El enfoque humanista utilizado por la jueza Civil y Comercial 8, Adriana Fiori, para frenar los efectos del DNU de Javier Milei sobre el mercado de la yerba mate, permite dimensionar otro efecto de la desregulación: miles de familias productoras quedarán sin obra social y se perderá una herramienta clave como la corresponsabilidad gremial, que sirve para el blanqueo y los aportes de cargas sociales de los tareferos, el eslabón más débil de la cadena productiva.
No se trata apenas de la injerencia en precios y cupos de producción, sino de la defensa de un organismo que logró poner un poco de equilibrio en todos los eslabones y que recuperó el valor de la chacra, perdido catastróficamente en los 90, la última década desregulada, en un momento del país bastante parecido al presente.

El fallo de la jueza posadeña es clave -y fue tema de análisis en todo el país-, porque mira más allá de la letra del DNU y se adentra en sus consecuencias sociales y sobre la salud de miles de misioneros, que viven en la chacra y dependen de su producto para subsistir.
La decisión se fundó en la vulnerabilidad del sector afectado y el derecho humano a la salud integral amenazado, lo que habilita conforme al artículo 2 inciso 2) de la Ley 26.854 y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, la adopción de medidas cautelares urgentes, aún cuando el fondo de la cuestión deba luego ser analizado por la justicia competente, señala el fallo de la magistrada.
De acuerdo a los argumentos expuestos en la resolución, los efectos del DNU 70/23 implicarían la inminente pérdida de la administración de sus recursos por parte del INYM, y como consecuencia de ello, el riesgo cierto y próximo de que la Cobertura Integral de Salud destinada al grupo social vulnerable afectado se vea interrumpida por falta de pago.
Por ello, la Jueza de feria ordenó la suspensión de lo dispuesto en el Capítulo I -Instituto Nacional de la Yerba Mate (Ley N.º 25.564) -artículos. 164 al 168- del DNU 70/23 a fin de que no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del INYM, y la posterior remisión de la causa al Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.

La cautelar será ahora definida por la Justicia federal, que ya se declaró incompetente en una demanda similar de la Provincia, pero en manos del juez Alejandro Gallandat, decisión que y fue apelada por la Provincia (y cuestionada hacia dentro de la justicia federal).

Ahora el que deberá decidir es el juez José Luis Casals. En ambas demandas, subyace otro punto clave: el DNU no demuestra ni la necesidad ni la urgencia de inmiscuirse en la yerba mate, una de las pocas cadenas productivas que cerró el año en positivo, con un consumo interno de los más altos de los últimos cinco años y precios que, hasta la devaluación de diciembre, se acercaban al punto de equilibrio. Por eso mismo, la Provincia decidió, mientras defiende el original, crear su propio instituto yerbatero, iniciativa que respaldan productores y otros espacios políticos.

Es tal el desatino, que hasta en el seno de la Libertad Avanza consideraron un error la desregulación. En el Congreso, donde fueron los productores movilizados en defensa del INYM, el senador formoseño Francisco Paoltroni, admitió que el mercado yerbatero es “imperfecto” al que hay que atender. “Felicito el trabajo que han logrado desde el Instituto, sobre todo en lo social”, destacó el legislador de LLA. Llamativamente, los representantes de la alianza Cambiemos se mostraron menos enfáticos en la defensa que el senador mileista. En Misiones, de hecho, Pedro Puerta fue uno de los que celebró la desregulación yerbatera que tiene en vilo a miles de productores, lo mismo que harán ahora desde el sector turístico para intentar frenar la desregulación del sector.

El de Fiori no es el único fallo de relevancia. Casi a la misma hora en que se conocía su decisión, en el Superior Tribunal de Justicia se daba forma a otro fallo señero: admitió la cautelar de la Provincia y dejó sin efecto el DNU en lo referido a artículos relacionados a ley de sociedades o empresas del Estado.

En esencia, es el mismo concepto que el de la jueza del Civil 8: prevenir las consecuencias del desguace de empresas del Estado que son clave para atender la salud y particularmente de los más vulnerables. Por ejemplo Misiopharma, que produce medicamentos destinados a pacientes oncológicos. O la Biofábrica, que produce semillas y brotes que se distribuyen entre los productores de las chacras misioneras.

El decreto también avanza sobre otras empresas o sociedades del Estado que deberían cuasi liquidarse en un plazo de 180 días. Un avance inaceptable sobre la autonomía de la(s) Provincia(s).

Los jueces del Superior consintieron el argumento expresado por el Gobierno provincial en la cautelar: el DNU es una intromisión sobre la potestad de las provincias y que, en el caso de Misiones, también afecta su desarrollo económico y se ponen en juego cientos de puestos de trabajo.
Queda claro que la gobernabilidad que la Provincia está dispuesta a garantizar desde la política, no significa resignar todo a las “fuerzas del mercado”.

En paralelo a las novedades judiciales, el gobernador Hugo Passalacqua sigue en intensas negociaciones para frenar la suba de retenciones para el sector tabacalero y el forestal, donde empresarios y productores coincidieron que “paralizará exportaciones” y significará una “catástrofe laboral”. El viernes se reunió con Pablo Quirno, el segundo del ministro de Economía, Luis Caputo, con quien ya se tenía una larga relación de trabajo desde la gestión de Mauricio Macri.

