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Superar la gran brecha

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La pandemia ha dejado al descubierto profundas divisiones, pero no es demasiado tarde para cambiar el rumbo

LA COVID-19 no sabe de igualdad de oportunidades: persigue a las personas con problemas de salud y a aquellas cuya vida cotidiana las expone a un mayor contacto con otras. Esto significa que va en forma desproporcionada tras los pobres, especialmente en los países pobres y en economías avanzadas como Estados Unidos donde el acceso a los servicios médicos no está garantizado. Una de las razones por las que Estados Unidos ha registrado el mayor número de casos y muertes (al menos al momento de entrar en prensa esta revista) es porque sus estándares sanitarios se ubican en promedio entre los peores de las principales economías desarrolladas, ejemplificados por una baja esperanza de vida (ahora más baja que siete años atrás) y por niveles más altos de disparidades en materia sanitaria.

En el mundo hay marcadas diferencias en la forma en que se ha manejado la pandemia, tanto en lo que respecta al éxito logrado por los países en mantener la salud de sus ciudadanos y la economía como a la magnitud de las desigualdades expuestas. Esas diferencias obedecen a muchas razones: el estado preexistente de la atención de la salud y las desigualdades sanitarias; el grado de preparación de un país y la resiliencia de la economía; la calidad de la respuesta pública, incluido su fundamento en la ciencia y el conocimiento; la confianza de los ciudadanos en las directrices del gobierno; y cómo los ciudadanos equilibraron sus “libertades” individuales de hacer lo que les plazca y su respeto por los demás, reconociendo que sus actos generaban externalidades. Los investigadores pasarán años analizando la intensidad de los diversos efectos.

Dos países ilustran algunas de las probables lecciones. Si Estados Unidos representa un extremo, quizá Nueva Zelandia represente el otro. Es un país en el cual un gobierno competente se basó en la ciencia y el conocimiento para tomar decisiones, un país con un alto nivel de solidaridad social (los ciudadanos reconocen que su comportamiento afecta a los demás) y de confianza, incluida la confianza en el gobierno. Nueva Zelandia ha logrado controlar la enfermedad y planea reasignar algunos recursos infrautilizados para construir la clase de economía que debería caracterizar el mundo pospandemia: un mundo más verde y más basado en el conocimiento, con un grado aun mayor de igualdad, confianza y solidaridad. Hay una dinámica natural en funcionamiento. Estos atributos positivos pueden reforzarse mutuamente. De igual manera, puede haber atributos adversos y destructivos que generen menos inclusión y más polarización en la sociedad.

Lamentablemente, si bien las desigualdades de nuestra sociedad ya eran graves antes de la pandemia y esta las ha expuesto contundentemente, podrían ser aun mayores en el mundo pospandemia a menos que los gobiernos hagan algo. La razón es simple: la COVID-19 no se irá rápidamente, y el temor de otra pandemia persistirá. Ahora es más probable que tanto el sector privado como el público tomen en serio los riesgos, y que entonces ciertas actividades, ciertos bienes y servicios, y ciertos procesos productivos sean vistos como más riesgosos y costosos. Si bien los robots también contraen virus, es más fácil manejarlos. Por eso es probable que, donde sea posible y al menos de cara al futuro, los robots reemplacen a los humanos, y el “zooming”, a los viajes aéreos. La pandemia amplía la amenaza de la automatización para los trabajadores poco cualificados en servicios que requieren interacciones personales, que hasta ahora se habían considerado menos afectados, como por ejemplo educación y salud. Todo esto significa que disminuirá la demanda de ciertos tipos de trabajo. Estos cambios casi con certeza aumentarán la desigualdad, acelerando las tendencias ya existentes.

Nueva economía, nuevas reglas

La respuesta fácil es acelerar el perfeccionamiento y la capacitación profesional paralelamente a los cambios del mercado de trabajo. Pero hay buenas razones para creer que esos pasos por sí solos no bastarán. Se necesita un programa integral para reducir la desigualdad del ingreso. El programa debe reconocer primero que el modelo de equilibrio competitivo (por el cual los productores maximizan las ganancias, los consumidores maximizan la utilidad y los precios se determinan en mercados competitivos que equiparan la demanda y la oferta) que ha dominado el pensamiento de los economistas por más de un siglo no ofrece hoy una buena perspectiva de la economía, especialmente para comprender el aumento de la desigualdad, o incluso el crecimiento impulsado por la innovación. Tenemos una economía plagada de poder de mercado y explotación.

