Toyota invertirá US$1.252 millones en una nueva planta para fabricar vehículos híbridos en Zárate
El Gobierno aprobó la adhesión al RIGI del proyecto de ampliación de Toyota Argentina, que contempla una tercera planta industrial para producir una nueva pick-up híbrida no enchufable. La automotriz prevé destinar US$669,5 millones al desarrollo de proveedores locales, equivalentes al 53% de la inversión computable declarada.
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El Ministerio de Economía aprobó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de Toyota Argentina para ampliar su capacidad productiva en Zárate, provincia de Buenos Aires, con una inversión total declarada de US$1.252,9 millones. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1848/2026, publicada en el Boletín Oficial el 22 de octubre.
La iniciativa, denominada “Planta para la producción de vehículos electrificados”, contempla la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de una tercera planta dentro del complejo industrial ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 81. El objetivo es fabricar un nuevo modelo de vehículo con motorización híbrida eléctrica no enchufable, conocido como full hybrid electric vehicle (full HEV). La primera versión será una pick-up, aunque la empresa también contempla la posibilidad de desarrollar una variante SUV en el futuro.
Según los antecedentes incorporados a la resolución, el proyecto busca sumar capacidad productiva a las instalaciones existentes y desarrollar una tecnología de motorización que, de acuerdo con la documentación presentada por la compañía, no cuenta actualmente con antecedentes de producción local. La aprobación del RIGI se limita a la ampliación proyectada: los beneficios no se extienden automáticamente a las operaciones de la planta preexistente que quedaron fuera del régimen.
Inversión escalonada y plazo hasta septiembre de 2028
Toyota declaró una inversión de US$1.252.926.108 en activos computables. Para los dos primeros años, contados desde la notificación de la resolución, comprometió inversiones por US$19,5 millones durante el primero y US$147,75 millones durante el segundo. En conjunto, esos desembolsos sumarían US$167,25 millones.
La normativa exige acreditar, durante ese período inicial, una inversión equivalente al menos al 40% del monto mínimo de inversión aplicable. La resolución establece que Toyota deberá cumplir con ese requisito y fija el 30 de septiembre de 2028 como fecha límite para completar el monto mínimo de inversión en activos computables comprometido para el proyecto.
El cronograma será uno de los principales elementos para evaluar la ejecución efectiva de la iniciativa. La aprobación administrativa habilita el acceso a los incentivos previstos en el régimen, pero el cumplimiento de los compromisos de inversión deberá verificarse a medida que avance la construcción y puesta en marcha de las nuevas instalaciones.
Proveedores locales: US$669,5 millones previstos
Uno de los componentes relevantes del plan es el desarrollo de proveedores locales. Toyota informó una inversión estimada de US$669.584.796 destinada a proveedores vinculados con la obra y los equipos in house, es decir, aquellos que se realizan en el ámbito de la nueva planta.
Ese monto representa el 53% de la inversión total en activos computables declarada por la empresa, por encima del mínimo del 20% exigido por la normativa del RIGI. El porcentaje abre una dimensión importante para el seguimiento económico del proyecto: cuánto de la inversión se traduce efectivamente en contratos, producción y actividad para empresas radicadas en el país.
La documentación oficial, sin embargo, presenta esas cifras como estimaciones del plan de inversión. No detalla en esta resolución cuántos proveedores participarán, cuántos puestos de trabajo se crearán ni qué proporción de las compras corresponderá a pequeñas y medianas empresas. Esos indicadores permitirían medir con mayor precisión el alcance de la inversión sobre la cadena de valor local.
Exportaciones y evaluación de la competencia
El proyecto también incorpora una orientación exportadora. En su dictamen, el Tribunal de Defensa de la Competencia señaló que la producción adicional proyectada tendría una orientación exportadora del orden del 70%. El organismo consideró que la ampliación agregaría capacidad de producción sin adquirir ni desplazar la de competidores y concluyó que no encontraba elementos para prever una distorsión de la competencia en el mercado local de fabricación y comercialización de vehículos.
El análisis tomó en cuenta la dimensión nacional del mercado automotor, el carácter incremental de la producción, la situación competitiva en el segmento de pick-ups medianas y grandes y el ingreso sostenido de nuevos oferentes. También consideró la renovación tecnológica que, según el dictamen, están llevando adelante los principales competidores.
La empresa presentó además estimaciones de producción y exportaciones para la vida útil del proyecto, junto con documentación sobre su factibilidad técnica, económica y financiera, una matriz de riesgos y un plan de mitigación. El Banco Central de la República Argentina informó que no tenía observaciones sobre los aspectos cambiarios de la iniciativa, mientras que la Procuración del Tesoro consideró que el mecanismo de resolución de controversias propuesto se ajustaba al marco legal aplicable.
Qué habilita el RIGI y qué deberá controlarse
La resolución aprueba la adhesión de Toyota Argentina S.A. Sucursal Dedicada, una estructura creada específicamente para el proyecto, y establece que los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios previstos en la ley 27.742 se apliquen a la ampliación. También aprueba el listado de mercaderías que podrán importarse bajo la franquicia correspondiente e instruye a los organismos competentes a implementar los beneficios contemplados.
El Ministerio de Economía encomendó a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento la fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas. La empresa, por su parte, deberá mantener la separación operativa, financiera y contable entre el proyecto alcanzado por el régimen, la actividad industrial preexistente y la sociedad matriz, conforme a los requisitos especiales aplicables a este tipo de ampliaciones.
El impacto económico de la iniciativa dependerá de la concreción de las inversiones, la puesta en funcionamiento de la tercera planta y la capacidad de transformar los compromisos de compras locales y exportaciones en actividad sostenida. Para evaluar sus resultados, los principales indicadores serán el avance de las obras, los desembolsos efectivamente realizados, la participación de proveedores argentinos, el volumen de producción y las exportaciones alcanzadas.
La aprobación del RIGI establece el marco para avanzar con el proyecto, pero no equivale a que la nueva planta ya esté construida ni a que la producción haya comenzado. El seguimiento de los plazos y de los compromisos declarados permitirá determinar en qué medida la inversión proyectada se convierte en nueva capacidad industrial y actividad económica.
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