El Nobel que faltaba en Iguazú

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En las últimas semanas sostuve dos veces una misma tesis. Primero afirmé que la ley  argentina ampara a quien se endeudó cuando se demuestra que hubo usura. Después,  con respeto y sin agravio, discrepé de los argumentos expuestos en Puerto Iguazú sobre  por qué no corresponde asistir a los deudores en mora. Ambos textos se publicaron en  un medio colega que tiene la virtud, cada vez menos frecuente, de abrir sus páginas a la  opinión. Eso habla de su seriedad y de la calidad del debate público misionero, y lo  agradezco. Hoy vuelvo sobre esa postura para ratificarla. Esta vez no la sostengo solo  desde el derecho, porque la confirma también una voz que llega desde Estocolmo. 

Un Nobel por otro Nobel 

En Iguazú se invocó un premio Nobel para fundar la idea de que ayudar al deudor es  contraproducente, aunque sin citar la fuente del dato. La Real Academia Sueca de  Ciencias acaba de otorgar el Nobel de Economía 2026 a Robert Hall y Michael  Woodford, y esta vez el fundamento está escrito y es público. Premia sus aportes a la  teoría de la estabilización macroeconómica. 

Lo que dice ese fundamento es de una enorme claridad. Las recesiones no son una purga  saludable ni un ajuste que el mercado resuelve solo. Son fallas que producen desempleo,  quiebras y sufrimiento evitables. Una política fiscal y monetaria oportuna y bien  coordinada puede amortiguarlas y reducir la profundidad de una crisis. 

El método importa tanto como la conclusión. Los premiados no partieron del  voluntarismo ni de la ideología. Construyeron la macroeconomía desde abajo, desde  cada hogar que decide cuánto consumir y cada empresa que decide cuánto producir, es  decir, desde los mismos fundamentos microeconómicos que suelen invocarse para  negarle al Estado cualquier rol estabilizador. Con ese rigor llegaron a la conclusión  opuesta: aun con individuos racionales, una economía puede quedar atrapada en una  crisis que el mercado no corrige a tiempo. 

El endeudado como dato macroeconómico 

Ahí está el punto que vuelve a poner en su lugar la discusión sobre los deudores. En  Iguazú se planteó el problema como una cuestión de conducta individual: aliviar a unos  es premiar la imprudencia y transferir el costo a otros.

El enfoque premiado permite ver lo que esa mirada deja afuera. Cuando la mora de las  familias cuadruplica la de las empresas y casi seis millones de personas acumulan  atrasos de más de noventa días, no estamos ante una suma de malas decisiones privadas.  Estamos ante un shock de demanda. El hogar que destina todo su ingreso a pagar un  costo financiero de tres o cuatro dígitos deja de comprar en el comercio del barrio,  posterga la reparación de su casa y resigna el consumo que sostiene a la pyme  proveedora y al empleo regional. La asfixia financiera de las familias no es un drama de  puertas adentro: es un factor de recesión. 

Por eso la protección frente a la usura no es solo política social. Es política económica en sentido estricto. Esa protección preserva la capacidad de consumo que mantiene viva  la actividad, incluida la del acreedor responsable, que necesita una economía en pie para  cobrar. Y vale repetirlo, porque es el corazón del argumento: nada de esto exige que  pague el contribuyente. Cuando un juez declara abusiva una cláusula o reduce intereses  que exceden sin justificación el costo del dinero, no transfiere el costo a nadie. Le niega  efecto a lo que nunca fue jurídicamente exigible. Es derecho aplicado, y ahora  también buena macroeconomía. 

La vuelta del Estado, pero del Estado de Derecho 

Conviene ser preciso, porque el péndulo argentino suele condenarnos a elegir entre dos  caricaturas. De un lado, el Estado que gasta sin límite y confunde intervención con  arbitrariedad. Del otro, el Estado que se retira justo cuando más se lo necesita y llama  libertad al abandono. 

El Nobel no rehabilita al primero. Woodford es uno de los economistas que más insistió  en que, sin solvencia fiscal de largo plazo, no hay estabilidad de precios posible. Lo que  la ciencia vuelve a justificar es un Estado que interviene sujeto a reglas: oportuno,  previsible, razonable, mensurable. Esa es, exactamente, la definición del Estado de  Derecho. Por eso lo que propuse no fue un Estado pagador sino un Estado garante. Pedí  que los jueces usen la facultad que ya tienen de morigerar de oficio. Que el Banco  Central fije topes objetivos al costo financiero total y cierre el arbitraje regulatorio. Que  el Congreso dicte el régimen de sobreendeudamiento de la persona humana. Que exista  un fondo de garantía que avale la cuota y recupere después. Ninguna de esas  herramientas depende del humor del gobernante, porque todas descansan en la ley. 

La Constitución lo había dicho antes que cualquier modelo econométrico. El Preámbulo  manda promover el bienestar general. El artículo 42 ordena proteger los intereses 

económicos de consumidores y usuarios y garantizarles trato equitativo y digno. El  artículo 75, inciso 19, encomienda al Congreso proveer al desarrollo humano y al  progreso económico con justicia social. Y el artículo 28 recuerda que ningún derecho  puede ejercerse alterando su esencia ni de modo irrazonable, tampoco el del acreedor ni  la libertad contractual. No hay contradicción entre libertad económica y protección del  más débil: la Constitución las pensó juntas. 