Las reglas de juego importan. El debilitamiento de las restricciones al poder empresarial, la reducción del poder de negociación de los trabajadores, y la
erosión de las reglas que atañen a la explotación de consumidores, prestatarios, estudiantes y trabajadores se han combinado para crear una economía que funciona peor, caracterizada por un mayor rentismo
y más desigualdad.

Necesitamos una reformulación integral de las reglas de la economía. Por ejemplo, necesitamos políticas monetarias que se enfoquen más en asegurar el pleno empleo de todos los grupos y no solo en la inflación; leyes de quiebra mejor equilibradas, que reemplacen aquellas que se volvieron demasiado favorables al acreedor y asignaron muy poca responsabilidad a los banqueros que otorgaron préstamos abusivos; y leyes de gobierno corporativo que reconozcan la importancia de todas las partes interesadas, no solo de los accionistas. Las reglas que rigen la globalización no pueden servir solo a los intereses corporativos; los trabajadores y el medio ambiente tienen que ser protegidos. La legislación laboral debe proteger mejor a los trabajadores y ofrecer un mayor margen para la acción colectiva.

Pero todo esto no creará, al menos en el corto plazo, la igualdad y solidaridad que necesitamos. Tendremos que mejorar no solo la distribución del ingreso por el mercado sino también la redistribución. Resulta nefasto que algunos países con el grado más alto de desigualdad del ingreso de mercado, como Estados Unidos, de hecho tengan sistemas tributarios regresivos donde quienes más ganan pagan en impuestos una proporción menor de su ingreso que los trabajadores ubicados en niveles inferiores de la escala.

En esta última década el FMI ha reconocido la importancia de la igualdad para promover un buen desempeño económico (con crecimiento y estabilidad). Los mercados no prestan atención a los efectos más amplios resultantes de decisiones descentralizadas que llevan a un endeudamiento excesivo en moneda extranjera o a una excesiva desigualdad. Durante el reinado del neoliberalismo no se prestó atención alguna a la forma en que las políticas (como la liberalización de los mercados financieros y de capital) contribuían a una mayor volatilidad y desigualdad, ni a cómo otros cambios en las políticas —como pasar de planes jubilatorios de prestaciones
definidas a otros de contribuciones definidas, o de los públicos a los privados— generaron mayor inseguridad individual, así como mayor volatilidad macroeconómica, al debilitar los estabilizadores automáticos de la economía.

Las reglas están moldeando muchos aspectos de la respuesta de las economías a la COVID-19. En algunos países, alentaron el cortoplacismo y las desigualdades, dos características de las sociedades que no han manejado bien la COVID-19. Esos países no estaban bien preparados para afrontar la pandemia; las cadenas de suministro mundial que construyeron no eran suficientemente resilientes. Cuando llegó la COVID-19, por ejemplo, las empresas estadounidenses no pudieron siquiera proveer suficientes insumos básicos como mascarillas y guantes, ni mucho menos productos más complejos como tests y respiradores.

Dimensiones internacionales

La COVID-19 ha expuesto y exacerbado las desigualdades entre los países y dentro de cada país. Las economías menos desarrolladas tienen peores condiciones sanitarias, sistemas de salud menos preparados para lidiar con la pandemia y poblaciones cuyo entorno las hace más vulnerables al contagio, y tampoco tienen los recursos de las economías avanzadas para responder a las consecuencias económicas.

La pandemia no será controlada hasta que lo sea en todas partes, y el declive económico no podrá moderarse hasta que haya una robusta recuperación mundial. Por eso, para las economías desarrolladas es un tema de interés propio —así como una preocupación humanitaria— brindar la asistencia que las economías en desarrollo y de mercados emergentes necesitan. Sin ello, la pandemia mundial persistirá más de lo que debería, aumentarán las desigualdades mundiales y habrá una divergencia mundial.

Si bien el Grupo de los Veinte anunció que usaría todos los instrumentos disponibles para brindar este tipo de auxilio, hasta ahora la ayuda ha sido insuficiente. En particular, no se ha empleado un instrumento utilizado en 2009 y fácilmente disponible: una emisión de USD 500.000 millones de derechos especiales de giro (DEG). Hasta ahora, no ha sido posible superar la falta de entusiasmo de Estados Unidos o India. La provisión de DEG sería una enorme ayuda para las economías en desarrollo y de mercados emergentes, con nulo o escaso costo para los contribuyentes de las economías desarrolladas. Sería aun mejor que esas economías aportaran sus DEG a un fondo fiduciario que las economías en desarrollo utilizarían para atender las exigencias de la pandemia.

