Por supuestas denuncias por irregularidades el gobierno de Mauricio Macri decidió centralizar el control de los fondos que reciben los gobernadores para la construcción y el otorgamiento de viviendas sociales.
La novedad, que llega en línea con las medidas de “austeridad” y control del gasto tomadas por el Gobierno en las últimas semanas, fue transmitida por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , a los titulares de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPC) de todo el país, reunidos en San Juan en el contexto del Consejo Nacional de Vivienda.
Las presuntas irregularidades y la necesidad además de sacar un rédito político en vísperas del crucial y decisivo 2019, confluyeron en el cambio de postura oficial. “Viviendas que estaban previstas para aquellos que no pueden acceder a un crédito iban para gente de clase media o se utilizaban para hacer política. La idea es terminar con ese uso discrecional de los fondos y las viviendas”, afirmaron a La Nación voceros del ministro.
La inminente puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado “evitar los abusos”, que cerca de Frigerio adjudican, sobre todo, a “provincias gobernadas por el PJ”.
Se trata, en realidad, de la puesta en marcha de una resolución (la 122-E) firmada en diciembre pasado por el entonces secretario de Vivienda Domingo Amaya, en el contexto del Plan Nacional de Vivienda, que este año tiene un presupuesto de $15.000 millones a repartir entre las provincias. A ese número se le suman los $16.500 que contendrá el plan Fonavi, destinados a Vivienda e Infraestructura.
“Las provincias tienen reclamos permanentes de financiamiento para viviendas. Lo que les pedimos es que adhieran a esta resolución que nos permitirá ir hacia un objetivo: ordenar la demanda y que la política de vivienda le hable a la gente”, afirmó el actual secretario de Vivienda, Iván Kerr, que acompañó a Frigerio a San Juan .

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