Fake news e inteligencia artificial: COPAJU advierte sobre la crisis de la verdad y los desafíos para la Justicia

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La Cámara de Representantes de Misiones será sede este viernes 23 de octubre de la jornada “Fake News: Desinformación, derechos y responsabilidades”, un encuentro organizado junto con el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU). La actividad comenzará a las 8.30 en el Salón de las Dos Constituciones, en Posadas, con especialistas del ámbito jurídico y académico que analizarán los efectos de las noticias falsas, el impacto de la inteligencia artificial y las responsabilidades que surgen en el ecosistema digital.

En la previa del encuentro, Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina de COPAJU, y Gallardo, presidente de la organización, fueron recibidos por el gobernador de Misiones. Según explicaron a Economis, la visita tuvo un carácter institucional y forma parte de una agenda de cooperación orientada a promover el debate y la formación sobre desinformación, derechos y comunicación pública.

Jiménez anticipó que la organización prevé avanzar en un convenio marco de capacitación con la Presidencia de la Cámara de Representantes, a través del Instituto Flavio Bartolomé de las Casas. La propuesta contempla actividades destinadas al personal administrativo, funcionarios y público interesado en la temática, con la posibilidad de desarrollar acuerdos específicos para ampliar las instancias formativas.

El objetivo, sostuvo, es promover una comunicación veraz y generar espacios de discusión sobre las consecuencias de la información falsa o distorsionada. El planteo incorpora una dimensión institucional: frente a la velocidad con la que circulan los contenidos digitales, la capacitación aparece como una herramienta para mejorar la capacidad de identificar información engañosa y comprender sus efectos sobre la convivencia democrática.

Inteligencia artificial y democracia: el problema ya no es solo la noticia falsa

Para Gallardo, la desinformación debe analizarse dentro de un proceso más amplio, en el que convergen las nuevas tecnologías, los sistemas algorítmicos y la transformación de las relaciones entre ciudadanía, Estado y empresas digitales. El magistrado advirtió que los contenidos falsos no siempre se producen con intención deliberada de engañar, pero pueden generar daños aun cuando su difusión responda a errores o a una interpretación equivocada de los hechos.

La inteligencia artificial amplía ese desafío al permitir crear o modificar imágenes, videos y audios con un nivel de realismo que dificulta distinguir los materiales auténticos de los fabricados. Durante la entrevista, se mencionaron ejemplos de contenidos visuales generados artificialmente que circularon en torno a manifestaciones públicas y que, según señalan, pueden influir en la percepción social de acontecimientos que no habían ocurrido de esa manera.

El problema, desde la perspectiva del doctor Gallardo, no se limita a que una mentira sea aceptada como verdadera. También existe el riesgo inverso: que la difusión constante de materiales manipulados lleve a las personas a desconfiar de toda información, incluso de aquella que puede ser verificada. Esa pérdida de referencias compartidas deteriora la posibilidad de discutir hechos comunes y de tomar decisiones informadas.

El impacto adquiere especial relevancia durante los procesos electorales, cuando la circulación de contenidos falsos puede intervenir en la formación de opiniones y en la evaluación de candidatos, instituciones o acontecimientos. Gallardo señaló que estos fenómenos no se restringen a la Argentina, sino que atraviesan distintas regiones del mundo y requieren respuestas que contemplen su dimensión internacional.

La jornada en Posadas buscará abordar precisamente esa complejidad, desde perspectivas jurídicas, sociológicas y filosóficas. El panel anunciado contará también con Juan Pablo Espeche, fiscal especializado en ciberdelitos de Misiones; Lucas Ciarniello Ibáñez; y Genoveva María Ferrero, junto con Jiménez y Gallardo como referentes del debate institucional.

La Justicia frente a la crisis de la prueba digital

Uno de los aspectos menos visibles de la desinformación, pero con consecuencias directas sobre el funcionamiento judicial, es la dificultad de determinar la autenticidad de una prueba audiovisual. Gallardo sostuvo que la generación y alteración de imágenes, grabaciones y videos mediante herramientas de inteligencia artificial obliga a revisar los métodos utilizados para verificar materiales que pueden resultar decisivos en una investigación o un proceso judicial.

La dificultad opera en dos direcciones. Por un lado, una prueba falsa puede presentarse como auténtica y conducir a conclusiones equivocadas. Por otro, una evidencia genuina puede ser cuestionada bajo el argumento de que fue manipulada, incluso cuando existan elementos que permitan respaldar su autenticidad. En ese escenario, la posibilidad de verificar los materiales adquiere un peso central para garantizar decisiones judiciales fundadas.

