del anteproyecto de ley sobre el Código Procesal Penal que iba a encabezar el presidente Mauricio Macri el martes 21 de agosto a las 15 horas en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
“Nuestro trabajo ya está hecho, pero queremos mandarlo cuando haya consenso en el Congreso”, le confió una fuente gubernamental a TN. “La presentación se suspendió hasta nuevo aviso”, insistió.
Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno resolvió no avanzar por ahora para no reavivar el tema del aborto, poco tiempo después del rechazo legislativo, cuando fue un tema muy divisivo social y políticamente. Dijeron entonces que se presentaría antes de fin de año, pero sin dar precisiones.
La inclusión de ciertas causales, como abuso sexual y salud mental, para permitirle a una mujer que aborte sin tener consecuencias legales todavía provoca internas incluso dentro del Gobierno.
En la madrugada del 9 de agosto, con 38 votos en contra y 31 a favor, el Senado rechazó el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que había obtenido media sanción en Diputados.
Un sector del Gobierno, entonces, intentó incluir algunas causales en el anteproyecto sobre el Código Procesal Penal, pero, como no hubo acuerdo, suspendió la presentación del mismo.
La posible despenalización de la tenencia de sustancias para consumo también tuvo miradas contrapuestas. La nueva idea del Gobierno, entonc es, podría ser sumar otras iniciativas para alcanzar un consenso generalizado. Así, quiere garantizarse que cuando envíe el anteproyecto sobre el Código Procesal Penal sea aprobado por ambas cámaras para no revivir lo sucedido con el debate por el aborto legal.
Extraoficialmente se supo que, dentro de la discusión talló la postura de un sector del Gobierno que habría propuesto directamente eliminar el artículo 88 del Código. Ello desató una disputa con la comisión redactora del Código Penal, que preside el juez Mariano Borinsky en el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con algunas interpretaciones, la eliminación de ese artículo implicaría en los hechos una legalización (del aborto). Ello es así porque ese punto establece penas de uno a cuatro años de prisión para la mujer que incurra en esa práctica.

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Consensos con mirada federal sobre el nuevo Código Procesal Penal

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, participó de una mesa debate con Rodolfo Urtubey, Eduardo Casal, Stella Maris Martínez y Miguel Piedecasas sobre los mecanismos para avanzar en la implementación del sistema acusatorio penal.
En la reunión “Consensos por el nuevo Código Procesal Penal Federal”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, debatió con autoridades de los tres poderes sobre los consensos alcanzados en torno a la reforma de ese texto normativo. Participaron el presidente de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Rodolfo Urtubey; el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; en representación de la Corte Suprema, el juez Julián Ercolini; el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal; y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.
En el piso 11 de la sede ministerial, el ministro, junto a fiscales, jueces y defensores de todo el país, también concretó una puesta en común de las necesidades y los aportes que se realizarán para poder implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal. El proyecto fue presentando en octubre de 2016 en el Senado y se estima que este año será discutido en el Congreso. Busca modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales.
“El nuevo proyecto del Código Procesal Penal fue elaborado en el marco de diálogo institucional que promueve el programa de gobierno abierto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A partir de reuniones con actores judiciales, instituciones y la sociedad civil, se generó una norma jurídica que establece procesos ágiles y transparentes a través del juicio oral y público, y que da un rol protagónico a la víctima durante el proceso penal”, dijo Garavano.
El ministro explicó que la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un profundo cambio en el sistema judicial. “Implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa penal. Por eso es imprescindible contar con la puesta en común de un criterio federal para la elaboración del plan de implementación”, destacó.
Este Código nació de la modificación del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. La diferencia radica en que mientras el antiguo proyecto se instauraba como un cuerpo normativo “nacional”, la propuesta “federal” responde a que se pensó de modo que su aplicación pudiera ser efectiva en todo el país sin entorpecer la adaptación gradual de las diferentes jurisdicciones, y los cambios que trae aparejado.
En ese sentido, Garavano se refirió a la importancia de “avanzar hacia un sistema adversarial”, en el que los fiscales son los que investigan y no los jueces. Y señaló que de la mesa que se conformó surgirán las acciones que se deberán tomar para cumplir la meta de octubre: ese mes se prevé que el Código esté en pleno funcionamiento. Y precisó que se necesitarán entre cinco y siete años para que su aplicación sea total en todo el país. “Estamos planificando una implementación que llegue en última instancia a las provincias con estructuras más complejas y mayor cantidad de casos”, explicó.
Garavano también indicó que este nuevo cuerpo normativo viene acompañado de medidas que, entre otras cosas, lograron en 2017 fuera mayor el número de personas privadas de su libertad con condena que las que estaban procesadas.
Un proyecto enriquecido
El senador Rodolfo Urtubey señaló la importancia de pasar a un sistema en el que los fiscales sean los encargados de llevar adelante las investigaciones: “Hoy todo se juega en la etapa de instrucción, donde un dictamen prácticamente es una condena”. “El proyecto sancionado en 2015 (en relación al viejo proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación) ha sido enriquecido con institutos que se han incorporado en los últimos dos años”, destacó. Se refirió así a la figura de flagrancia, a los juicios unipersonales y la Ley de Víctimas, entre otros.
“La mejor política es el resultado de los consensos. Estoy impresionado por la cantidad y calidad de actores del proceso judicial penal presentes en esta mesa”, afirmó Urtubey.
El titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, señaló que implementar este Código se tratará de un “cambio cultural, un cambio de diseño. El Consejo va a asumir su responsabilidad institucional para que esto suceda”, adelantó.
La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, dijo que “se equivocan al decir que no nos convienen” los cambios en relación al tipo de investigación y a los procedimientos penales. Es que, explicó, uno de los principales problemas que tienen las personas privadas de su libertad es la falta de certeza con respecto a su condena, y con estas metodologías este aspecto se resuelve más rápidamente.
“Para las personas detenidas, las angustias y sufrimientos que provoca no saber qué pasa con ellos es fundamental. Quieren ser condenados o liberados”, destacó. Y agregó que el sistema acusatorio con audiencias públicas es transparente: “La sociedad podrá juzgar cómo trabaja la justicia”.
Formaron parte de la mesa de trabajo el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el jefe Gabinete de la cartera, Martín Casares; el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benítez; y el representante del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache. También el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi; el presidente de la Cámara Federal de Salta, Ernesto Sola Espeche y su par de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Díaz Cordero y el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato.
Las experiencias provinciales
Por la mañana hubo otra una reunión de trabajo con operadores del sistema de justicia que intervinieron en reformas procesales penales en distintas provincias: Catamarca, Salta, Córdoba, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.
Durante la reunión, Benítez destacó: “El trabajo en equipo con personas que a nivel provincial ya han visto estas modificaciones con distintas magnitudes y desde distintos puestos institucionales, es clave para el proceso de reforma. Es necesario conocer las experiencias del sistema acusatorio en las jurisdicciones provinciales, para conocer los desafíos que supone la Reforma Procesal Penal Federal”.

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