Marcha Federal Universitaria: incidentes frente al Congreso y un nuevo reclamo por el financiamiento

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La quinta Marcha Federal Universitaria reunió este jueves frente al Congreso de la Nación a organizaciones educativas, sindicatos, agrupaciones políticas y estudiantes, en una nueva jornada de reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, que tuvo como eje la defensa de la educación pública, la ciencia y la autonomía universitaria, terminó con incidentes entre un grupo de manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad.

Los enfrentamientos se registraron en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao, luego de que un grupo de manifestantes arrojara piedras y otros proyectiles hacia el perímetro policial. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes. Los episodios se extendieron a otros sectores cercanos al Congreso y afectaron también a personas que se encontraban en edificios próximos.

Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis manifestantes detenidos, entre ellos un adolescente de 14 años, que quedó a disposición del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Durante la jornada también se reportaron personas heridas, incluidos efectivos policiales, y la asistencia sanitaria a un hombre y dos mujeres. Una de ellas, de 57 años, fue trasladada al Hospital Ramos Mejía ante la sospecha de un accidente cerebrovascular, según el reporte citado por la Agencia Noticias Argentinas.

Pese a los incidentes, las organizaciones convocantes realizaron el acto central y difundieron un documento conjunto en el que reclamaron el cumplimiento de la ley y advirtieron sobre las dificultades presupuestarias que, según sostienen, amenazan la continuidad de las funciones universitarias durante el próximo año.

El financiamiento universitario, eje del reclamo

El documento fue firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), CTERA y otras organizaciones. El texto sostuvo que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano” no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.

Las entidades exigieron la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y afirmaron que tanto el Congreso como el Poder Judicial respaldaron su vigencia mediante leyes y medidas cautelares. En ese marco, cuestionaron la negativa del Poder Ejecutivo a implementar las disposiciones reclamadas y plantearon que la controversia excede la discusión presupuestaria para involucrar también el funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de las normas.

Los convocantes advirtieron que las universidades atraviesan una situación que pone en riesgo su capacidad de sostener las actividades académicas, científicas y administrativas. El reclamo se concentró en la necesidad de garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de las casas de estudio y preservar las condiciones que permiten mantener la enseñanza, la investigación y la formación profesional.

La movilización contó con el acompañamiento de la CGT, las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones de izquierda, sectores de la UCR y militantes del peronismo. Dentro de este último espacio, la participación estuvo dividida entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, que encabeza el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Presupuesto 2027, becas y salarios docentes

Uno de los puntos centrales del documento fue el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo. Las organizaciones calificaron la propuesta como insuficiente y sostuvieron que contempla recursos inferiores al 1% del producto bruto interno, además de no incorporar las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario.

Frente a ese escenario, respaldaron la propuesta presupuestaria del Consejo Interuniversitario Nacional, que plantea un incremento del 33,4% respecto del proyecto oficial. La diferencia entre ambas posiciones expone el desacuerdo sobre los recursos necesarios para sostener el sistema universitario y la magnitud del esfuerzo fiscal que debería destinarse al sector.

El documento también expresó preocupación por el financiamiento de la ciencia y la tecnología, la salida de investigadores, la reducción en la adjudicación de becas estudiantiles y la interrupción de proyectos científicos. Las entidades señalaron que estas dificultades pueden afectar la formación de nuevos profesionales y la capacidad del sistema científico para desarrollar conocimientos y soluciones a problemas nacionales.

En materia de asistencia estudiantil, cuestionaron el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el estancamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas del CIN. Para las organizaciones, la falta de actualización de esos instrumentos compromete las condiciones de permanencia de estudiantes que dependen de ese apoyo para continuar sus estudios.

El reclamo incluyó además los salarios docentes y nodocentes. Los sindicatos denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo, condiciones laborales precarias y la falta de convocatoria a paritarias libres. También reclamaron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la actualización del nomenclador preuniversitario y garantías jubilatorias.

La discusión presupuestaria tiene consecuencias que se proyectan sobre el funcionamiento cotidiano de las instituciones. La disponibilidad de recursos incide en la capacidad de sostener las actividades académicas, mantener equipos de investigación, actualizar becas y preservar los ingresos del personal. Para las organizaciones convocantes, la aplicación de la ley y la revisión de las partidas presupuestarias son condiciones necesarias para evitar un deterioro mayor.

Los incidentes y las acusaciones cruzadas

Los disturbios comenzaron después de las 15.30, cuando un grupo de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, vandalizó volquetes, bancos de cemento y otros elementos de la plaza, y arrojó cascotes y proyectiles hacia el perímetro del Congreso. Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad activaron un operativo de dispersión con gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes.

El uso de gases alcanzó sectores próximos al anexo de la Cámara de Diputados y afectó a empleados del edificio. Durante la cobertura de la movilización también se reportaron agresiones a trabajadores de prensa, entre ellas la sufrida por un camarógrafo de televisión, que se encontraba fuera de peligro según la información difundida.

Desde la oposición hubo cuestionamientos al accionar de las fuerzas de seguridad. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, puso en duda el desarrollo del operativo y preguntó por qué, a su entender, las manifestaciones no registraban los mismos problemas cuando no había presencia policial. También sostuvo que la protesta transcurría con normalidad antes de los enfrentamientos.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que la violencia era estatal y defendió el derecho a la protesta. Esteban Paulón cuestionó el despliegue de las fuerzas de seguridad y vinculó los incidentes con la falta de cumplimiento de la ley por parte del Gobierno. En la misma línea, Roy Cortina, presidente del Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires, repudió la represión, mientras que el diputado Pablo Juliano afirmó que los gases afectaron al personal de la Cámara baja.

El Gobierno nacional, por su parte, repudió los incidentes. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que los responsables eran “los mismos violentos de siempre” y los acusó de intentar imponer el caos y desafiar a las fuerzas de seguridad. Las posiciones contrapuestas dejaron abierto el debate sobre las responsabilidades por los hechos y el desarrollo del operativo.

Educación pública, ciencia y movilidad social

El documento de las organizaciones convocantes reivindicó los principios históricos del sistema universitario argentino: gratuidad, autonomía, cogobierno, ingreso irrestricto y presencia territorial. También destacó el papel de las universidades como espacios de formación profesional, producción científica y movilidad social.

“Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, afirmaron las entidades en el cierre del texto. Según su planteo, sostener un sistema de educación superior y ciencia con capacidades propias resulta central para ampliar oportunidades y responder a desafíos económicos y sociales.

La marcha volvió a colocar en el centro de la discusión pública la relación entre financiamiento estatal, autonomía universitaria y desarrollo científico. El reclamo combina demandas salariales y presupuestarias inmediatas con una discusión de largo plazo sobre la capacidad del sistema para formar profesionales, sostener investigaciones y garantizar el acceso a la educación superior.

La resolución del conflicto requiere, según las organizaciones, que se cumpla la legislación vigente y se aseguren recursos suficientes para el funcionamiento universitario. Al mismo tiempo, los incidentes registrados durante la movilización dejaron planteada la necesidad de garantizar el derecho a la protesta, proteger a quienes participan de las manifestaciones y establecer responsabilidades por los hechos de violencia.

La quinta Marcha Federal Universitaria concluyó así con dos escenarios simultáneos: un reclamo institucional por el financiamiento de las universidades y una controversia política y judicial sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Mientras continúan las diferencias entre el Gobierno y las entidades educativas, la discusión presupuestaria y el cumplimiento de la ley siguen siendo los puntos centrales para el futuro del sistema universitario argentino.

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