El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno Nacional al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias abrió un frente de posicionamientos contrastados entre las principales cámaras empresariales del país. Mientras algunas entidades ven medidas que podrían mejorar la seguridad jurídica y reducir costos laborales, otras advierten que la iniciativa profundizará la recesión, deteriorará la masa salarial y agravará el cuadro social.

Un debate abierto: apoyos condicionados y cuestionamientos estructurales

El proyecto ingresó hoy al Senado de la Nación, lo que activó una rápida reacción de actores clave del entramado pyme. Consultados por Noticias Argentinas, referentes de CAME, IPA y APYME coincidieron en que la reforma implica un giro profundo en las reglas del mercado laboral argentino, aunque discreparon sobre sus efectos económicos, sociales y productivos.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su vocero Vicente Lourenzo adelantó que la entidad todavía “analiza” el texto junto con su equipo legal y que aún no fijó una posición institucional. No obstante, señaló que la propuesta del Poder Ejecutivo contiene “artículos positivos y otros muy negativos”, lo que anticipa un debate interno en el principal nucleamiento nacional de pequeñas y medianas empresas.

La reacción más crítica provino de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). Su presidente, Julián Moreno, calificó el proyecto como “un tiro en el pie” para los trabajadores y alertó sobre el impacto directo en la demanda interna. “En esta relación desigual, sumada a la postura con la que viene amenazando el Gobierno Nacional, van a salir perdiendo los trabajadores y, por lo tanto, la masa salarial”.

Moreno enfatizó que el consumo interno, principal motor del sector pyme, depende del salario real, que —según advirtió— sufrirá una contracción si se aprueba la iniciativa. “Será algo que va a afectar a toda la sociedad más temprano que tarde”.

Además, alertó que la reforma formaliza vínculos laborales que no lo son, lo que consideró una forma de “disimular la pauperización del empleo”. Para APYME, el contexto recesivo agrava los riesgos. “Ninguna reforma aplicada en ningún lugar del mundo, en un momento recesivo como el actual, generó empleo, actividad o mercado interno. Nunca”.

El enfoque productivo: seguridad jurídica, fondos de cese y demandas de equilibrio normativo

En contraste con las advertencias de APYME, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó los aspectos del proyecto vinculados a la previsibilidad y protección jurídica, especialmente los referidos a sistemas alternativos de indemnización.

Rosato subrayó la relevancia del Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos instrumentos que —según explicó— aportan certidumbre tanto para empleadores como para trabajadores. “El empleador tiene que hacer un aporte del 3% de la masa salarial a una caja, que puede ser la del ANSES, donde se va acumulando y que va a servir para pagar las indemnizaciones”.

Para IPA, estos mecanismos eliminan la necesidad de judicializar conflictos y garantizan que el empleado tenga “la indemnización siempre a su disposición”.

Sin embargo, Rosato aclaró que la reforma todavía requiere consenso con los gremios y normas que eviten desequilibrios. “Creemos que tiene que haber una ley equitativa, que genere armonía y que otorgue mayor seguridad jurídica”.

Desde esta mirada, una reforma equilibrada permitiría a las empresas “tomar gente cuando necesiten, sin problemas”, lo que en el mediano plazo apuntaría a dinamizar la inversión y reducir el temor a litigios laborales.

Un tablero político y económico en tensión: impactos posibles y escenarios en disputa

El debate se da en un contexto de recesión profunda, caída del consumo, alta capacidad instalada ociosa y un mercado laboral donde crece la informalidad. El Gobierno busca avanzar con una reforma que flexibilice condiciones y reduzca costos; sin embargo, las reacciones empresariales muestran que las pymes no son un bloque homogéneo.

Para las entidades más ligadas al mercado interno, la prioridad es proteger salarios y consumo para sostener la actividad.

Para los sectores industriales, la clave pasa por reducir litigiosidad y obtener reglas claras para contratar sin riesgo de juicios.

El desenlace legislativo —y particularmente el nivel de consenso que logre el Ejecutivo con sindicatos y bloques parlamentarios— será decisivo para determinar si la reforma se convierte en un factor de dinamización o en un nuevo frente de conflictividad laboral y política.