La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó un nuevo marco normativo para el registro de contratos de exportación de bienes con cotización, concentrando en una única resolución procedimientos que hasta ahora se encontraban dispersos. La medida entrará en vigencia el 1 de agosto de 2026 y busca reducir la complejidad administrativa sin modificar la obligación central: registrar los contratos antes del embarque de la mercadería.

La Resolución General 5872/2026 tiene impacto directo sobre exportadores de productos agroindustriales y de otros bienes cuyos precios se determinan mediante cotizaciones internacionales. Para las empresas exportadoras, el principal cambio no pasa por nuevas exigencias sino por la estandarización de los procedimientos, un aspecto que reduce incertidumbre regulatoria y facilita el cumplimiento tributario.

En un contexto donde el comercio exterior exige cada vez mayor trazabilidad documental, la consolidación normativa también fortalece la capacidad de fiscalización del organismo recaudador al concentrar reglas que anteriormente estaban distribuidas en distintas disposiciones.

Dos procedimientos según el tipo de mercadería

La nueva resolución establece una diferenciación clara entre los bienes comprendidos por la Ley N.º 21.453 —que regula principalmente contratos de compraventa de productos agrícolas con precio sujeto a cotización— y el resto de los bienes exportables que también poseen precios referenciados en mercados internacionales.

La segmentación apunta a respetar las particularidades operativas de cada actividad sin alterar el principio de control previo al embarque.

Para el sector agroexportador, la continuidad del régimen específico evita modificaciones sobre una operatoria ampliamente utilizada por exportadores de granos y derivados.

En paralelo, los demás exportadores contarán con un procedimiento claramente definido dentro del mismo cuerpo normativo, reduciendo superposiciones regulatorias.

Impacto para las empresas exportadoras

Desde la perspectiva empresarial, la principal ventaja radica en la simplificación administrativa más que en una flexibilización de controles.

Los principales cambios son unificación en una sola resolución las normas aplicables al registro de contratos de exportación con cotización. Se mantiene la obligación de registrar los contratos antes del embarque de la mercadería. Se diferencian los procedimientos entre productos alcanzados por la Ley 21.453 y otros bienes con cotización internacional. La nueva normativa comenzará a regir el 1 de agosto de 2026, aplicándose únicamente a las operaciones registradas desde esa fecha.

Qué implica para el sector productivo

Para las compañías exportadoras, especialmente aquellas con operaciones recurrentes en mercados internacionales, disponer de un régimen unificado reduce costos de cumplimiento asociados a la interpretación normativa y disminuye el riesgo de errores administrativos.

Aunque la resolución no modifica las condiciones comerciales ni los requisitos sustanciales para exportar, sí introduce mayor previsibilidad operativa, un factor relevante para sectores donde los contratos deben cerrarse con rapidez y los precios responden diariamente a mercados internacionales.

La continuidad del registro previo al embarque mantiene el esquema de control fiscal sobre operaciones vinculadas a bienes con cotización, preservando la información necesaria para el seguimiento tributario y aduanero.

La aplicación práctica del nuevo régimen permitirá medir si la simplificación normativa efectivamente reduce tiempos administrativos para los exportadores sin generar nuevas cargas operativas. Para las economías regionales y los complejos agroexportadores, la clave estará en verificar que la unificación de procedimientos se traduzca en mayor eficiencia documental sin alterar la dinámica comercial de las operaciones internacionales.