Las reglas de juego inciden entonces en el desempeño económico y las desigualdades, no solo dentro de los países, sino también entre ellos, y aquí las reglas y normas que rigen la globalización son centrales. Algunos países parecen estar comprometidos con el “nacionalismo de las vacunas”. Otros, como Costa Rica, están haciendo lo que pueden para asegurar que todo conocimiento pertinente para abordar la COVID-19 se utilice en el mundo entero, de forma análoga a las actualizaciones anuales de la vacuna antigripal.

Es probable que la pandemia acarree una erupción de crisis de deuda. Las bajas tasas de interés, combinadas con mercados financieros de las economías avanzadas que promueven los préstamos y un endeudamiento desmedido en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, han dejado a varios países con más deuda de la que pueden atender, dada la magnitud de la contracción inducida por la pandemia. Los acreedores internacionales, especialmente los privados, ya deberían saber que no se puede extraer agua de una roca. Habrá una reestructuración de deuda. El único interrogante es si será ordenada o desordenada.

Si bien la pandemia ha expuesto las enormes grietas entre los países del mundo, probablemente también profundizará esas disparidades, dejando cicatrices persistentes, a menos que haya una mayor demostración de solidaridad mundial y nacional. Los organismos internacionales, como el FMI, han brindado liderazgo mundial, actuando de manera ejemplar. En algunos países el liderazgo también les ha permitido abordar la pandemia y sus secuelas económicas, incluidas las desigualdades que de otro modo habrían surgido. Pero aunque los éxitos han sido enormes en algunos lugares, en otros también ha habido fracasos estrepitosos. Y los gobiernos que fracasaron a nivel interno han obstaculizado la necesaria respuesta mundial. Al hacerse evidente la disparidad de resultados, es de esperar que haya un cambio de rumbo. Es probable que la pandemia se quede entre nosotros por un tiempo, y sus secuelas económicas, por mucho más. No es todavía demasiado tarde para cambiar el rumbo.

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¿Cómo ganar dinero extra?

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Es tiempo de actuar, y ocuparnos de nuestras finanzas personales, en  los tiempos de crisis o de bonanzas  la búsqueda de la libertad financiera, viene de la mano de enfocarse en la columna ingresos personales, sin restar importancia a la columna gastos.


Ingresos activos, son aquellos que involucran tu tiempo y dedicación o trabajo para la generación de dinero. E ingresos pasivos, son aquellos donde, por el contrario, no necesitan de vos, ni de tu tiempo, y generan ingresos por si solos, ejemplo los bienes raíces. Una planilla de estado financiero, expone tu ingresos y gastos, tu saldo de ahorro, tus activos, y pasivos.

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¡Abran las escuelas! y enseñen federalismo

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Artículo 1º de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”

¿Qué era, al momento de la redacción de la Constitución, el federalismo? Era un sistema organizacional que se basada en la asociación de las provincias (preexistentes a la Nación) que delegaban ciertas atribuciones, que le eran propias, a un poder central, pero conservando su autonomía. Lo “representativo” y lo “republicano” son más bien formas de gobierno; pero lo “federal” tiene que ver con una forma de Estado al existir en él una lógica centrada en la descentralización política a partir de unidades geográficas.

Si lo pensamos desde una lógica “centrípeta”, al estilo de Víctor Bazán, es un mecanismo que va de la periferia al centro: las provincias (subsoberanas) delegan facultades hacia una unidad central (el soberano); al tiempo que éste último a su vez, garantiza la autonomía de las provincias a partir de mecanismos de descentralización (como una fuerza centrífuga).

Como nos enseñaron en la escuela, son las provincias las que nacieron antes que la Nación argentina, y fueron ellas, a partir de décadas de debates (y también discusiones, guerras y enfrentamientos políticos), las que dieron forma a nuestro Estado Nacional, delegando atribuciones que antes le eran propias para organizar de esa manera un cuerpo más amplio que garantice un presupuesto mínimo de gobernabilidad: seguridad de frontera y comercio exterior, entre los puntos más importantes.

En este proceso de construcción del Estado Nacional, las provincias – naturalmente – fueron perdiendo ciertas facultades que, al delegarse, ya no podían cumplir por si mismas, y debían ajustar sus acciones provinciales a los límites establecidos en la Constitución.

Hasta aquí, todo perfecto. Pero el tiempo pasó, el mundo cambió y la forma de gobernar también. Al 1853 (creación de la Constitución Nacional) las provincias eran 14: Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Jujuy, San Juan, Mendoza, Corrientes, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Rioja, Santa Fe, San Luis, Salta y Tucumán. Hoy son 23 y una ciudad autónoma.

