Ley de Cabotaje: Misiones respaldó la apertura del transporte fluvial para reducir costos y fortalecer las economías regionales
La nueva ley de cabotaje, aprobada por el Senado con 42 votos afirmativos y girada a Diputados, habilita la participación de buques extranjeros en el transporte de cargas entre puertos argentinos. La senadora misionera Sonia Rojas Decut defendió la reforma como una herramienta para mejorar la competitividad del interior, aprovechar la infraestructura portuaria y avanzar hacia un sistema logístico multimodal.
La reforma del régimen de cabotaje nacional abrió una nueva discusión sobre la estructura logística argentina y las condiciones de competitividad de las economías regionales. Con 42 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención, el Senado aprobó el proyecto que flexibiliza el transporte marítimo y fluvial entre puertos argentinos, habilitando la participación de embarcaciones de bandera extranjera en buena parte de esas operaciones. La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
Para Misiones, la discusión tiene una dimensión concreta: la posibilidad de integrar su producción a circuitos de transporte fluvial con mayor oferta de servicios, reducir la dependencia del camión en los trayectos de larga distancia y aprovechar la infraestructura portuaria recuperada en los últimos años. Esa perspectiva fue uno de los ejes de la intervención de la senadora nacional Sonia Rojas Decut, representante de Movimiento por Misiones, quien respaldó la reforma y planteó la necesidad de construir un esquema logístico que permita producir y comercializar en condiciones más competitivas desde el interior del país.
Durante el debate, la legisladora sostuvo que el desafío no consiste solamente en abaratar el transporte, sino en conectar territorios, integrar regiones y generar oportunidades de empleo. En ese sentido, señaló que más del 90% de las cargas argentinas se moviliza por carretera y consideró necesario ampliar las alternativas mediante el ferrocarril y el transporte fluvial.
Rojas Decut vinculó esa necesidad con una cuestión estructural del federalismo económico: las provincias alejadas de los principales centros de consumo y exportación enfrentan mayores costos para colocar su producción en los mercados. La regulación del cabotaje, vigente desde hace más de ocho décadas, constituye, desde esa perspectiva, una de las restricciones que la reforma busca modificar.
La senadora también puso en contexto la situación de Misiones. Recordó que desde 2023 la provincia recuperó la infraestructura portuaria y reactivó las operaciones comerciales del puerto de Posadas, después de décadas sin actividad. Esa recuperación representa una oportunidad para diversificar las modalidades de transporte, aunque su aprovechamiento depende de la disponibilidad de servicios, la regularidad de las operaciones, la infraestructura complementaria y la existencia de cargas suficientes para sostener una actividad competitiva.
La apertura del cabotaje podría ampliar las posibilidades de conexión entre los puertos argentinos y facilitar el movimiento de mercaderías en distintos tramos de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Para Misiones, el potencial está asociado a la posibilidad de vincular la producción provincial con otros nodos logísticos y mercados, sin depender exclusivamente de los corredores terrestres tradicionales.
Sin embargo, el impacto de la reforma no será automático. La existencia de un marco normativo más flexible no garantiza por sí sola nuevas frecuencias, menores tarifas ni inversiones en infraestructura. Para que los beneficios lleguen a las empresas y productores será necesario que se articulen operadores, terminales portuarias, servicios de carga y conexiones terrestres que permitan completar la cadena logística.

Una reforma que modifica las reglas del transporte
El proyecto modifica el régimen de navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional, permitiendo que esas actividades sean realizadas tanto por buques de bandera argentina como por embarcaciones extranjeras. Hasta ahora, el sistema reservaba el cabotaje a la bandera nacional y recurría a autorizaciones excepcionales cuando no existía disponibilidad suficiente de embarcaciones argentinas.
Según los argumentos expuestos por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, desde 2018 se tramitaron alrededor de 540 pedidos de excepción, de los cuales más del 98% fueron autorizados, con demoras que podían alcanzar los 90 días. La reforma busca reemplazar ese mecanismo por un esquema de mayor libertad operativa y previsibilidad para los prestadores.
La apertura comprende los corredores de la Hidrovía, el río Uruguay y la costa atlántica hasta Ushuaia. De esta manera, una embarcación podría cargar mercadería en un puerto argentino y descargarla en otro sin tener que gestionar una autorización excepcional para cada operación.
El texto, no obstante, establece actividades que continuarán reservadas a embarcaciones de bandera argentina o con tratamiento equivalente. Entre ellas figuran la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, la navegación deportiva y las lanchas de prácticos. También contempla restricciones específicas para determinadas operaciones vinculadas con pasajeros, vehículos e hidrocarburos.
En materia laboral, la iniciativa establece que las tripulaciones de los buques extranjeros se regirán inicialmente por la legislación del país de bandera. Entre las modificaciones incorporadas al dictamen se incluyó una disposición que establece que, cuando la legislación de origen permita contratar tripulantes de otras nacionalidades, los armadores deberán priorizar gradualmente a trabajadores argentinos o residentes permanentes una vez transcurridos 180 días desde el inicio de las operaciones de cabotaje.
El proyecto también incorpora incentivos tributarios para los armadores nacionales. El régimen permite optar por la amortización acelerada de bienes muebles adquiridos, fabricados o importados para actividades de cabotaje, con un mínimo de dos cuotas anuales iguales y consecutivas. El objetivo es acompañar la competitividad de los operadores locales en un escenario de mayor apertura.
El debate entre competitividad y empleo nacional
La iniciativa reunió el respaldo de distintos gobernadores, particularmente del Norte Grande, que plantearon la necesidad de modificar las condiciones logísticas que afectan a las economías alejadas de los principales puertos exportadores. La senadora Carolina Moisés, una de las impulsoras del proyecto, sostuvo que la propuesta surgió de los planteos provinciales frente a los costos que implica trasladar la producción hacia Buenos Aires.
La radical Silvana Schneider, por su parte, expuso las dificultades que enfrentan los productores chaqueños y señaló que una alternativa fluvial efectiva permitiría mejorar los ingresos en origen. Durante su intervención mencionó que, para determinados granos, la diferencia entre utilizar un puerto provincial y trasladar la producción hasta Rosario puede representar un impacto significativo sobre el precio que recibe el productor.
Desde la oposición, el senador Jorge Capitanich advirtió sobre los riesgos de una apertura que, a su entender, podría afectar el empleo argentino y la industria naval si no se acompaña de mecanismos de regulación y desarrollo de la marina mercante nacional. También planteó la necesidad de revisar las asimetrías existentes en la Hidrovía y avanzar en acuerdos con Paraguay.
La discusión expone dos dimensiones que deberán convivir durante la implementación de la reforma: la necesidad de ampliar la oferta de transporte para reducir los costos de las economías regionales y la preservación de capacidades nacionales en materia de empleo, flota mercante e industria naval.
Para Misiones, el desafío será transformar la mayor flexibilidad normativa en servicios concretos. La recuperación del puerto de Posadas constituye un punto de partida, pero su consolidación como alternativa logística dependerá de la continuidad de las operaciones, la captación de cargas, las inversiones y la conexión con otros puertos de la región.
En ese escenario, la posición expresada por Rojas Decut coloca el debate en una perspectiva federal: la competitividad de las economías regionales no depende únicamente de su capacidad productiva, sino también de las condiciones de infraestructura y transporte que determinan cuánto cuesta llegar a los mercados. La reforma del cabotaje busca intervenir sobre ese componente estructural, aunque sus resultados dependerán de cómo se articulen la apertura del mercado, la inversión portuaria y el desarrollo de la marina mercante nacional.
