En la paciente siesta misionera del viernes, la segunda visita del presidente Alberto Fernández pasó a un discreto segundo plano. A las 15.16 la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación admitía en el dictamen del Presupuesto la propuesta de Misiones para transformarse en un territorio aduanero especial, con el objetivo de máxima de que los beneficios lleguen a toda la provincia. Era un momento histórico.

Fueron horas vertiginosas hasta introducir el proyecto misionero en el Presupuesto nacional. La iniciativa había ingresado originalmente por el Senado, pero fue corregida sobre la marcha ante la presión de Nación a otorgar beneficios únicamente para cuatro ciudades para evitar el resquemor de otras provincias. Misiones se plantó. Y buscó una salida superadora. Por eso se le dio más protagonismo a la Corporación Polo de Desarrollo Misiones, que ya figuraba en el proyecto original y ahora ese organismo, conformado por Nación, Provincia y cámaras empresarias, será el encargado de decidir sobre exenciones, incentivos y regiones que se potenciarán. ¿Si en estos años de crisis siempre defendimos la economía misionera, cómo pueden pensar que el Gobierno hará algo que la perjudique?”, se preguntó el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán a la salida de una reunión con la Confederación Económica de Misiones y otras cámaras. Llevaba calma a algunas entidades que salieron a quejarse por adelantado. “Es para todos o para nadie”, completó el titular de la CEM, Alejandro Haene. 

Misiones está convencida de que los beneficios taparán con creces las cesiones. Se generará empleo y se sumarán industrias. Se triplicarán exportaciones en un momento en el que la Argentina necesita con urgencia de dólares y bajarán los precios para el consumo interno, ampliando la demanda y evitando la sangría hacia Paraguay y Brasil. Además, por la coyuntura económica y el tipo de cambio actual, es probable que sean más los vecinos los que vengan a comprar a Misiones que los locales que crucen las fronteras. 

Hubo un guiño del presidente de la Cámara, Sergio Massa y del propio Fernández, quien, ante una pregunta de Economis, respaldó el avance de la iniciativa en el Congreso y reconoció que Misiones necesita un tratamiento diferencial para enfrentar las asimetrías con Brasil y Paraguay. “Lo hemos hablado con el Gobernador”, señaló el Presidente.

Una vez que se apruebe el Presupuesto, Misiones podrá poner en marcha la Corporación y definir la política impositiva diferenciada para todo el territorio. La consigna es clara: lo que se consiga será para todos. Si una rebaja impositiva a cero o al 50 por ciento, será para toda la economía y no para zonas puntuales. El costo fiscal es de 13 mil millones de pesos año si fuera una rebaja total de impuestos y nulo si definiera por la mitad.

El viernes será histórico por la alquimia puesta en marcha para meter el texto misionero en el Presupuesto nacional. Intensas gestiones contrareloj encabezadas por Ricardo Wellbach. El diputado Diego Sartori fue el encargado de apuntalar la inclusión en la comisión presidida por Carlos Heller, quien fue leyendo uno a uno los puntos agregados por Misiones al dictamen del Presupuesto. Al final fueron 26 votos a favor y 23 en contra, incluido uno misionero. ¿Cómo? El diputado de Cambiemos, Luis Pastori fue lacónico: “No, no acompaño el dictamen”. El radical se escudó en que la oposición no avala el Presupuesto y por eso votó en contra. Sus asesores prometieron que en el recinto hará otra cosa. Pero llamativamente, después de votar en contra, el ex candidato a vicegobernador salió a festejar el dictamen como “un triunfo de todos los misioneros”. Y aseguró que “este proyecto forma parte de un reclamo histórico que ya intentamos materializar en el artículo 10 de la Ley Pyme aprobada por el Congreso en 2016, pero que lastimosamente no se pudo reglamentar”. 

Pastori había basado su campaña con la promesa de reglamentación del artículo 10. Después, el propio ex presidente Mauricio Macri reconoció que no tenía idea de qué le hablaban cuando un colega le preguntó por el famoso artículo que quedó en la nada, como tantas otras promesas. Pese a todo, el radical repitió esquemas y eligió el compromiso con el mandato partidario en lugar de atender una demanda histórica misionera, con la que además, dice estar de acuerdo.

La parábola de las promesas durante los cuatro años de Cambiemos se puede resumir en ladrillos. Un prominente empresario de la construcción contó el viernes en una tertulia política vía zoom que en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández vendía -junto a su socio- un promedio de un departamento y medio al mes. Con Cambiemos, que “entusiasmaba con su mejor equipo”, terminaron vendiendo dos departamentos… al año. Pasaron cosas. 

Misiones no quiere repetir un ciclo perdido. Siente que es éste el momento ideal para arrancarle conquistas a la Nación, porque en la reconstrucción -pos crisis y pandemia- está todo por hacer. Incluso, repensar ideas del federalismo, reparto de recursos y vínculos políticos. Herrera Ahuad pidió a todos los diputados por Misiones que acompañen el Presupuesto a la hora de votar la ley. “Los misioneros y como gobernador, pido que nos acompañen. Está en manos de ellos lograr una recomposición histórica”. 