A medida que pasó el tiempo, también empezó a rediscutirse lo referido a los recursos: si una provincia recaudaba un impuesto nacional, ¿cuánto le volvía por esa recaudación? Aquí aparece de manera más fuerte el concepto de “federalismo fiscal”

Siguiendo al Dr. Tejeiro, el Federalismo Fiscal es un área dentro de las finanzas públicas que “se ocupa de cómo hay que distribuir (análisis normativo) y cómo se distribuyen (análisis positivo) las responsabilidades de gasto y las facultades impositivas entre distintos niveles de gobierno”.

Tiene por un lado un impacto económico, en términos de cómo afectan dichos criterios a la eficiencia de una gestión; pero también tiene un fuerte lado político: implica llegar a acuerdos de poder en pos de establecer cuanta porción de la torta le toca a cada uno.

En la Argentina, un primer régimen de coparticipación de impuestos federales se estableció en 1935 con la ley N.º 12.139; esa norma fue reemplazada en 1973 cuando se sancionó la ley N.º 20.221 que estableció un nuevo esquema de reparto, que tuvo sistemáticas transgresiones de todo tipo, particularmente en lo vinculado a traspaso de funciones sin contrapartida. En ese momento nacen los famosos ATN (Aportes del Tesoro Nacional), siendo un mecanismo que buscaba compensar (con clara arbitrariedad) problemas de desequilibrio financiero (que nacen con esa misma ley).

Esto duró hasta 1988, cuando se sancionó la vigente (pero obsoleta) Ley N.º 23.548, estableciendo repartos automáticos de una masa de la recaudación determinada a la Nación por un lado (42,34%), a las provincias por otro (54,66%) y otros fondos (ATN y recupero relativo por 3% total). Pero aquí se establecía un punto que es fundamental entenderlo: el artículo 7º de esa ley dice que el monto a distribuir a las provincias no puede ser nunca inferior al 34% del total de la recaudación tributaria nacional, incluyendo impuestos coparticipables y no coparticipables.

¿Qué pasó luego? En la Argentina se fueron creando impuesto que no necesariamente eran siempre coparticipables, y si bien en los últimos 25 años nunca fue incumplido ese artículo, ha tenido momentos donde las provincias quedaron muy rezagadas ante la aplicación de tributos no coparticipables. El piso se tocó en 2002, cuando las transferencias automáticas a las provincias equivalían al 35,9% de la recaudación tributaria nacional (sin incluir comercio exterior ni seguridad social). A partir de allí fue creciendo y tocó su techo en el año 2019, cuando pasaron a equivaler al 49,6% de la recaudación tributaria. Es decir $49,6 de cada $100 que recaudaba el Estado nacional iba a las provincias de manera automática.

Nobleza obliga, si bien nadie puede desconocer que la gestión en materia económica del ex presidente Macri ha sido mala, lo cierto es que las provincias han tenido una participación como nunca antes en el reparto (en 2015 era del 40,5%). El dato negativo de esta situación es que la recaudación fue mala y las variables de la macro también, por lo cual las provincias no pudieron “disfrutar” de ese logro. Pero ¿qué pasaría en las provincias si mantienen ese nivel de participación en la recaudación y la misma mejora en términos reales? Se garantizarían así una masa de recursos importantes.

Sin embargo, y pese a existir cientos y cientos de declaraciones por parte del presidente Fernández respecto a la necesidad de fortalecer el federalismo, lo cierto es que la Argentina dio un paso atrás en este 2020 y lo volverá a hacer en 2021.

Ese 49,6% de participación de las provincias de 2019 cayó al 48,4% en 2020 por el impacto de la no coparticipación del Impuesto PAIS; y caería a un 47% en 2021 según el proyecto del Presupuesto, y si se llegase a aprobar el Impuesto a las Grandes Fortunas caería aun más (45,1%), volviendo a niveles similares de 2017.

En este marco, lo que hay por parte de los mandatarios provinciales son posicionamientos políticos claros: no es pos de recuperar autonomía desde lo fiscal, sino a asegurarse “compensaciones” o “auxilios financieros” a través de envíos de recursos no automáticos, tal como ocurre desde hace décadas en la Argentina.

El auténtico espíritu federal no es el que Gobierno nacional tenga la chequera en la mano y entregue auxilios financieros cuando lo piden las provincias (a un costo, por supuesto). Se trata, por el contrario, de garantizar el mayor nivel de transferencias de carácter automáticas, que no queden a discreción del gobierno de turno, de amiguismos políticos ni ninguna otra variable discrecional y arbitraria.

