EL último informe de Coyuntura del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) hace foco en la negociación con el FMI.

El desempeño económico del año 2022 va a estar definido por la forma en la que se resuelva el conflicto con el Fondo Monetario Internacional. Superados los efectos más duros de la pandemia, este es el principal escollo que tiene la economía argentina hacia adelante. El gobierno busca crear un estrecho sendero entre dos grandes posibilidades dicotómicas en la negociación con el FMI. A grandes rasgos, existen dos alternativas.

En un camino, el acuerdo podría implicar un tradicional programa fiscal y cambiario del Fondo, ligeramente aliviado por la ausencia de reformas estructurales en el régimen laboral y de privatizaciones. Traducido en medidas, implicaría un ajuste del tipo de cambio más brusco, fuerte suba de tarifas y contracción del gasto público. El giro ortodoxo del oficialismo implicaría, con matices, la continuidad de una línea más o menos ortodoxa pero alineada con el organismo por parte de las dos grandes fuerzas políticas que, hasta la última elección, siguen organizando el sistema político: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En términos económicos, los efectos de estos programas son sabidos: pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de las mayorías, con reducción de la demanda interna provocando la interrupción de la reactivación económica. En términos políticos, reduciría el caudal electoral del Frente de Todos de cara a 2023, mientras crece el descontento de la población con los “políticos” y aumenta el caudal electoral de las posiciones
extremas.

El otro camino es avanzar con lo que se tiene, al estilo del modelo Duhalde-Lavagna-Kirchner. Los primeros, más por fuerza y negativa del Fondo que por convicción propia, tuvieron que tomar las medidas que necesitaba la economía argentina para salir de la debacle sin la venia externa.

Kirchner comprendió que el resultado de la negociación con el Fondo dependía de la situación interna, y no al revés. De hecho, el Fondo firmó un acuerdo cuando su aporte ya resultaba prescindible y la economía argentina se recuperaba por sus propios medios. Fortalecer el empleo y los ingresos en la base social, en un esquema que no sea simplemente la posición heterodoxa ingenua de gastar, estimular la demanda y crecer hasta pegarse la frente con la brecha externa, sino hacerlo en los sectores que solucionan problemas sociales urgentes, generan mucho empleo y requieren pocos insumos importados. Elegir dónde y con quiénes crecer. La escasez de divisas pone un límite muy concreto a la política de reactivación tradicional que no puede desconocerse.

Mientras tanto, se espera el envío del programa plurianual al Congreso cuyo contenido es aún incierto. La inclusión de metas concretas en un contexto de tan elevada incertidumbre no aportará significativamente a despejar el horizonte y recrear la confianza. Metas asociadas al crecimiento, incremento de las exportaciones y reducción de la pobreza son expresiones de deseo que difícilmente se puedan criticar. Las medidas concretas para alcanzar esos objetivos desde la visión del gobierno no van a aparecer detalladas en esa ley sino que van por proyectos separados (ley de hidrocarburos, puente al empleo, hidrógeno y el propio presupuesto 2022).

Una definición clave en el acuerdo con el Fondo tampoco va a aparecer en el programa plurianual ¿Cuál será el esquema cambiario el año que viene? Cualquier esquema cambiario tiene que contar con el plus de la “sorpresa”, si es anticipado en un proyecto de ley puede debilitar su funcionamiento a menos que sea tan restrictivo como la convertibilidad. Luego de las elecciones, el Banco Central redujo significativamente su intervención en el mercado del dólar financiero (MEP y CCL) pero no puede quedarse sin instrumentos para intervenir en la brecha cambiaria. Si eso sucede, la única alternativa para cerrar la brecha sería la devaluación del tipo de cambio oficial mientras se desregula el mercado cambiario. El riesgo de dicha medida es que se espiralice la inflación generando una desestabilización económica y social.

¿Qué define el “programa plurianual”?

No se habían terminado de contar los votos de las elecciones generales y el presidente ya había salido a poner en el centro de la agenda lo que considera más importante en los próximos meses: el acuerdo con el Fondo. La planificación del contenido del mensaje, que fue grabado y transmitido mientras se reportaban los datos de los comicios, da la pauta de la centralidad que el propio Alberto Fernández le asigna a la negociación. En esa alocución, que planteó como el inicio de una nueva etapa del gobierno, se anunció el envío al Congreso de un “programa plurianual que contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI” y remarcó “el pleno aval de todo el Frente de Todos” con el que cuenta el proyecto de ley. En el mismo discurso, planteó un fuerte rechazo al ajuste fiscal como camino para reducir el déficit.

