La transición hacia la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal tendrá un impacto inmediato sobre uno de los principales costos de la logística exportadora argentina: el peaje. A través de la Resolución 105/2026, la Administración General de Puertos (AGP) prorrogó la bonificación vigente para el tramo Santa Fe-Confluencia de la hidrovía hasta que la nueva concesionaria tome formalmente el control del servicio.

La medida busca garantizar previsibilidad para las empresas que utilizan la hidrovía mientras se completa el proceso de traspaso a la unión transitoria conformada por Jan de Nul N.V. y Servimagnus S.A., adjudicataria del nuevo contrato de concesión otorgado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

En los hechos, la resolución evita que los operadores enfrenten un incremento inmediato en los costos de navegación. El transporte internacional continuará abonando un peaje bonificado de US$ 1,30 por tonelada de registro neto (TRN), el mismo valor que se viene aplicando desde comienzos de este año.

La decisión tiene especial relevancia para el comercio exterior argentino. La Vía Navegable Troncal concentra la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país y constituye el principal corredor logístico para la salida de granos, aceites, harinas, minerales y otros productos con destino a los mercados internacionales.

Desde el Gobierno explican que la continuidad de la bonificación responde a razones tanto administrativas como económicas. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación, creada a comienzos de 2025 tras la reorganización del sistema portuario nacional, continúa atravesando un proceso de transición institucional que demoró la conformación definitiva de la Mesa de Trabajo encargada de revisar la estructura tarifaria del tramo Santa Fe al Norte.

En paralelo, la nueva concesión ya fue adjudicada y el contrato fue firmado el pasado 8 de julio de 2026. Sin embargo, el acuerdo prevé un período previo a la denominada “toma de posesión” del servicio, instancia que marca el inicio efectivo de las operaciones por parte de la nueva empresa concesionaria.

Hasta que ese proceso concluya, el Ejecutivo optó por mantener sin cambios el esquema tarifario vigente para evitar incertidumbre entre armadores, exportadores y operadores logísticos.

La historia reciente de este peaje explica la cautela oficial. La tarifa originalmente fijada en 2022 había generado fuertes cuestionamientos por parte de usuarios y entidades representativas del sector, que incluso impulsaron acciones judiciales. Como consecuencia, el entonces Ministerio de Transporte suspendió su aplicación y posteriormente comenzaron a otorgarse sucesivas bonificaciones que fueron prorrogándose a lo largo de 2024, 2025 y 2026.

La nueva resolución mantiene esa política de transición y evita modificaciones tarifarias mientras cambia el operador de uno de los activos estratégicos más importantes de la infraestructura argentina.

Más allá del aspecto administrativo, la decisión también refleja una lógica de estabilidad económica. En un contexto donde la competitividad de las exportaciones depende en buena medida de los costos logísticos, mantener el peaje sin aumentos contribuye a reducir incertidumbres para las cadenas productivas que dependen de la hidrovía.

El desafío comenzará una vez que la nueva concesionaria asuma plenamente la operación. Allí deberán definirse las condiciones tarifarias de largo plazo, las inversiones comprometidas y el esquema de mantenimiento y dragado que sostendrá la competitividad del principal corredor fluvial del país durante los próximos años.