Además de respaldar el planteo misionero, la visita del Presidente que fue generosa en compromisos. Prometió avanzar en la autovía de la ruta 12 para que “las Cataratas estén más cerca” y “ponerse al frente” de la demanda misionera por una compensación por la protección de la biodiversidad. 

“Los compromisos de Néstor son nuestros”, deslizó cuando le recordaron que Misiones todavía sufre la falta de gas natural. Fue Kirchner el que prometió la extensión hasta la tierra colorada, deuda pendiente del federalismo. Fernández agregó que Misiones también necesita ayuda para bajar costos energéticos en general y del combustible más caro del país. “Desde que conozco a Carlos Rovira es un reclamo de Misiones. Tenemos que ayudar a traer el gas y a bajar los costos. Queda mucho por hacer”, reconoció el primer mandatario.

En el queda mucho por hacer, hubo intensas conversaciones entre el Presidente, el Gobernador y el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, un viejo conocido de la gestión, cuando uno era gobernador y el otro jefe de Gabinete de Kirchner. En ese diálogo se diagramaron acciones políticas mirando a 2023, cuando el Presidente pondrá a prueba la gobernabilidad y su respaldo después de un año crítico marcado por la pandemia. Es paradójico: las encuestas lo muestran como uno de los presidentes más valorados de América Latina, pero su imagen se deteriora en el frente interno por el manejo de la pandemia que tiene a la Argentina como uno de los países con mayor cantidad de contagios, aunque bastante lejos en el número de muertes. 

Herrera Ahuad, en cambio, ostenta (y conserva) una de las mejores imágenes políticas. El mandatario misionero se mantuvo en el podio de la encuesta realizada por CB Consultora. Con 65,4 por ciento, es uno de los tres líderes provinciales que terminaron con una imagen positiva “sobresaliente” durante Octubre, junto a Horacio Rodríguez Larreta de CABA (67,3%) y Sergio Uñac de San Juan (66,9%). El dato saliente es que, según el sondeo, el alcalde de Cambiemos ostenta en Misiones su mejor imagen fuera de Capital Federal, superando largamente a su jefe político. 

Misiones no duda en seguir dando gobernabilidad. “Es recíproco de nuestra provincia. Vamos a ayudarlo y vamos a acompañarlo, siempre”, dijo públicamente Herrera Ahuad. 

No fue el único mensaje en clave política.El Gobernador dejó caer sobre la mesa un par de frases que se leen en otros contextos. Le contó al Presidente que ha llegado “el tiempo actualizar los precios del esquema forestal”. 

“Misiones ha creado un instituto forestal para cuidar y darle valor agregado, hemos iniciado ese camino con mucha firmeza”, definió Herrera Ahuad. Un par de horas antes las principales industrias habían pedido (off the record) una mediación para pagar la materia prima por debajo de lo que definió el Instituto Forestal. Fue su modo de volver a respaldar al flamante ente conducido por Hugo Escalada. Nada menos que ante el Presidente. 

La postura del Gobernador no debe sorprender. La Renovación siempre ha apuntalado al sector primario en la cadena productiva. Sus palabras pueden leerse incluso como un sutil reproche al laudo de la Nación para la yerba mate, que definió un precio por debajo de lo que marcaba la grilla oficial del Instituto Nacional de la Yerba Mate, con apenas un 20 por ciento de actualización, bastante por debajo de la inflación proyectada para el año. Los productores pedían algo más cercano al precio del mercado, en torno a los 35 pesos, pero el laudo fijó la materia prima en 24,39 pesos. La Nación hizo lo de siempre. Incluso avisó antes en una reunión con el INYM: no podía tolerar un aumento mayor por el impacto en las góndolas y la inflación. La cartera que conduce Matías Kulfas se desentendió de las demandas de los dos principales eslabones de la cadena yerbatera: negó el aumento pedido por los productores, pero también le puso un techo bajo a la intención del sector industrial de subir los precios en góndola para recuperar un poco de rentabilidad. 

Hubo malestar entre los productores, pero moderado. En definitiva, saben que el “mercado” está pagando hoy 35 pesos promedio y nada indica que los valores fueran a bajar. El yerbatero, pese a ser un mercado imperfecto, desde la creación del INYM aprendió a autoregularse.

En el mercado forestal no sucede lo mismo. Los precios de la materia prima son minúsculos -en la ruta 14 prefieren tirar el raleo porque no justifica los gastos- y plantar ya no es un negocio rentable. Sin la intervención del Estado no habría corrección. La evidencia es que pese a la reticencia de la industria, hoy está ofreciendo más del doble de lo que pagaba hasta antes de la definición de precios del Instituto Forestal. Las pymes y las pasteras “acordaron” 1.300 pesos promedio en lugar de los 1.600 -equivalente a 20 dólares-, marcados como mínimos para garantizar una rentabilidad al productor. Hay un dato de fondo que marca el por qué de tantas pulsaciones en el debate forestal: los nuevos valores implican una transferencia al sector productivo de unos 45 millones de dólares año.

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