La Secretaría de Agricultura incorporó formalmente al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) al procedimiento de reconocimiento de las Indicaciones Geográficas (IG) de vinos y productos vínicos provenientes de los países del Mercosur. La medida busca ordenar la aplicación del acuerdo regional, centralizar la evaluación técnica y dotar de mayor seguridad jurídica a un segmento donde el origen geográfico constituye un activo comercial de alto valor.

La Resolución 94/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que las Indicaciones Geográficas reconocidas en los Estados Parte del Mercosur para productos vínicos deberán atravesar el procedimiento previsto por la normativa argentina antes de obtener protección en el país. La novedad central es que ese análisis quedará bajo la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) cuando se trate exclusivamente de vinos y productos de origen vínico.

La decisión complementa la reglamentación aprobada en mayo de este año para implementar el Acuerdo de Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas del Mercosur, incorporado al derecho argentino mediante la Ley 27.765.

Un cambio institucional para un activo estratégico

Las Indicaciones Geográficas constituyen un sistema de protección intelectual que vincula la reputación y determinadas características de un producto con su lugar de origen. En el negocio vitivinícola representan mucho más que una denominación: funcionan como un diferencial competitivo que agrega valor comercial, facilita el posicionamiento internacional y protege a productores frente al uso indebido de nombres geográficos.

Con la nueva resolución, el Gobierno determina que el INV será el organismo técnico encargado de evaluar las solicitudes vinculadas a vinos y productos vínicos, utilizando el marco previsto por la Ley 25.163, que regula las denominaciones de origen e indicaciones geográficas del sector vitivinícola argentino.

La medida no modifica el acuerdo regional ni crea nuevos derechos, sino que define con mayor precisión cuál será la autoridad competente para llevar adelante las evaluaciones técnicas dentro del país.

Para las bodegas y exportadores, la resolución aporta previsibilidad institucional en un mercado donde la certificación del origen constituye un elemento central para acceder a segmentos de mayor valor agregado.

Entre los principales efectos se destacan mayor especialización técnica en la evaluación de Indicaciones Geográficas vinculadas al sector vitivinícola. Unificación de criterios bajo el organismo que ya administra las denominaciones de origen y las IG argentinas. Mayor seguridad jurídica para el reconocimiento de denominaciones provenientes del Mercosur. Sin impacto fiscal ni creación de nuevas estructuras administrativas, ya que la resolución aclara que las funciones serán absorbidas por el INV con los recursos existentes.

Alcance regional y oportunidades

Aunque el NEA no posee una industria vitivinícola comparable con otras regiones del país, la resolución adquiere relevancia para las empresas vinculadas al comercio exterior, la distribución de vinos, la gastronomía premium y el turismo, actividades que incorporan productos certificados por origen como parte de su estrategia comercial.

También fortalece el proceso de armonización regulatoria dentro del Mercosur, un aspecto relevante para las economías regionales que buscan proteger productos diferenciados mediante sistemas de calidad e identidad territorial.

La decisión refleja una tendencia creciente en el comercio internacional: los atributos vinculados al origen, la trazabilidad y la autenticidad ganan peso como herramientas de diferenciación frente a mercados cada vez más exigentes.

El próximo paso será observar cómo se implementa el procedimiento de evaluación y reconocimiento de las Indicaciones Geográficas provenientes de Brasil, Uruguay y Paraguay, así como el impacto que esta coordinación institucional tendrá sobre futuras solicitudes de protección dentro del bloque. Para la vitivinicultura argentina, consolidar reglas homogéneas en materia de propiedad intelectual constituye un componente estratégico para sostener el posicionamiento de sus productos en el mercado regional.