El modelo Hassan para Oberá: menos tasas, atraer inversiones y devolverles protagonismo a los barrios
Hay una pregunta que atraviesa buena parte de las discusiones sobre el funcionamiento del Estado: ¿cuánto de lo que recauda una administración pública termina consumido por la propia estructura que necesita para cobrar? Pablo Hassan encontró una respuesta concreta al revisar una de las tasas municipales de Oberá. Más de la mitad de los casi 150 millones de pesos que ingresaban anualmente por la inspección de mercaderías en tránsito se destinaba a sostener el personal, el mantenimiento y la logística del propio sistema de control.
La conclusión derivó en una decisión política: eliminar la tasa y la casilla bromatológica, mantener las facultades de fiscalización sanitaria y devolver esos recursos al circuito económico privado.
Pero esa medida es apenas una parte de una transformación administrativa más amplia que el intendente obereño viene impulsando desde su llegada al municipio.
Durante una entrevista en los estudios de Open 101.7, Hassan desarrolló los fundamentos de la política tributaria prevista para 2027, explicó los cambios introducidos para facilitar la apertura de comercios y analizó la nueva dinámica política que, a su entender, está construyendo el gobernador Hugo Passalacqua con los municipios.
También dejó una reflexión sobre los límites de la gestión pública, la necesidad de administrar recursos escasos y la importancia de que sean los propios vecinos quienes definan las prioridades de inversión en sus barrios.
Una tasa de $150 millones
La eliminación de la tasa de inspección de mercaderías en tránsito es una de las principales novedades de la Tarifaria 2027 de Oberá.
Hasta ahora, los transportistas que ingresaban alimentos y otras mercaderías a la ciudad debían detenerse en una casilla municipal, someterse a controles y cumplir con los trámites y pagos correspondientes.
El procedimiento implicaba costos directos para los comerciantes, pero también tiempos de espera, gestiones administrativas y una estructura municipal destinada específicamente a sostenerlo.
“Tomamos la decisión, la más importante, de eliminar la casilla bromatológica y la tasa de inspección de mercadería en tránsito”, explicó Hassan.
“Son casi 150 millones de pesos que se devuelven al sector privado. Esto va a impactar de lleno en esos comerciantes y creemos que también en el consumidor por consecuencia”, sostuvo Hassan.
El intendente hizo una distinción importante: eliminar el cobro no significa abandonar los controles. La fiscalización continuará, pero se trasladará a los establecimientos comerciales que reciben y comercializan los productos.
“No es que dejamos de hacer el control. El control se va a hacer en los comercios. Hay que entender que los tiempos se van modernizando, que el Estado también se tiene que ir modernizando y hoy no es tan difícil saber a dónde va la mercadería y poder controlarla en el comercio”, explicó.
La decisión también estuvo respaldada por un análisis del costo operativo del sistema.
Hassan contó que, cuando se planteó la eliminación de la tasa, surgió una pregunta inevitable: cómo reemplazar los recursos que el municipio dejaría de percibir.
La respuesta apareció al revisar cuánto costaba recaudar ese dinero.
“Una gran parte de esos 150 millones, un poco más del 50%, se la llevaba el personal, el mantenimiento de esa casilla, toda la logística de la casilla”, detalló.
Para compensar los ingresos netos que se pierdan, la Municipalidad buscará ampliar la cantidad de contribuyentes registrados y mejorar el cumplimiento tributario.
Hassan señaló que existe un reclamo frecuente de comerciantes del centro y microcentro, que cumplen con sus obligaciones fiscales y observan que otros establecimientos, especialmente en zonas más alejadas, desarrollan actividades sin estar debidamente inscriptos.
La intención es incorporar esos negocios al sistema formal y distribuir de manera más equitativa las obligaciones tributarias.
“Tratar de reducir al máximo todas las cargas de tasas que tenemos. Venimos haciendo esto desde hace años. Desde que asumimos, todos los años hemos eliminado alguna que otra tasa”, afirmó.
Competir por inversiones con menos impuestos
La política tributaria municipal no se limita a la eliminación de la casilla bromatológica.
Hassan confirmó que Oberá mantiene un régimen de beneficios para quienes decidan abrir nuevos establecimientos comerciales.
El esquema contempla una exención del 100% de la tasa de comercio durante el primer año de actividad y del 50% durante el segundo.
La medida busca reducir los costos iniciales de los emprendimientos y facilitar la instalación de nuevos negocios en una ciudad que, según el intendente, tiene condiciones para ampliar su actividad económica.
Hassan aseguró que Oberá se encuentra entre las ciudades de primera categoría de Misiones con menores tasas comerciales y consideró que esa característica representa una ventaja para atraer capitales.
