Productores yerbateros rechazan una nueva reforma del INYM y advierten que la crisis ya provocó pérdidas millonarias
La crisis yerbatera sumó un nuevo capítulo de tensión institucional. Representantes de asociaciones de productores acudieron al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para reclamar que su directorio se pronuncie frente a un proyecto de reordenamiento normativo impulsado desde la Nación que, según denunciaron, contempla la derogación de 21 resoluciones del organismo y su reemplazo por un nuevo instrumento regulatorio.
El planteo apunta directamente al futuro de las facultades del INYM y a su capacidad de intervención en el mercado yerbatero. Los productores consideran que una nueva reducción de sus atribuciones profundizaría los problemas de una actividad que enfrenta precios de la materia prima por debajo de los costos, dificultades financieras y un creciente deterioro de los ingresos de las familias rurales.
En entrevistas con Economis, Hugo Sand, referente de los productores yerbateros, y Ferreyra, director del INYM en representación de la producción, coincidieron en expresar preocupación por el alcance de la iniciativa, aunque con diferencias en el tono de sus cuestionamientos.
Sand responsabilizó directamente a la política económica del presidente Javier Milei y a la conducción del organismo. Ferreyra, en cambio, puso el acento en la necesidad de recuperar las facultades regulatorias del Instituto y evitar que las decisiones sobre la actividad sean transferidas a otros organismos.
El reclamo: que el INYM no pierda otras 21 resoluciones
El eje inmediato de la presentación es el proyecto de normalización o reordenamiento normativo que, de acuerdo con lo explicado por Ferreyra, propone dejar sin efecto 21 resoluciones dictadas por el Instituto.
La preocupación de las asociaciones es que la iniciativa implique una nueva reducción de las herramientas disponibles para ordenar la actividad, en un escenario donde los productores denuncian una marcada pérdida de capacidad de negociación frente a los compradores de hoja verde.
Ferreyra explicó que la presentación fue preparada con intervención del abogado Podolski y que busca obtener una respuesta institucional del directorio.
“Hay un proyecto de normalización normativa o reordenamiento normativo propuesto por la Nación que propone abrogar todas las resoluciones que tiene el INYM dictadas, son 21, y crear un instrumento nuevo”, señaló.
El director indicó que las asociaciones pretenden que el conjunto de los integrantes del organismo analice el planteo y se expida sobre sus consecuencias.
La discusión, por lo tanto, excede el contenido administrativo de las resoluciones. Lo que está en debate es qué capacidad conservará el INYM para intervenir en las relaciones comerciales entre productores, secaderos, industrias y demás actores de la cadena.
“Deberíamos estar viendo cuáles son las facultades que nos devuelvan, en vez de derivar aún más a otros, porque no viene solucionándose el tema”, sostuvo Ferreyra.
Hugo Sand: “No castren más a la ley yerbatera”
Hugo Sand fue mucho más contundente en sus cuestionamientos a la conducción del organismo y a la política nacional.
“Básicamente le estamos pidiendo al directorio del Instituto que no castre más a la ley yerbatera. Suficiente daño han hecho las políticas de Javier Milei implementadas en el Instituto por este Correa”, afirmó, en referencia a Rodrigo Correa.
El dirigente también cuestionó a representantes del sector productivo que, según su interpretación, acompañaron decisiones que debilitaron las facultades del Instituto.
Mencionó expresamente a Fracalossi, a quien reclamó escuchar a las asociaciones que representa, y a Watre, por su supuesto respaldo al proceso que Sand caracteriza como un desguace institucional.
“A ella no le corresponde personalmente el cargo, es de las asociaciones de productores”, expresó respecto de Fracalossi.
Sand explicó que el planteo fue elaborado con asesoramiento legal y contable, con el objetivo de que el directorio evalúe las consecuencias de las modificaciones regulatorias sobre la economía yerbatera.
Su posición parte de una premisa: el Instituto debe recuperar capacidad de intervención para equilibrar las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena, especialmente en la determinación de condiciones comerciales para la materia prima.
De $400 a $180 por kilo: los números que denuncia la producción
Uno de los aspectos más fuertes del reclamo es la magnitud de las pérdidas económicas que Sand atribuye al cambio de política yerbatera.
El dirigente recordó que en 2023 los productores percibían alrededor de $400 por kilo de hoja verde y que, al comenzar la cosecha de otoño de 2024, el precio había descendido a $180.
Se trata de una caída nominal del 55%, sin considerar el efecto adicional de la inflación sobre el poder adquisitivo de los ingresos rurales.
Sand calculó que, si se toma una diferencia de $200 por kilo sobre un volumen cercano a los 1.000 millones de kilos de hoja verde, el sector habría dejado de percibir unos $200.000 millones en un año.
“Son 200.000 millones de pesos que no ingresaron al sector productivo el primer año, el segundo año lo mismo, el tercer año lo mismo”, sostuvo.
