La decisión de postergar su implementación “es un paso en la dirección correcta” y se alinea con las numerosas gestiones y planteos realizados por el Gobierno argentino y garantiza que las exportaciones agropecuarias argentinas a la UE no estén sujetas a nuevos requisitos de naturaleza ambiental.

“La Argentina ha sido consistente en sus objeciones a esta normativa -de carácter unilateral- y ha aunado esfuerzos con el sector agroexportador para presentar información relevante que, a través de las gestiones diplomáticas y técnicas de la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), permita demostrar que nuestros productos de exportación a la UE conllevan un bajo o despreciable riesgo de deforestación”, señaló el Gobierno a través de un documento de la secretaría de Agricultura.

“La Argentina confía en que este año adicional ofrecerá la posibilidad de llevar adelante un diálogo constructivo con la Comisión Europea que aborde las preocupaciones de sus socios comerciales y dé lugar, en base a información fehaciente, a la reclasificación de la Argentina como país de bajo riesgo”, sostiene el documento.

“Nuestro país avanzará asimismo en el desarrollo de planes operativos conjuntos con las Autoridades Competentes de los Estados Miembros de la UE, a fin de facilitar los procesos de control de nuestras exportaciones y evitar impactos negativos en el comercio argentino. Asimismo, continuaremos promoviendo los esquemas de trazabilidad y certificación de la SAGyP para fortalecer la competitividad de nuestros exportadores de soja, carne y madera, y sus derivados, en el mercado europeo”.