“Creo que es la más baja de las ciudades de primera categoría de la provincia y debe ser una de las más bajas del país también, en una ciudad de este tamaño, con este movimiento económico”, señaló.
El jefe comunal vinculó los incentivos tributarios con una estrategia de posicionamiento económico que no depende exclusivamente de la coyuntura actual. Su planteo es que la ciudad debe generar condiciones para recibir inversiones antes de que se produzca una recuperación más amplia de la economía.
“Creemos que Oberá es un lugar ideal para pensar en inversiones y para tratar de ir a posicionarse previo a que en algún momento la economía va a repuntar”, sostuvo.
En esa estrategia, la reducción de tasas es una herramienta, pero no la única. Hassan considera que los tiempos administrativos también influyen en la decisión de instalar un comercio, ampliar una actividad o desarrollar un emprendimiento.
De cinco meses a 72 horas
Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista apareció cuando Hassan reconstruyó cómo surgió la decisión de modificar el sistema municipal de habilitaciones comerciales.
Hasta hace poco más de un año, abrir formalmente un comercio en Oberá podía demandar entre cuatro y cinco meses.
El problema no estaba necesariamente en la documentación presentada por el interesado, sino en la cantidad de verificaciones que debía completar el municipio antes de autorizar el funcionamiento del establecimiento.
Las áreas de inspección acumulaban trámites y las demoras terminaban trasladándose al comerciante.
El punto de partida del cambio fue una conversación con una persona que había abierto un negocio en España. Hassan le preguntó cuánto había demorado en obtener la autorización. La respuesta fue contundente: 24 horas.
“Me explicó todo y listo, me junté con el equipo y les dije: miren, tenemos que trabajar de esta manera, este es el camino”, relató.
Lo que parecía una modificación sencilla terminó convirtiéndose en un trabajo de casi un año. El municipio debió revisar ordenanzas, procedimientos, requisitos y mecanismos de control que habían sido incorporados durante años a la estructura administrativa.
“Cuando nos pusimos a mirar las letras chicas, la cantidad de cosas que tuvimos que cambiar para poder adecuar esa habilitación express fue un montón. Fue un terrible laburo que se hizo. Casi un año de laburo”, contó.
El resultado es un sistema que permite obtener habilitaciones comerciales en un plazo de entre 24 y 72 horas, mediante un procedimiento basado en declaraciones juradas.
La modificación implica un cambio sustancial en la relación entre el municipio y el contribuyente.
En lugar de exigir todas las verificaciones antes de permitir el inicio de la actividad, el Estado acepta la documentación declarada por el comerciante y conserva la facultad de realizar controles posteriores.
“Vos firmás en carácter de declaración jurada un montón de documentos y nosotros te damos ya la habilitación definitiva”, explicó.
La contrapartida es la responsabilidad del solicitante respecto de la veracidad de la información presentada.
Hassan fue enfático al señalar que el régimen contempla sanciones para quienes falseen sus declaraciones.
“Es un poco cambiar el paradigma del Estado, digamos, y que el Estado confíe en el contribuyente”, resumió.
No todos los rubros están incluidos en el procedimiento simplificado.
Las estaciones de servicio, los establecimientos vinculados con la comercialización de gas y los negocios que manipulan sustancias químicas peligrosas continúan sujetos a inspecciones previas, debido a los riesgos asociados a esas actividades.
Sin embargo, el intendente aseguró que incluso en esos casos se modificaron los procedimientos para otorgar mayor prioridad a los controles y evitar las demoras que existían anteriormente.
La digitalización de los trámites constituye otro componente del modelo administrativo que describió Hassan.
El intendente explicó que los contribuyentes ya cuentan con herramientas para realizar pagos municipales sin necesidad de trasladarse físicamente a las oficinas públicas.
La Municipalidad dispone de plataformas electrónicas y mecanismos de débito automático que permiten cumplir con distintas obligaciones desde el domicilio.
“Hace ya muchos años el contribuyente de Oberá puede pagar absolutamente todo en el municipio sin tener que ir al municipio”, afirmó.
El objetivo, según explicó, es continuar revisando procedimientos y simplificando las gestiones que deben realizar los vecinos y comerciantes.
Hassan reconoció que existen otras modificaciones proyectadas que no pudieron incorporarse a la Tarifaria 2027 y que continuarán en estudio.
El criterio que atraviesa estas decisiones es reducir costos y tiempos administrativos sin comprometer el financiamiento de los servicios municipales.
“Tratamos, dentro de lo posible, sin desfinanciar al Estado municipal, de reducir al máximo todas las cargas de tasas que tenemos”, precisó.
Una nueva relación con el interior
La conversación también abordó el escenario político provincial y las transformaciones que Hassan observa en el funcionamiento del Gobierno de Misiones.