Una primera cuestión es sobre los “entendimientos” que estén plasmados en el proyecto de ley. Todavía no hay garantía de que se haya acordado todo el programa con el Fondo. Por lo tanto, es improbable que sea “el acuerdo” lo que se someta a consideración del Congreso. En este caso, el proyecto puede tener algunos puntos que le sirvan al ministro Guzmán para decir “hasta acá es el consenso, más de esto no se puede”. Esta forma de presionar sin que se note es algo arriesgado en la medida que no nuclea a la opinión pública crítica del Fondo atrás del gobierno. Si se busca imponer condiciones al organismo, la clave está en tomar medidas económicas que recompongan fuertemente la actividad, el empleo y los ingresos. A puertas cerradas, el Fondo es impermeable a la presión de la opinión pública que, aunque debilitada, sigue acompañando al gobierno en un porcentaje no despreciable.

Al día de hoy, son varias las incógnitas que persisten sobre el contenido “plan plurianual”. En lo político, puede significar una búsqueda por compartir los costos de un eventual programa que imponga austeridad en las cuentas fiscales. Para eso, la oposición le exigirá al gobierno un nivel de detalle respecto del programa que no está en condiciones de dar. Para que Juntos por el Cambio le dé un aval al acuerdo, por lo menos le va a pedir al gobierno que se comprometa a hacer el trabajo sucio que ellos consideran indispensable: que el Banco Central no asista para nada al Tesoro con el consiguiente ajuste fiscal, y algunas reformas liberales. Este combo puede ser todavía más duro que lo que pida el propio FMI.

En lo económico, el gobierno ya ha ido avanzando en algunos puntos que claramente están alineados con pedidos que típicamente hace el fondo. Por un lado, la doble indemnización y la prohibición de despidos ya no presionará sobre los “costos laborales”, el caballito de batalla del establishment para explicar la baja creación de empleo. La búsqueda de apoyo en sectores económicos y sociales como el empresariado y la CGT hace pensar que no se avanzará mucho más en las típicas “reformas estructurales” (laborales, privatizaciones y desregulaciones). El segundo cambio, y más sensible por su relevancia macroeconómica, se dio en lo relacionado a la brecha cambiaria. Desde la semana posterior a las elecciones, el BCRA ya no interviene como lo venía haciendo en el dólar MEP y CCL a través del bono AL30.

Un esquema cambiario por definirse

Recapitulemos la situación. A partir de los controles cambiarios, apareció la famosa “brecha” y, con la ingeniosidad característica que tenemos para los arbitrajes financieros, surgió el dólar MEP y contado con liqui a través de bonos y acciones (absolutamente legal, pero restringido para un sector algo sofisticado en el manejo de instrumentos financieros). Esta operatoria implica comprar algún bono o acción pero no buscando un rendimiento sino venderlo en otra moneda, para comprarlo en pesos y venderlo en dólares. Para el sector informal o no bancarizado, quedó el dólar blue que, con distinto volumen, siempre seguirá existiendo dado que hay una parte importante de nuestra economía que funciona al margen de las regulaciones fiscales. En resumen, hay tres mercados para el dólar: el oficial, el financiero y el informal. En el financiero es donde se dieron los cambios más importantes las últimas semanas.

El gobierno, a través del BCRA y otros organismos públicos, venía interviniendo en el precio del dólar MEP pero principalmente en el que se hacía con un bono en particular (AL30). Si se utilizaba este bono, se terminaba consiguiendo dólares a $180 la semana antes de las elecciones pero con un límite de USD 17.500 semanal. Un tope nada despreciable para un común de a pie pero para las empresas que vienen gozando las mieles de la reactivación con salarios retrasados, podía quedarse corto. Por eso, para no verse limitados en la cantidad que podían operar, se usaban otros bonos (por ejemplo, el GD30) pero ahí el tipo de cambio terminaba siendo de $215. Es decir, había una brecha dentro de la brecha. Para mantener controlado el dólar MEP por medio del AL30, el BCRA llegó a poner más de USD 2.000 millones a lo largo del año. Ni bien se contaron los votos, el BCRA dejó de poner los 50 a 100 millones de dólares que venía dejando en el dólar MEP e inmediatamente se fue arriba de los 200. No ocupó las tapas de diarios, no se habló de devaluación pero fue un cambio importante en la política cambiaria que está bastante en sintonía con lo que nos imaginamos le puede llegar a pedir el FMI a Alberto Fernández.

Si el escenario cambiario queda configurado como está actualmente, será un poroto anotado para los intereses del Fondo. Lo único que le preocupa a los acreedores externos es que el BCRA no pierda dólares en intervenciones, que compre todos los dólares que haga falta al precio que sea porque con esos dólares se va a tener que cancelar las deudas con los acreedores privados y, en algún momento, con el propio Fondo. Sin embargo, resulta muy riesgoso hacer caso a la tradicional recomendación de no intervenir en la brecha cambiaria.