El termómetro y la fiebre 

 La realidad, que suele tener más sentido del humor que los columnistas,  ofreció en estos días una perla. Un economista liberal, insospechado de cualquier  simpatía intervencionista, publicó en las redes un consejo de “educación financiera  básica”: jamás tomar un préstamo a tasas altas y mirar siempre el costo financiero  total. Lo ilustró con la simulación de un crédito de la billetera virtual de la mayor  empresa de comercio electrónico del país: por $10.000 recibidos, doce cuotas que  suman $14.496, una tasa nominal anual del 60% y un costo financiero total efectivo  anual del 102,36%. Y lo coronó con una ironía: “Baratitos los préstamos”. 

 La respuesta llegó del propio fundador de la empresa. Calificó de  “FALSO” e “INCORRECTO”, así, en mayúsculas, el indicador que el Banco Central  obliga a publicar, porque supone que se pagan intereses sobre intereses, algo que,  aseguró, en decenas de millones de préstamos “no ocurre NUNCA”. Agregó, incluso,  que ese número es “inflacionario”. El economista le respondió que es, sencillamente,  “lo que cualquier estudiante de finanzas puede calcular”. Concedamos que la discusión  técnica tiene matices: la tasa efectiva anual es una convención de cálculo y no la suma  que finalmente se devuelve. Pero la escena deja tres enseñanzas que ningún tecnicismo  borra. La primera es casi médica: cuando la fiebre es alta, la tentación es discutir el  termómetro. Y el paciente, en este caso, sigue devolviendo casi un cincuenta por ciento  más de lo que recibió en apenas un año. La propia empresa explicó hace unos meses que  sus costos más altos corresponden a los montos más bajos y a los usuarios sin historial.  Dicho en castellano: el crédito más caro lo paga quien menos tiene. 

Y el termómetro marca bastante más alto que en aquella simulación. Al menos dos  asociaciones de consumidores ya llevaron contratos de esa billetera a la justicia  comercial. Una de ellas, la cooperativa Consumidores Libres, sostiene en su demanda  colectiva que, en diciembre de 2025, mientras la tasa activa del Banco Nación era del  35,6% anual, la billetera cobraba una tasa efectiva del 860,3% y un costo financiero  total del 1.370,28%: diez veces el promedio del sistema regulado, afirma, sin diferencia 

de riesgo ni de garantías que lo justifique. Lo decidirán los jueces, y así debe ser. Pero  el expediente confirma lo que vengo sosteniendo: la usura no es una hipótesis de  manual, y el camino para corregirla es el que la ley ya prevé. 

La segunda tiene algo de comedia. Si la capitalización de intereses “no ocurre nunca”,  prohibirla en las operaciones de consumo, como propuse, no le costará un solo peso a  nadie. Tendremos apenas la tranquilidad de que lo que hoy no ocurre tampoco podrá  ocurrir mañana. 

La tercera es la más seria, y es el corazón de esta columna: la escena prueba que el  Banco Central ya regula, y con lujo de detalle, la información sobre el precio del  crédito. Sus normas obligan a informar el costo financiero total a los bancos y también a  los proveedores no financieros de crédito, y llegan a disponer que en la publicidad ese  número figure en color destacado y con una tipografía al menos cinco veces mayor que  la de la tasa nominal. Nadie denunció ese mandato como un atropello a la libertad.  Al contrario: el propio Banco Central, en su material de orientación sobre préstamos  personales publicado en agosto, aconseja revisar el costo financiero total antes de elegir  un crédito. Si el Banco Central puede decidir el tamaño de la letra con que se informa el  costo del dinero, puede también, y debe, ponerle un techo al número que se escribe  con esa letra. No hace falta inventar facultades: basta con ejercer las que ya tiene. Y  no se trata de un actor marginal. Según la Central de Deudores, en julio esa sola  billetera tenía 6,73 millones de deudores, más que todos los bancos públicos juntos, que  sumaban 6,17 millones. Un prestamista de esa escala es, a todos los efectos, sistémico, y  el límite que fije el Banco Central debe alcanzarlo sin excepciones. 

La dimensión federal. En Misiones esta discusión tiene un acento propio. El pequeño  productor, el comerciante de frontera que compite contra asimetrías cambiarias y el  trabajador que recurre a la billetera virtual para llegar a fin de mes no viven la  macroeconomía en abstracto. La padecen con menos herramientas que los grandes  centros. Una estabilización que ignora a las provincias no estabiliza: traslada el  costo a la periferia.  

 El federalismo de concertación exige que la respuesta llegue también al  interior. Exige también que la provincia ejerza sus propias competencias, como la  mediación previa en las ejecuciones de consumo y el patrocinio gratuito al consumidor  financiero.

Ratificación 

Ratifico, entonces, lo que sostuve. La ley ampara al que se endeudó cuando hubo usura.  Los jueces tienen el deber, y no la mera facultad, de morigerar lo abusivo. El Banco  Central tiene la obligación de poner límites. Y agrego lo que hoy confirma la ciencia  económica más rigurosa: hacerlo no es populismo ni sentimentalismo, sino  responsabilidad. 

El desafío argentino no es elegir entre más Estado o menos Estado. Es recuperar un  Estado que actúe cuando debe, que se abstenga cuando corresponde y que, en ambos  casos, responda a la ley y no a la voluntad de quien gobierna. Porque cuando los  modelos callan y los mercados vacilan, queda en pie la Constitución. Es la promesa que  los pueblos de las provincias se hicieron unos a otros en nombre de la Patria. No pide fe  ciega en el Estado ni en el mercado, sino fidelidad a la ley común. Mientras haya un  juez que la invoque y un ciudadano que la defienda, ninguna crisis podrá convertir la  necesidad del pueblo en botín de nadie. Esa es la fe federal: la de una Nación que no se  salva sola, sino junta, bajo el amparo de su Constitución.

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