El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la puerta a un programa estatal de rescate para los clientes bancarios que atraviesan situaciones de mora. Su presidente, Santiago Bausili, ratificó que el Gobierno no utilizará recursos públicos, emisión monetaria ni subsidios de tasas para absorber los incumplimientos y sostuvo que la salida deberá construirse mediante acuerdos entre las entidades financieras y sus clientes.

La definición se produjo este jueves durante una conferencia de prensa realizada en la sede del BCRA, en la que Bausili presentó el Informe de Política Monetaria correspondiente al segundo trimestre del año. Su postura se alineó con las declaraciones previas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes también habían descartado una asistencia oficial frente al incremento de la morosidad.

“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro, y eso incluye una monetización de estas cuestiones. Seguimos viendo esto como una conversación entre privados”, sostuvo Bausili.

La definición implica que el Estado no asumirá el costo de las deudas impagas ni creará un mecanismo general para trasladarlo al conjunto de los contribuyentes. En cambio, las condiciones de refinanciación quedarán sujetas a la negociación entre cada banco y sus clientes, en un escenario en el que el sistema financiero ya comenzó a extender plazos y reducir tasas para determinados casos.

Bausili justificó esa decisión a partir de la experiencia histórica de la intervención estatal en contratos entre particulares. “En la historia, cuando el Estado se mete en medio de una conversación entre privados, típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas”, señaló.

El titular del Central agregó que las propias entidades financieras prefieren mantener el proceso fuera de una intervención directa del Estado. “Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que nosotros no nos metamos”, afirmó.

Desde la perspectiva oficial, además, el nivel actual de incumplimiento no constituye una señal de alarma sistémica. Bausili sostuvo que el ratio de morosidad “está en niveles normales” y “no preocupa”. También planteó que la dinámica de las deudas debe analizarse en períodos más extensos, debido a que los procesos de refinanciación no se resuelven de manera inmediata.

“Es un proceso dinámico en el que las deudas se refinancian a lo largo del tiempo, eso lleva meses”, explicó el presidente del BCRA.

El diagnóstico oficial coloca el problema de la mora en una zona intermedia: no representa, según el Gobierno, un riesgo que justifique un salvataje estatal, pero sí requiere que bancos y clientes encuentren mecanismos para reestructurar obligaciones que dejaron de ser sostenibles bajo las condiciones originales.

En esa línea, el Ministerio de Economía sostiene que las entidades financieras están refinanciando compromisos a tasas más bajas y plazos más extensos. La expectativa oficial es que esa dinámica permita reducir gradualmente el nivel de morosidad sin recurrir a recursos fiscales ni a mecanismos de expansión monetaria.

La postura representa un cambio relevante respecto de los esquemas de asistencia que trasladan al Estado parte del costo de los incumplimientos privados. El criterio elegido por la administración de Javier Milei es preservar la responsabilidad contractual entre las partes y evitar que el Tesoro o el Banco Central absorban pérdidas originadas en créditos otorgados por entidades financieras.

La discusión sobre la mora se produjo, además, en paralelo con un mensaje optimista del BCRA sobre la evolución de la actividad económica. Durante la presentación del informe monetario, Bausili anticipó que la inflación continuará desacelerándose y sostuvo que la expansión económica continuará durante los próximos meses.

Junto con el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, afirmó que el crecimiento comenzará a extenderse hacia distintos sectores de la economía y destacó la recuperación del consumo luego del denominado “shock monetario de 2025”.

La apuesta oficial es que una economía con menor inflación y mejores condiciones de crédito contribuya a recomponer la capacidad de pago de hogares y empresas. En ese escenario, la reducción de tasas y la extensión de plazos aparecen como herramientas privadas para contener la mora sin necesidad de una intervención estatal.

Para los deudores, sin embargo, el esquema implica que no habrá una solución general financiada por el Estado. La alternativa dependerá de la capacidad de cada persona o empresa para negociar con su entidad financiera condiciones compatibles con sus ingresos y compromisos, mientras los bancos deberán administrar el equilibrio entre recuperar créditos y evitar que una reestructuración termine profundizando los incumplimientos.

El Gobierno, en tanto, busca que la normalización se produzca dentro del propio sistema financiero. Bausili dejó así definida la hoja de ruta: sin emisión para cubrir morosidad, sin fondos fiduciarios y sin subsidios de tasas, pero con refinanciaciones privadas como mecanismo para absorber gradualmente el problema.