Así como interviene en el dólar oficial a $100 y acumula reservas, el BCRA necesita tener algún esquema de intervención sobre la brecha cambiaria para ir reduciéndola y acercarla al valor del dólar oficial (a un nivel que sea funcional a diversos objetivos productivos, distributivos y financieros que no es necesariamente cero). El propio gobierno experimentó la importancia de intervenir en el dólar paralelo en la corrida de agosto y septiembre de 2020. Desde nuestra perspectiva, es el principal aspecto a prestarle atención en la política económica los próximos meses porque rara vez el ajuste no estuvo protagonizado por el tipo de cambio. El mero ajuste fiscal es el perro chiquito del meme frente a los ajustes que se aplican vía la política cambiaria.

Antecedentes del FMI y la brecha cambiaria: el caso Islandia

El caso de Islandia es relevante para tener en cuenta porque también tuvo que resolver un problema con la brecha cambiaria en el marco de un acuerdo con el FMI recientemente. El interés es mayor porque Julie Kozack, quien está al frente de la negociación con nuestro país, fue quien también estuvo a cargo de la misión del Fondo en Islandia durante ese acuerdo. En 2008, el país nórdico firmó un acuerdo stand by con el organismo y, a lo largo de casi 10 años, aplicó un esquema de subastas de divisas (en este caso, principalmente euros) para lograr que converjan el tipo de cambio oficial y el paralelo. El tipo de cambio paralelo era tan alto que resultó atractivo para inversores extranjeros que lo usaron para ingresar inversiones en la economía real. Con eso, pasaron el stock de moneda extranjera en mano de los residentes del 40% al 3,5% del PBI. Fue una forma de aceitar el ingreso y la salida de distintas posiciones de inversión hasta ir hacia un mercado de cambios único.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre la situación de nuestro país y la de Islandia hace algunos años. En el caso de Islandia, la presión en el tipo de cambio venía principalmente por fondos externos que habían quedado “atrapados” en un esquema de carry trade. Algo de eso pasó con los fondos PIMCO y Templeton, que ingresaron de la mano del entonces ministro Caputo y todavía tienen posiciones en nuestro país por un monto cercano a los USD 3.000 millones. Pero los fondos atrapados no son el principal problema de la Argentina. PIMCO y Templeton pueden terminar de irse y, así y todo, la presión por la dolarización local va a seguir presionando sobre la brecha. Las características estructurales de nuestra economía bimonetaria y con elevada informalidad, impide pensar que la brecha se resuelva cuando una serie de actores internacionales dolaricen sus tenencias en pesos y se despidan del país. Toda nuestra cúpula empresarial y sectores de elevados ingresos tiene dolarizado parte de su circuito financiero, hecho que se extiende hasta las capas trabajadoras con alguna capacidad de ahorro.

A fuerza de voluntad

El equipo económico tratará de presentar todo el pliego de reivindicaciones como el producto de decisiones concertadas con el propio establishment local. Sin embargo, sólo hay una forma de llevar adelante un programa bajo esa premisa y es estar todavía más a la derecha del Fondo, sobrecumplir todas sus expectativas a la manera que lo hizo el expresidente Macri y, a juzgar por sus recientes declaraciones, volvería a reincidir. Un programa 100% definido por la Argentina es algo que el Fondo no va a estar dispuesto conceder porque, en caso de hacerlo, traicionaría el mandato de veedor y supervisor que le asignan las potencias que lo financian y los acreedores privados que están a la espera de sus pagos en dólares.

Poner toda esa plata para apostar a la continuidad en el gobierno de un partido político afín al poder financiero externo (Cambiemos), para luego asumir sin chistar lo que proponga el peronismo ahora gobernante, suena más a un cuento infantil que a una posibilidad geopolítica (aún considerando el cambio de color político en el gobierno de EEUU). Si se quieren ganar grados de libertad en la negociación, será por la vía de reactivar la economía, generar puestos de trabajo y mejorar los ingresos de las mayorías, para ensanchar el caudal político del oficialismo de cara a las negociaciones con el fondo. Ahora, pasados ya 2 años de gobierno y con vencimientos en el corto plazo, el tiempo condiciona más todavía.

La gestión se ocupa de mostrar que no está todo perdido, que mantiene caudal político y apoyo social mientras que también hay actores de peso en el establishment local e internacional dispuestos a acompañar un proceso de negociaciones que termine en un acuerdo amigable con el Fondo. Pero es un juego delicado tratando de dar señales para un lado y acciones para el otro. Es un ejercicio confuso, que el gobierno viene practicando desde el primer día y todavía persiste pese a sus magros resultados.

El proclamado consenso interno respecto del “programa plurianual” también es una gran incógnita, especialmente su apoyo del ala “K”. Sin bien Cristina nunca se caracterizó por patear la mesa del sistema financiero internacional, sus dirigentes deben contener cotidianamente a una juventud que ingresó a la militancia con otras consignas y hoy ven cómo el atractivo está en opciones más radicalizadas por derecha o izquierda.

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