Por ello es que el federalismo argentino dio un retroceso. En términos monetarios, Misiones, por ejemplo, por la no coparticipación del Impuesto PAIS perdería (entre lo que transcurrió de 2020 y el 2021 según proyecto de Presupuesto) cerca de $10 mil millones: es el mismo monto que Misiones pierde por no explotar sus bosques nativos.

Pero la diferencia es clara: en el segundo caso, Misiones los “pierde” en pos de conservar su biodiversidad; en el primero, los pierde por una decisión del gobierno nacional de no distribuir la torta.

Si se apruebe el impuesto a las grandes fortunas, la pérdida misionera sería ya no de 10 mil millones de pesos sino de poco más de $15 mil millones.

Esto nos lleva a vincularlo con la cuestión del proyecto del área aduanera especial de Misiones: el costo fiscal para la Nación, se si eximiera de todos los impuestos que originalmente pidió la provincia, estaba calculado en $13 mil millones. Si bien ya se introdujeron cambios al proyecto original, si se lo mantenía la Nación podía compensar de esa manera a la provincia por la pérdida mencionada antes y, así y todo, la provincia quedaba $2 mil millones abajo.

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Compromisos

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En la paciente siesta misionera del viernes, la segunda visita del presidente Alberto Fernández pasó a un discreto segundo plano. A las 15.16 la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación admitía en el dictamen del Presupuesto la propuesta de Misiones para transformarse en un territorio aduanero especial, con el objetivo de máxima de que los beneficios lleguen a toda la provincia. Era un momento histórico.

Fueron horas vertiginosas hasta introducir el proyecto misionero en el Presupuesto nacional. La iniciativa había ingresado originalmente por el Senado, pero fue corregida sobre la marcha ante la presión de Nación a otorgar beneficios únicamente para cuatro ciudades para evitar el resquemor de otras provincias. Misiones se plantó. Y buscó una salida superadora. Por eso se le dio más protagonismo a la Corporación Polo de Desarrollo Misiones, que ya figuraba en el proyecto original y ahora ese organismo, conformado por Nación, Provincia y cámaras empresarias, será el encargado de decidir sobre exenciones, incentivos y regiones que se potenciarán. ¿Si en estos años de crisis siempre defendimos la economía misionera, cómo pueden pensar que el Gobierno hará algo que la perjudique?”, se preguntó el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán a la salida de una reunión con la Confederación Económica de Misiones y otras cámaras. Llevaba calma a algunas entidades que salieron a quejarse por adelantado. “Es para todos o para nadie”, completó el titular de la CEM, Alejandro Haene. 

Misiones está convencida de que los beneficios taparán con creces las cesiones. Se generará empleo y se sumarán industrias. Se triplicarán exportaciones en un momento en el que la Argentina necesita con urgencia de dólares y bajarán los precios para el consumo interno, ampliando la demanda y evitando la sangría hacia Paraguay y Brasil. Además, por la coyuntura económica y el tipo de cambio actual, es probable que sean más los vecinos los que vengan a comprar a Misiones que los locales que crucen las fronteras. 

Hubo un guiño del presidente de la Cámara, Sergio Massa y del propio Fernández, quien, ante una pregunta de Economis, respaldó el avance de la iniciativa en el Congreso y reconoció que Misiones necesita un tratamiento diferencial para enfrentar las asimetrías con Brasil y Paraguay. “Lo hemos hablado con el Gobernador”, señaló el Presidente.

Una vez que se apruebe el Presupuesto, Misiones podrá poner en marcha la Corporación y definir la política impositiva diferenciada para todo el territorio. La consigna es clara: lo que se consiga será para todos. Si una rebaja impositiva a cero o al 50 por ciento, será para toda la economía y no para zonas puntuales. El costo fiscal es de 13 mil millones de pesos año si fuera una rebaja total de impuestos y nulo si definiera por la mitad.

El viernes será histórico por la alquimia puesta en marcha para meter el texto misionero en el Presupuesto nacional. Intensas gestiones contrareloj encabezadas por Ricardo Wellbach. El diputado Diego Sartori fue el encargado de apuntalar la inclusión en la comisión presidida por Carlos Heller, quien fue leyendo uno a uno los puntos agregados por Misiones al dictamen del Presupuesto. Al final fueron 26 votos a favor y 23 en contra, incluido uno misionero. ¿Cómo? El diputado de Cambiemos, Luis Pastori fue lacónico: “No, no acompaño el dictamen”. El radical se escudó en que la oposición no avala el Presupuesto y por eso votó en contra. Sus asesores prometieron que en el recinto hará otra cosa. Pero llamativamente, después de votar en contra, el ex candidato a vicegobernador salió a festejar el dictamen como “un triunfo de todos los misioneros”. Y aseguró que “este proyecto forma parte de un reclamo histórico que ya intentamos materializar en el artículo 10 de la Ley Pyme aprobada por el Congreso en 2016, pero que lastimosamente no se pudo reglamentar”. 

