El sistema previsional argentino enfrenta un cambio de composición que expone una de sus tensiones estructurales: ANSES proyecta que el padrón de jubilados se reducirá en 104.760 personas durante 2027, mientras aumentará en 32.724 la cantidad de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La estimación forma parte de las proyecciones para el Presupuesto 2027 y vincula el fenómeno con la dificultad creciente de reunir los 30 años de aportes exigidos para acceder a una jubilación contributiva.

Según las cifras proyectadas, el padrón de jubilados pasaría de 5.590.521 personas en 2026 a 5.485.761 en 2027. En paralelo, los beneficiarios de la PUAM subirían de 220.308 a 253.032. También se prevé un aumento de los titulares del Seguro de Desempleo, de 118.868 a 130.324 personas.

La lectura relevante no está solamente en la cantidad de prestaciones, sino en el desplazamiento entre categorías. El sistema proyecta menos personas que acceden a una jubilación basada en aportes y más adultos mayores que deberán recurrir a una prestación no contributiva destinada a quienes no lograron completar la trayectoria laboral requerida.

El mercado laboral empieza a definir quién llega a la jubilación

La jubilación contributiva exige, como regla general, 30 años de aportes. Ese requisito convierte la historia laboral en una variable decisiva: no alcanza con llegar a la edad jubilatoria si durante las décadas anteriores predominó el trabajo no registrado, la intermitencia laboral o una inscripción previsional insuficiente.

La edad jubilatoria se mantiene en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. El problema aparece cuando una persona alcanza ese momento sin haber reunido los años de aportes necesarios. Las moratorias previsionales habían funcionado como mecanismo para completar períodos faltantes, pero esas herramientas dejaron de estar disponibles, de modo que el sistema vuelve a hacer más visible la distancia entre edad y trayectoria contributiva.

La proyección de ANSES puede leerse, por lo tanto, como una consecuencia diferida de la estructura del mercado de trabajo. Un empleo informal hoy no solamente implica menor cobertura durante la etapa activa: también puede convertirse, décadas después, en una dificultad concreta para acceder a una jubilación contributiva.

El crecimiento esperado de la PUAM refleja justamente ese punto de quiebre. La prestación está destinada a personas de 65 años o más que no reunieron los aportes necesarios y que cumplen requisitos de vulnerabilidad social, además de atravesar una evaluación socioeconómica y patrimonial.

En septiembre de 2026, la PUAM se ubicó en $342.906,56, según la actualización oficial de ANSES. A ese monto se sumó el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados por la medida.

El monotributo agrega otra grieta al problema

El debate previsional no termina en la cantidad de años aportados. También importa cuánto se aporta durante esos años. Un estudio del IERAL de la Fundación Mediterránea puso el foco sobre esa segunda dimensión al simular qué prestación podría financiarse con los aportes previsionales correspondientes a las distintas categorías del monotributo.

El ejercicio no describe cómo funciona actualmente el sistema previsional argentino, sino que construye un escenario hipotético de capitalización individual: supone que los aportes de cada trabajador se acumulan y luego se utilizan para financiar una renta vitalicia. Bajo el supuesto de que esos fondos solamente mantienen su poder adquisitivo frente a la inflación, los resultados muestran una brecha considerable respecto del haber mínimo.

En la categoría A, la más baja del monotributo, un hombre con 40 años de aportes reuniría recursos equivalentes al 9% de una jubilación mínima, mientras que para una mujer la proporción sería del 6%. En la categoría K, la más alta, los porcentajes subirían al 75% para un hombre y al 50% para una mujer.

La conclusión económica del ejercicio es que el problema previsional no puede explicarse únicamente por la cantidad de años registrados. También existe una diferencia importante entre el ingreso sobre el cual se calcula el aporte y el nivel de prestación que se pretende financiar en la etapa pasiva.

El IERAL estima que el aporte personal promedio representa alrededor del 11% del ingreso de un asalariado formal, 5% en el caso de los autónomos y apenas 1,1% entre los monotributistas. A su vez, el 55% de los monotributistas activos se concentra en la categoría A y el 78% pertenece a las categorías A, B o C, donde los aportes previsionales son menores.

Cuatro décadas de aportes tampoco garantizan el piso

La simulación adquiere otra dimensión cuando se incorpora un rendimiento real del 2% anual por encima de la inflación. En ese escenario, un monotributista de categoría K que aportara durante 40 años podría alcanzar el equivalente al 138% de una jubilación mínima en el caso de un hombre y el 99% en el de una mujer.

Pero el resultado cambia drásticamente en las categorías inferiores. Para que una persona de categoría A pudiera financiar una prestación equivalente a una jubilación mínima bajo ese supuesto, el estudio calculó que los aportes previsionales deberían aumentar 778% para una mujer y 725% para un hombre que deja pensión a su cónyuge.

La cifra muestra el tamaño de la brecha, pero también marca un límite para interpretar el problema: aumentar abruptamente los aportes de los trabajadores independientes podría mejorar la densidad contributiva futura, aunque también elevaría el costo de formalización de actividades de bajos ingresos.

El desafío pasa de pagar prestaciones a reconstruir trayectorias laborales

La combinación de las dos proyecciones plantea una discusión de mayor alcance para la política previsional. Por un lado, el sistema necesita financiar prestaciones para una población que envejece. Por otro, una parte creciente de quienes llegan a la edad jubilatoria puede no haber construido una trayectoria contributiva suficiente.

La respuesta, por lo tanto, no se agota en discutir el monto de la jubilación al momento del retiro. También involucra la calidad del empleo durante las décadas anteriores, la estabilidad de las trayectorias laborales, los incentivos a la formalización y la relación entre ingresos y aportes.

El aumento proyectado de la PUAM funciona como una señal concreta de esa transición. Si menos trabajadores reúnen los requisitos para una jubilación contributiva, el Estado debe sostener una mayor cantidad de prestaciones no contributivas. El problema se traslada así desde la historia individual de aportes hacia las cuentas públicas y la capacidad futura del sistema para garantizar ingresos durante la vejez.

El dato de 2027, entonces, no describe solamente cuántos jubilados habrá. Expone una pregunta más profunda: qué tipo de mercado laboral está construyendo la Argentina y qué nivel de protección previsional podrá ofrecer a quienes hoy trabajan, especialmente a quienes lo hacen de manera informal, independiente o con aportes reducidos.

Una reforma previsional sostenible debería abordar esa cadena completa. Mejorar la registración laboral, reducir la discontinuidad de los aportes, revisar la relación entre contribuciones y beneficios y generar mecanismos previsibles para quienes tienen trayectorias incompletas son piezas de un mismo problema. La cantidad de jubilados que aparece en el Presupuesto 2027 es, en última instancia, el resultado de decisiones laborales y previsionales acumuladas durante décadas.