La incertidumbre económica alcanzó los 63,4 puntos y marcó su máximo de 2026

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La incertidumbre económica volvió a ganar terreno en la Argentina. El Índice de Incertidumbre Económica de la Universidad Católica Argentina (UCA) llegó a 63,4 puntos en septiembre y alcanzó el registro más alto de 2026, de acuerdo con el informe del Centro de Analítica Económica y Empresarial de esa institución. El indicador refleja un deterioro de las expectativas en un contexto atravesado por las preocupaciones sobre el empleo, la evolución de los precios, la actividad productiva y la situación social.

El resultado superó incluso los niveles registrados durante el período electoral del año pasado. Para encontrar un valor superior en la serie histórica, señala el informe, hay que remontarse a abril de 2025, cuando el indicador experimentó un salto tras la modificación del régimen cambiario dispuesta por el Gobierno nacional.

La medición de septiembre vincula el aumento de la incertidumbre con el clima social y la coyuntura económica. Entre los factores mencionados aparecen las señales negativas sobre el nivel de actividad, los datos relacionados con la pobreza y el deterioro de la percepción sobre la gestión del presidente Javier Milei.

Más allá del resultado agregado, la composición de las respuestas permite identificar las preocupaciones que ocupan un lugar central en la percepción ciudadana. El trabajo encabeza las menciones, seguido por la política y la inflación, tres dimensiones que inciden de manera directa en las decisiones de consumo, inversión y planificación de los hogares.

El empleo lidera las preocupaciones de los argentinos

El mercado laboral fue el principal foco de inquietud identificado por el relevamiento de la UCA. El trabajo concentró el 20,7% de las menciones, una proporción que refleja la importancia de la estabilidad ocupacional y el temor a la desocupación o la precarización.

La política quedó en segundo lugar, con el 19,4%, mientras que la inflación reunió el 18%. Aunque los precios dejaron de encabezar la lista, continúan entre las preocupaciones más relevantes para la población, en una economía donde el poder adquisitivo y la previsibilidad de los ingresos condicionan las decisiones cotidianas.

La pobreza alcanzó el 11,9% de las respuestas. Más atrás se ubicaron la corrupción, con el 8,6%, y la eficacia de la política social, con el 7,8%.

La distribución de las menciones muestra que la incertidumbre no se concentra exclusivamente en una variable macroeconómica. Las dificultades laborales, la evaluación de la política y la evolución del costo de vida aparecen entrelazadas con la percepción sobre las condiciones sociales y la capacidad de respuesta de las instituciones.

En ese sentido, la preocupación por el empleo adquiere una dimensión que va más allá de la cantidad de puestos de trabajo disponibles. La estabilidad de los ingresos, la calidad de las ocupaciones y las posibilidades de sostener el consumo también forman parte del escenario que enfrentan los hogares.

Un escenario de factores que se retroalimentan

El informe advierte que el malestar responde a un conjunto de factores que se potencian entre sí y afectan las expectativas de mediano plazo. La debilidad de la actividad económica y las preocupaciones sobre la pobreza se combinan con la incertidumbre laboral y las dudas sobre la evolución de los precios.

Este entramado plantea un desafío para la política económica: una mejora en un indicador aislado no necesariamente alcanza para modificar las expectativas si persisten dificultades en otras dimensiones. La estabilización de los precios, por ejemplo, puede perder capacidad para mejorar la percepción social si no se traduce también en mejores condiciones laborales y oportunidades de ingresos.

El diagnóstico de la UCA apunta precisamente a la necesidad de ampliar el enfoque de las políticas públicas. Según el análisis, una reducción sostenida de la incertidumbre requiere atender varios frentes simultáneamente, en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en la dinámica inflacionaria.

El documento plantea que el Gobierno nacional debe incorporar medidas orientadas a mejorar las condiciones del mercado laboral y reactivar el aparato productivo. La recomendación vincula la estabilidad macroeconómica con la capacidad de generar actividad, sostener el empleo y ofrecer mayor previsibilidad a las familias y las empresas.

El desafío de transformar la estabilidad en previsibilidad

La evolución del índice abre un interrogante sobre la capacidad de la economía para traducir sus objetivos de estabilización en mejoras perceptibles para la población. La incertidumbre influye en las decisiones de los hogares, que pueden postergar consumos importantes, y de las empresas, que necesitan estimar costos, demanda y condiciones de financiamiento antes de invertir o ampliar sus operaciones.

Por eso, la evolución del empleo y de la actividad productiva constituye una dimensión relevante para evaluar el impacto social de la política económica. La generación de puestos de trabajo sostenibles, la mejora de las condiciones de contratación y la recuperación de la capacidad de compra pueden contribuir a reducir algunas de las fuentes de preocupación identificadas por el estudio.

El informe no establece por sí solo una relación causal entre cada una de esas variables y el resultado del índice, pero sí señala la coexistencia de un mayor nivel de incertidumbre con preocupaciones económicas y sociales extendidas.

La medición de septiembre deja así una señal para el seguimiento de la coyuntura: el desafío no consiste solamente en contener los precios, sino también en mejorar las condiciones que determinan la seguridad económica de los hogares y la capacidad de producción de las empresas. La evolución de esos factores será clave para observar si el máximo registrado en 2026 representa un episodio transitorio o el reflejo de una incertidumbre más persistente.

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