Pastori había basado su campaña con la promesa de reglamentación del artículo 10. Después, el propio ex presidente Mauricio Macri reconoció que no tenía idea de qué le hablaban cuando un colega le preguntó por el famoso artículo que quedó en la nada, como tantas otras promesas. Pese a todo, el radical repitió esquemas y eligió el compromiso con el mandato partidario en lugar de atender una demanda histórica misionera, con la que además, dice estar de acuerdo.

La parábola de las promesas durante los cuatro años de Cambiemos se puede resumir en ladrillos. Un prominente empresario de la construcción contó el viernes en una tertulia política vía zoom que en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández vendía -junto a su socio- un promedio de un departamento y medio al mes. Con Cambiemos, que “entusiasmaba con su mejor equipo”, terminaron vendiendo dos departamentos… al año. Pasaron cosas. 

Misiones no quiere repetir un ciclo perdido. Siente que es éste el momento ideal para arrancarle conquistas a la Nación, porque en la reconstrucción -pos crisis y pandemia- está todo por hacer. Incluso, repensar ideas del federalismo, reparto de recursos y vínculos políticos. Herrera Ahuad pidió a todos los diputados por Misiones que acompañen el Presupuesto a la hora de votar la ley. “Los misioneros y como gobernador, pido que nos acompañen. Está en manos de ellos lograr una recomposición histórica”. 

Además de respaldar el planteo misionero, la visita del Presidente que fue generosa en compromisos. Prometió avanzar en la autovía de la ruta 12 para que “las Cataratas estén más cerca” y “ponerse al frente” de la demanda misionera por una compensación por la protección de la biodiversidad. 

Los compromisos de Néstor son nuestros”, deslizó cuando le recordaron que Misiones todavía sufre la falta de gas natural. Fue Kirchner el que prometió la extensión hasta la tierra colorada, deuda pendiente del federalismo. Fernández agregó que Misiones también necesita ayuda para bajar costos energéticos en general y del combustible más caro del país. “Desde que conozco a Carlos Rovira es un reclamo de Misiones. Tenemos que ayudar a traer el gas y a bajar los costos. Queda mucho por hacer”, reconoció el primer mandatario.

En el queda mucho por hacer, hubo intensas conversaciones entre el Presidente, el Gobernador y el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, un viejo conocido de la gestión, cuando uno era gobernador y el otro jefe de Gabinete de Kirchner. En ese diálogo se diagramaron acciones políticas mirando a 2023, cuando el Presidente pondrá a prueba la gobernabilidad y su respaldo después de un año crítico marcado por la pandemia. Es paradójico: las encuestas lo muestran como uno de los presidentes más valorados de América Latina, pero su imagen se deteriora en el frente interno por el manejo de la pandemia que tiene a la Argentina como uno de los países con mayor cantidad de contagios, aunque bastante lejos en el número de muertes. 

Herrera Ahuad, en cambio, ostenta (y conserva) una de las mejores imágenes políticas. El mandatario misionero se mantuvo en el podio de la encuesta realizada por CB Consultora. Con 65,4 por ciento, es uno de los tres líderes provinciales que terminaron con una imagen positiva “sobresaliente” durante Octubre, junto a Horacio Rodríguez Larreta de CABA (67,3%) y Sergio Uñac de San Juan (66,9%). El dato saliente es que, según el sondeo, el alcalde de Cambiemos ostenta en Misiones su mejor imagen fuera de Capital Federal, superando largamente a su jefe político. 

Misiones no duda en seguir dando gobernabilidad. “Es recíproco de nuestra provincia. Vamos a ayudarlo y vamos a acompañarlo, siempre”, dijo públicamente Herrera Ahuad. 

No fue el único mensaje en clave política.El Gobernador dejó caer sobre la mesa un par de frases que se leen en otros contextos. Le contó al Presidente que ha llegado “el tiempo actualizar los precios del esquema forestal”. 

“Misiones ha creado un instituto forestal para cuidar y darle valor agregado, hemos iniciado ese camino con mucha firmeza”, definió Herrera Ahuad. Un par de horas antes las principales industrias habían pedido (off the record) una mediación para pagar la materia prima por debajo de lo que definió el Instituto Forestal. Fue su modo de volver a respaldar al flamante ente conducido por Hugo Escalada. Nada menos que ante el Presidente. 