Passalacqua puso sobre la mesa el reclamo por las retenciones al tabaco y la madera y pidió reconsiderar las tasas. Además insistió en cobrar la deuda que tiene la ANSES con Misiones (a través del Fondo de Sustentabilidad que está ahora en manos de Caputo y que el propio Quirno admitió que se quiere rematar para conseguir 5,5 mil millones de dólares).

“Nación nos debe varios miles de millones que nos está determinando ahora ANSES cuánto es”, detalló el Gobernador. Son más de 40 mil millones de una eterna deuda, reconocida pero nunca pagada por los distintos gobiernos.

En paralelo, con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez, Passalacqua analizó la deuda que tiene Nación con Misiones por regalías de Yacyretá y Salto Grande, obras que tiene que finalizar Nación en el norte misionero y una compensación por la falta de gas que tiene Misiones (única provincia del país sin esa energía).

“Pedimos la reparación de este injusto olvido de muchos gobiernos. Trabajaremos también en esa línea”, explicó el mandatario misionero.

Las gestiones de Misiones son similares a las de otras provincias preocupadas por el impacto del plan de ajuste de Milei.

El anarcolibertario cumplió un mes en el Gobierno con un tsunami de reformas, pero escasos resultados. El “veranillo” del que suelen disfrutar los presidentes, se acortó rápidamente en paralelo a los tarifazos y aumentos registrados en todos los ámbitos. La inflación de diciembre registra apenas 20 días de gestión y marcó un récord en los últimos 30 años: fue del 25 por ciento, el doble que la de noviembre. La devaluación cambiaria del 118% junto con la desregulación total de precios (especialmente alimentos, combustible y salud) explican gran parte de la aceleración inflacionaria. Y todavía no están contabilizados los efectos de los tarifazos en la energía y el combustible.

La región NEA registró un incremento de 28,4%, siendo las más altas entre las regiones del país en este mes, además de un récord histórico para la región; mientras que la trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 219,5%, repitiendo las mismas características: récord histórico y la región de mayor suba en todo el país.

La suba del rubro alimentos es dramática, ya que incide directamente en la línea de la pobreza. Productos básicos como la harina, el arroz y el aceite que influyen sobre la canasta básica de alimentos, la pobreza y la indigencia aumentaron 52,3%, 52,6% y 56,6% respectivamente. En contraste, se terminó la devolución del IVA, finalizaron los acuerdos de precios, y se congeló la movilidad jubilatoria que afecta también a quienes cobran la AUH y Asignaciones Familiares.

El Gobierno celebró como un triunfo la inflación por debajo del 30 por ciento y culpó a la oposición por la disparada, aunque antes decía que la suba de precios era producto de la emisión.

Hasta el dólar, que recibió calmo a Milei en sus primeros días, pegó un salto en las últimas horas y el blue trepó a los 1.120 pesos. El precio del billete verde despertó las burlas de algunos analistas, que recordaron que Manuel Adorni, el vocero presidencial, cuando era analista económico del diario La Nación, esgrimía una definición tajante: “El dólar blue sube cuando el mercado se da cuenta de la inutilidad del Presidente”.
El estallido de Ecuador también encendió las alarmas sobre la pretendida dolarización de la Argentina. El narcoterrorismo se adueñó de un país que hasta hace poco tiempo era uno de los más pacíficos. Y uno de los problemas centrales fue la dolarización, que se sumó a la reducción del Estado al mínimo, sin regulaciones ni capacidad de reacción. “No hay un control fronterizo real, nuestros puertos están totalmente desprotegidos, porque estamos dolarizados, que es un elemento que ayuda al narcoterrorismo, que no tiene que cambiar moneda, entran dólares, salen dólares, sin rastro cambiario. Es un Estado que se presta, sin control real, a organizaciones terroristas”, admitía Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador. Es el mismo modelo que se quiere imponer en la Argentina.

Está claro que los problemas no pueden solucionarse en un mes, pero el Presidente está comprobando empíricamente que no basta con presiones y amenazas para forzar los cambios. En el Congreso es amplio el rechazo a la ley Ómnibus y sólo el radicalismo muestra una actitud complaciente para no incomodar al Gobierno. Cómodo en su papel de actor de reparto, el cordobés Rodrigo De Loredo sostuvo que a la hora de juntar votos para aprobar las propuestas, el radicalismo “no va a liderar ningún proceso de rechazo”.
La resistencia no es sólo política, sino de un amplio abanico social, que está saliendo a las calles a defender, por ahora, cuestiones sectoriales. El 24 de enero será una fecha simbólica para dimensionar cuán grande es esa resistencia. La CGT cosecha respaldos y es creciente la preocupación entre los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo como resultado del plan Milei.
De poco sirve la exhortación casi extorsiva del Gobierno para aprobar las reformas.
“Si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente”, aseguró el menemista Rodolfo Barra, actual Procurador del Tesoro de la Nación.
El ministro de Economía, Luís Caputo intentó infundir más temor: dijo que si la ley ómnibus no es aprobada por el Congreso “sería una muy mala noticia” y que eso determinaría la instrumentación de “medidas más duras”. ¿Más?
Hasta ahora Caputo sólo puede anotarse un triunfo escaso: haber renegociado el acuerdo con el FMI para salvar los vencimientos más urgentes de unos 4.700 millones de dólares por una deuda tomada por… Caputo cuando era ministro de Finanzas de Mauricio Macri.

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