El desafío también tiene una dimensión de recursos. La capacidad técnica para analizar archivos, reconstruir su origen y determinar si fueron alterados no está necesariamente distribuida de manera uniforme entre las partes que intervienen en un proceso. Por eso, la incorporación de herramientas especializadas y protocolos de validación aparece como una cuestión relevante para preservar la integridad de la prueba.

Las declaraciones de Gallardo ponen el foco en una necesidad concreta: fortalecer las capacidades institucionales para evaluar evidencia digital en un entorno en el que la apariencia de autenticidad ya no resulta suficiente. La capacitación de operadores judiciales y la actualización de criterios técnicos pueden contribuir a reducir errores, aunque el alcance de esas medidas dependerá de los recursos disponibles y de la evolución de las tecnologías utilizadas para crear y modificar contenidos.

Las plataformas digitales y los límites de la regulación nacional

Otro eje del análisis es la responsabilidad de las empresas tecnológicas que operan en distintos países y cuya infraestructura jurídica y comercial puede encontrarse fuera de los territorios donde se producen los daños. Gallardo señaló que los reclamos judiciales contra plataformas digitales pueden enfrentar obstáculos cuando las compañías no cuentan con representantes o domicilios jurídicos locales que permitan canalizar las actuaciones de manera directa.

El juez mencionó controversias internacionales en las que las autoridades buscaron hacer cumplir decisiones judiciales frente a empresas tecnológicas, así como situaciones en las que medidas contra magistrados o funcionarios agregaron tensiones políticas a los conflictos. Estos ejemplos, según su interpretación, muestran que la discusión sobre la desinformación también involucra cuestiones de jurisdicción, soberanía y capacidad de los Estados para aplicar sus normas.

La dimensión transnacional del problema plantea interrogantes que exceden la sanción de una publicación falsa. También exige analizar qué obligaciones corresponden a las plataformas, cómo se tramitan los reclamos cuando las empresas operan desde otras jurisdicciones y qué mecanismos de cooperación pueden utilizar los países para responder a daños que se producen y circulan a escala global.

Gallardo advirtió que las respuestas exclusivamente nacionales pueden resultar insuficientes ante servicios digitales que funcionan de manera transfronteriza. Desde esa perspectiva, consideró necesario abrir una discusión sobre posibles marcos regulatorios y formas de coordinación entre países, sin perder de vista las tensiones que implica regular la circulación de información.

La búsqueda de mecanismos de control, sin embargo, plantea un desafío adicional: compatibilizar la protección frente a la manipulación y los daños con las garantías de libertad de expresión y el debate público. La construcción de respuestas institucionales requiere criterios claros, procedimientos transparentes y resguardos que eviten que la lucha contra la desinformación se convierta en una herramienta de censura.

Estado, derechos y democracia en la era digital

Los jueces vincularon estos problemas con una transformación más profunda de las relaciones entre el Estado, las corporaciones y la sociedad. Gallardo sostuvo que la desinformación no puede comprenderse de manera aislada de los cambios en el ejercicio del poder y de las dificultades que enfrentan los sistemas jurídicos para responder a tecnologías que avanzan con mayor rapidez que las normas.

En su análisis, el debate no debería limitarse a establecer sanciones para quienes difunden noticias falsas, sino que también tendría que discutir qué instituciones pueden garantizar derechos en un escenario en el que empresas privadas concentran infraestructura, datos y capacidad de distribución de contenidos. El interrogante alcanza a la protección de los ciudadanos, la aplicación de las leyes nacionales y la cooperación entre jurisdicciones.

Jiménez, por su parte, destacó la importancia de sostener espacios de diálogo y formación que permitan analizar el fenómeno desde diferentes disciplinas. La propuesta de capacitación impulsada con la Cámara de Representantes apunta a trasladar esa discusión al ámbito institucional y a ampliar el acceso de trabajadores, funcionarios y ciudadanos a herramientas para comprender la desinformación.

La convocatoria incorpora así dos dimensiones complementarias: la necesidad de fortalecer las capacidades individuales para evaluar la información y la responsabilidad de las instituciones para construir procedimientos adecuados frente a contenidos manipulados. Ninguna de las dos, por sí sola, resuelve un fenómeno que combina tecnología, intereses económicos, disputas políticas y vacíos normativos.

Con la jornada prevista en Posadas, COPAJU busca instalar una discusión que afecta tanto a la vida cotidiana como al funcionamiento de la Justicia y la democracia. El desafío será convertir el diagnóstico en propuestas concretas de capacitación, verificación y cooperación institucional, con reglas capaces de proteger los derechos sin debilitar las garantías que sostienen el debate público.

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