La postura del Gobernador no debe sorprender. La Renovación siempre ha apuntalado al sector primario en la cadena productiva. Sus palabras pueden leerse incluso como un sutil reproche al laudo de la Nación para la yerba mate, que definió un precio por debajo de lo que marcaba la grilla oficial del Instituto Nacional de la Yerba Mate, con apenas un 20 por ciento de actualización, bastante por debajo de la inflación proyectada para el año. Los productores pedían algo más cercano al precio del mercado, en torno a los 35 pesos, pero el laudo fijó la materia prima en 24,39 pesos. La Nación hizo lo de siempre. Incluso avisó antes en una reunión con el INYM: no podía tolerar un aumento mayor por el impacto en las góndolas y la inflación. La cartera que conduce Matías Kulfas se desentendió de las demandas de los dos principales eslabones de la cadena yerbatera: negó el aumento pedido por los productores, pero también le puso un techo bajo a la intención del sector industrial de subir los precios en góndola para recuperar un poco de rentabilidad. 

Hubo malestar entre los productores, pero moderado. En definitiva, saben que el “mercado” está pagando hoy 35 pesos promedio y nada indica que los valores fueran a bajar. El yerbatero, pese a ser un mercado imperfecto, desde la creación del INYM aprendió a autoregularse.

En el mercado forestal no sucede lo mismo. Los precios de la materia prima son minúsculos -en la ruta 14 prefieren tirar el raleo porque no justifica los gastos- y plantar ya no es un negocio rentable. Sin la intervención del Estado no habría corrección. La evidencia es que pese a la reticencia de la industria, hoy está ofreciendo más del doble de lo que pagaba hasta antes de la definición de precios del Instituto Forestal. Las pymes y las pasteras “acordaron” 1.300 pesos promedio en lugar de los 1.600 -equivalente a 20 dólares-, marcados como mínimos para garantizar una rentabilidad al productor. Hay un dato de fondo que marca el por qué de tantas pulsaciones en el debate forestal: los nuevos valores implican una transferencia al sector productivo de unos 45 millones de dólares año.

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Omisiones, verdades a medias y mentiras alevosas de la energía solar

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Se la promociona como una de las “grandes soluciones” a las necesidades energéticas argentinas y del mundo. Pero se oculta, tergiversa o se engaña en forma sistemática, por parte de fuertes intereses que evidencian responder a objetivos impresentables.

 Omisiones.

Casi nunca declaran cual es el costo real total por KW de Potencia Instalada. No lo dicen pues son desproporcionadamente costosas.

Nunca definen públicamente cual es el Factor de Carga real, o sea el rendimiento real respecto del máximo teórico del 100 % de la Potencia Instalada declarada multiplicado por las 24 horas diarias, durante todo el año. Y no lo hacen, pues es ridículamente bajo, muy ineficiente.

Nunca difunden cual es el costo real –por kWh- de la energía generada. Dato que se oculta, pues por el bajísimo rendimiento –que es consecuencia directa de depender de las horas de sol, y de la intensidad de la radiación, solo en su máximo pocas horas por día, siempre que no llueva o esté nublado-, ese costo real es desorbitadamente alto, debiendo compensarse con subsidios y otras maniobras de ventajas prebendarias, que sus promotores nunca presentan ni explican.

Nunca explicitan cual es la Generación Media Anual de esos proyectos, pues es muy baja, acorde a su muy pobre Factor de Carga. Fácil de entender si se razona que solo producen cuando hay sol, y solo lo hacen a plena capacidad durante escasas cuatro a cinco horas diarias…siempre que no llueva o este nublado.

Casi nunca mencionan cual es la vida útil, la cual es bastante breve, sobre todo comparando con las muy duraderas usinas hidroeléctricas, e incluso las nucleares. Hasta las centrales termoeléctricas tienen una vida útil previsible mucho más prolongada.

Se oculta que en los sistemas promocionados mediante licitaciones con mecanismos impuestos por presiones de ONGs ultra ecologistas, las tarifas son dolarizadas e indexadas, y energía con venta asegurada sin importar que existan otras fuentes más económicas, por lo que pasarán a ser salvavidas de plomo para la economía en general y para los usuarios obligados a comprar esa energía.

 Verdades a medias.

Se dice que es “energía renovable”, pero se oculta que su estructura de recepción y transformación de la radiación solar en electricidad, no es renovable.

Se dice que “es una solución apta para todos”, omitiendo que solo es una solución real coherente para consumos aislados, en los que su baja productividad y sus altísimos costos reales por kWh resultan la única alternativa, al no existir conexiones cercanas con ninguna red eléctrica, y en esos casos no se suele explicar que es necesario contar con un sistema de baterías, para almacenar la carga y poder usarla de noche. Tampoco se dice que las baterías son totalmente anti ecológicas.