Consultado sobre los cambios impulsados por Hugo Passalacqua y el mayor protagonismo de los intendentes, el jefe comunal expresó una valoración positiva.
“Creo que fueron muy positivos todos los cambios. Creo que el estilo de gobierno provincial ha cambiado, ha mutado rotundamente para bien”, afirmó.
Para Hassan, una de las principales diferencias se encuentra en el diálogo. “Hay un mayor diálogo con los intendentes, hay una mayor participación con el interior”, destacó.
El intendente reconoció que esa apertura también genera nuevas demandas para la administración provincial.
Cuando un gobierno amplía sus canales de comunicación con los municipios y los vecinos, recibe más planteos, necesidades y solicitudes que debe procesar.
Sin embargo, consideró que esa dinámica permite identificar con mayor precisión cuáles son los problemas que requieren respuestas prioritarias.
“Es imposible que una gestión, tanto municipal, provincial o nacional, resuelva todos los problemas de la gente en una sola gestión o en un solo año”, sostuvo.
“Para fijar esas prioridades uno tiene que charlar con el intendente, con el vecino, con quien está en el lugar”, explicó.
“Si uno se cierra como Estado, no vas a poder identificar esas prioridades. Entonces hoy me parece que la apertura del Gobierno provincial ayuda a eso, a poder tener las prioridades y trabajar sobre eso primero, solucionar eso y después ir por otra”, planteó.
Setenta barrios y una billetera
La reflexión política derivó en una descripción del trabajo cotidiano de administrar Oberá.
Hassan explicó que aplica en su municipio el mismo criterio que valora en la relación entre la Provincia y los intendentes: presencia territorial, diálogo y establecimiento de prioridades.
La ciudad tiene 70 barrios, cada uno con necesidades de infraestructura, servicios y mejoras urbanas.
En ese escenario, el intendente considera indispensable explicar los límites de la capacidad financiera municipal.
Contó que, durante sus recorridas por obras públicas, es habitual que los vecinos se acerquen para reclamar intervenciones adicionales en calles cercanas o en otros sectores del barrio. Su respuesta, según relató, suele ser directa.
“Es imposible que nosotros solucionemos todo junto en un solo año. La ciudad tiene 70 barrios. Yo no solamente tengo que solucionar el problema en su barrio, también tengo que solucionar en otros barrios. La billetera es limitada, no ilimitada”, afirmó.
Hassan insistió en que una gestión necesita completar las obras iniciadas antes de asumir nuevos compromisos que no sabe si podrá cumplir.
“Terminemos esta obra primero, vecino, disfrutemos esta obra y después sentémonos a hablar de cómo vamos a resolver otras prioridades”, explicó.
El intendente vinculó esa metodología con la necesidad de ser sincero respecto de los recursos disponibles y los plazos de ejecución.
No se trata, según su planteo, de desconocer las demandas de los vecinos, sino de ordenarlas para evitar compromisos simultáneos que excedan la capacidad municipal.
El intendente propone que los propios habitantes de cada barrio discutan y acuerden cuáles son las obras o intervenciones que consideran prioritarias antes de trasladar sus pedidos al municipio.
La idea responde a una experiencia que, según contó, encontró al comenzar su gestión.
En distintos sectores de la ciudad había obras ejecutadas por el Estado que no respondían necesariamente a las necesidades que los vecinos consideraban más urgentes.
Algunas terminaron deteriorándose o sin recibir el cuidado esperado.
“Veía mucho eso: obras que el Estado fue y, sin consultar con los vecinos, hizo, impuso en un lugar y después nadie las cuidó, se destrozaron, los vecinos no sentían sentido de pertenencia”, recordó.
En determinados casos, aseguró, las intervenciones incluso generaban malestar porque los habitantes consideraban que los recursos podrían haberse utilizado para resolver otros problemas.
“Terminaban enojados porque decían: ¿para qué hacen esto? Mirá la cantidad de plata que gastan, tiran, derrochan. Si yo no quiero eso, quiero esto”, relató.
Por eso, Hassan considera que la discusión sobre las prioridades debe comenzar dentro de cada comunidad.
“Invito mucho también siempre a que en los diferentes barrios de la ciudad sean los vecinos los que tengan la discusión interna de cuáles van a ser esas prioridades y que después nos ayuden y nos traigan a nosotros esas prioridades”, explicó.
Reconoció que ese mecanismo puede generar diferencias entre los propios habitantes, porque no todos identifican las mismas necesidades.
Sin embargo, entiende que la discusión colectiva forma parte del proceso de construcción de acuerdos.
“Me parece que es la manera más democrática de llevar a cabo la gestión, que también haya democracia en los barrios y que los vecinos sean los artífices de decidir cuáles son las prioridades”, sostuvo.