La cifra refleja la dimensión económica que el dirigente atribuye al deterioro de los precios, aunque corresponde distinguir entre su estimación y una medición contable de pérdidas efectivamente verificadas. El cálculo supone una diferencia uniforme de $200 por kilo sobre un volumen aproximado de producción y no contempla las variaciones de precios, cantidades y condiciones de comercialización de cada período.
En términos económicos, el problema no se limita al menor precio nominal de la hoja verde. También afecta la disponibilidad de capital de trabajo, la capacidad de financiar nuevas cosechas y la posibilidad de sostener inversiones en las chacras.
Sand aportó otro ejemplo: aseguró que hubo yerba entregada en agosto de 2026 a $300 por kilo, con cheques cuyo vencimiento se extendía hasta el 15 de enero siguiente.
Esto implica que el productor no solamente recibe un precio que considera insuficiente, sino que además debe financiar durante varios meses al comprador de su materia prima.
Con inflación y necesidades inmediatas de efectivo para afrontar salarios, cosecha, transporte y mantenimiento de las explotaciones, el diferimiento del pago agrega presión financiera sobre las economías familiares.
Cinco organizaciones y un informe técnico de 110 páginas
El reclamo reúne a cinco entidades: la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay (AYAU), Productores Yerbateros del Norte (PYN) y el Movimiento Agrario de Misiones (MAM).
El trabajo, elaborado con patrocinio del abogado Federico Padolsky, comprende 110 páginas y examina los efectos que podría tener la eliminación de las 21 resoluciones sobre registros, trazabilidad, fiscalización, calidad y condiciones de cosecha y comercialización.
La preocupación es que la simplificación administrativa propuesta por la Nación termine debilitando mecanismos que permiten documentar las entregas de materia prima y controlar las operaciones comerciales.
La posición oficial es diferente. El Gobierno nacional sostiene que la reforma busca eliminar regulaciones innecesarias, reducir obstáculos a la competencia y concentrar las funciones del INYM en la calidad y promoción de la yerba mate. Esa orientación quedó plasmada en el Decreto 812/2025 y en posteriores resoluciones del Instituto.
El punto de conflicto es si las disposiciones que se pretende eliminar constituyen obstáculos burocráticos o herramientas necesarias para proteger a los actores más débiles de la cadena.
Ferreyra advierte que los productores cobran la mitad de lo que vale su materia prima
El director por la producción describió una situación crítica para las chacras yerbateras. “Los productores están siendo explotados hoy por hoy porque están entregando al 50% de lo que vale su materia prima”, sostuvo Ferreyra.
Su preocupación no se limita al precio. También advirtió sobre las consecuencias sociales de la crisis, especialmente la salida de trabajadores rurales hacia otros países en busca de oportunidades laborales.
“Los tareferos migrando a otro país. Generalmente se hace eso cuando estamos en guerra y nosotros no estamos en guerra. Entonces, es muy grave lo que está pasando”, expresó.
Para Ferreyra, la migración laboral implica mucho más que un cambio de empleo. Supone abandonar la familia, la provincia y el país para conseguir ingresos que permitan sostener el hogar.
El dirigente consideró que la ley de creación del INYM ofrece un marco institucional para abordar los conflictos de la actividad y cuestionó que se avance hacia una mayor transferencia de responsabilidades a otros organismos.
Respecto de posibles medidas de protesta, explicó que las asociaciones definirán su estrategia y que los representantes de la producción acompañarán las decisiones que adopten.
La disputa por el futuro del Instituto
La discusión se produce después de sucesivas modificaciones regulatorias que cambiaron las condiciones de funcionamiento del mercado yerbatero.
El DNU 70/2023 inició una transformación del régimen de intervención del Instituto. Posteriormente, el Decreto 812/2025 estableció restricciones expresas a la posibilidad de dictar normas que interfieran en la formación de precios o en la interacción entre oferta y demanda.
La Nación defiende ese rumbo como una estrategia para mejorar la competitividad y reducir costos regulatorios. Los productores que impulsan el reclamo sostienen, por el contrario, que la pérdida de herramientas institucionales agrava los desequilibrios comerciales y deja a los pequeños establecimientos en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La nueva propuesta coloca al directorio del INYM frente a una decisión relevante: determinar qué normas deben conservarse, cuáles pueden simplificarse y qué mecanismos de control continuarán vigentes.
Para las asociaciones, el riesgo es que la reforma avance mientras persisten los problemas de rentabilidad, financiamiento y comercialización.
Sand fue más allá de la discusión regulatoria y atribuyó a la política nacional una intención de avanzar sobre los recursos productivos de Misiones. “Ellos vienen por la materia prima que ya es regalada, pero vienen por la tierra, por el agua”, afirmó. Se trata de una interpretación política del dirigente, no de una finalidad acreditada del proyecto normativo.
La presentación abre así una nueva instancia de confrontación entre el sector primario y la política de desregulación nacional.
El reclamo inmediato es suspender el tratamiento de las 21 resoluciones y obtener un pronunciamiento del directorio. El problema de fondo sigue siendo cómo garantizar condiciones de comercialización sostenibles para los productores de hoja verde.