Se dice que producen energía limpia que puede reemplazar a usinas convencionales (termoeléctricas e hidroeléctricas), pero la energía solar no es limpia, por los costos ambientales vinculados, y no pueden reemplazar a las usinas convencionales, por ser energía intermitente, de muy baja calidad, y no apta como base de ningún sistema interconectado.

Se mencionan que las “renovables” solares y eólicas se instalaron masivamente en Europa, pero se omiten los serios problemas de costos de la energía crecientes, y las carencias energéticas, por las que tuvieron que apelar a incrementar los consumos de gas –importado- y en algunos casos de carbón, como debieron hacer Alemania y otros; así como los elevados costos fiscales de las enormes subvenciones a esas energías, que profundizaron la crisis económica en España y otros.

Se menciona como “un gran ejemplo” a Uruguay, por las masivas inversiones en energía eólica, pero omiten las consecuencias de pobreza energética resultantes de eso, por los altos costos de ese tipo de energía; y por supuesto, ciertos grupos de poder omiten que la energía solar es incluso más cara que la eólica.

 Mentiras alevosas.

Dicen que es “energía limpia”, y es falso, pues construir, montar el sistema de paneles o similares, y al cabo de su vida útil, desmontar todo, es ambientalmente oneroso, así como puede ser una complejidad operativa deshacerse finalmente de la chatarra, al caducar su vida útil. Y la suma algebraica de comparar los costos ambientales en los que se debe incurrir, en zonas de poca insolación, pueden ser mayores que su muy baja producción en toda su vida útil.

Respecto a los sistemas solares más complejos, que no se basan en paneles, sus instalaciones además de la complejidad para montarlas y operarlas, pueden tener otros efectos colaterales, como afectar o matar a los pájaros en los casos en que se concentran los rayos de luz en un punto, provocando muy altas temperaturas.

Se las presenta como grandes soluciones, diciéndose en muchos casos que “cubren la demanda total del pueblo en el que se montan”, omitiéndose que solo lo hacen durante el breve cenit de cuatro a cinco horas, para luego depender de la conexión a una red eléctrica convencional. Y que necesitan de una central convencional, o de una interconexión, como respaldo “en caliente” (funcionando), pues la energía solar es intermitente, y ese defecto solo se supera con el respaldo de una conexión a un sistema de distribución, o con una usina convencional, o con baterías para almacenar la energía solar consumida, esto último muy costoso y muy contaminante.

Considerarlas como ”partes de la solución de la demanda”, cuando se refiere a un gran mercado consumidor como el de toda la provincia de Misiones, es una mentira total, pues sus bajas potencias, sus bajísimos rendimientos de producción real de energía, y sus problemas de intermitencia, terminan resultando en incrementos reales de Potencia y de Generación, insignificantes, de forma tal que prácticamente ni mueven el amperímetro en el contexto general, y son nulos de noche. Por ejemplo, en tan solo 10 años, Misiones necesitará contar con 550 MW adicionales, con los picos de demanda al anochecer. Una escuálida “usina” como la montada en Itaembé Guazú, de 10 MW teóricos (al mediodía, si no está nublado o llueve), aportará efectivamente 0 MW (nada) al anochecer.

El tema no se agota. Mientras tanto se omite utilizar el enorme y variado potencial hidroeléctrico de Misiones, que puede producir enormes cantidades de energía limpia, muy económica, de calidad (apta como base del sistema interconectado), y con muy prolongada vida útil de las instalaciones.

Y nada parece estar haciéndose, para recuperar los ocho proyectos hidroeléctricos terminados, existentes, con los que se pueden hacer obras de mediana y baja potencia (no las inviables micro centrales) y optimizar la eficiente Hidroeléctrica Urugua-Í, proyectos que fueron pagados con fondos provinciales de Misiones, de los cuales nadie parece conocer su paradero, pero que aun pueden recuperarse.

Respecto a las micro centrales hidroeléctricas, solo pueden funcionar cuando abastecen a consumos aislados de una o dos familias, que se encargan por consiguiente de su mantenimiento. Pero cuando abastecen a un pequeño núcleo poblacional, como sucedía en Pueblo Illia, la muy reducida recaudación no alcanza para cubrir elementales gastos administrativos más el elemental mantenimiento, terminando en el abandono por inviables.

Y producen tan poco, que no mueven la aguja dentro de las crecientes necesidades de Potencia y de Energía de la provincia.

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