La foto laboral empezó a mostrar algo más profundo que un aumento de la desocupación. En la Argentina, los desocupados o trabajadores no registrados ya suman 2 millones de personas, en un escenario en el que el empleo formal retrocede, la informalidad gana terreno y el mercado laboral absorbe la crisis con ocupaciones más frágiles. El dato condensa una tensión política que el Gobierno no puede esquivar: el ajuste no solo impacta en la actividad, también modifica la calidad del trabajo disponible. Y esa deriva, aunque todavía no se traduzca en un colapso abierto, empieza a perforar uno de los frentes más sensibles de la gobernabilidad.

En los últimos dos años, el empleo no registrado creció en 376.000 puestos, mientras la tasa de desocupación pasó de 5,7% a 7,5%. Eso equivale, según el INDEC, a 1,7 millones de personas desocupadas. A la vez, la tasa de empleo bajó de 45,8% a 45%, y la informalidad trepó a 43% de la población ocupada. Proyectado a todo el país, el cuadro deja una estructura laboral partida: 13 millones de trabajadores registrados frente a unos 9 millones en negro. No se trata solo de menos empleo de calidad. Se trata de un mercado que, aun cuando sigue generando alguna ocupación, lo hace cada vez más fuera de los márgenes de protección.

Un mercado laboral que ajusta por precariedad

El dato central no es únicamente que subió la desocupación. También cambió la composición del empleo. El retroceso del trabajo registrado y el avance del no registrado indican que el ajuste del mercado laboral no opera solo expulsando trabajadores, sino empujándolos hacia formas más inestables y sin cobertura social.

Esa dinámica aparece con claridad en los números sectoriales citados por la consultora Invecq en base a cifras del INDEC. Según ese relevamiento, el comercio sumó 210.000 puestos informales, mientras los registrados privados en ese rubro apenas crecieron 4.000. En la industria manufacturera, en tanto, se agregaron 87.000 trabajadores no registrados al tiempo que se perdieron 63.000 puestos formales. La señal es nítida: incluso sectores tradicionales de la economía están reemplazando empleo estable por inserciones laborales más débiles.

Ese punto importa porque desarma una lectura simplista que atribuye la expansión de la informalidad solo a las nuevas plataformas o a formas emergentes del trabajo. Lo que muestran los datos es algo más estructural. La precarización no está contenida en un nicho; se extiende sobre actividades clásicas de la economía y altera el corazón mismo del empleo urbano.

La caída del empleo registrado golpea al sector privado y también al público

El deterioro tampoco queda circunscripto a un solo segmento del mercado laboral. Los asalariados registrados del sector privado disminuyeron en 182.000 puestos, mientras en el sector público hubo una caída de 80.000 empleos registrados. En total, son 262.000 puestos formales menos.

En términos institucionales, ese dato tiene peso propio. Cuando caen al mismo tiempo el empleo privado registrado y el empleo público formal, se angosta el colchón que suele amortiguar las crisis laborales. La consecuencia es doble: menos aportes al sistema, menos cobertura social y más presión sobre ingresos que ya venían deteriorados.

Ahí aparece una dimensión política más delicada. La discusión sobre el empleo deja de girar únicamente en torno a cuántos puestos se crean o se destruyen, y pasa a enfocarse en qué tipo de trabajo sobrevive. Un mercado que reemplaza empleo formal por ocupaciones en negro puede evitar, por un tiempo, un salto todavía mayor en la desocupación abierta. Pero ese “amortiguador” tiene un costo: deteriora ingresos, reduce derechos y vuelve más inestable la base social sobre la que se sostiene cualquier programa económico.

Repercusiones: más tensión social y menos margen para administrar el ajuste

La expansión de la informalidad fortalece, en lo inmediato, una lógica de supervivencia laboral que contiene parcialmente el desempleo abierto, pero condiciona la sustentabilidad social del esquema económico. El problema no se limita a la falta de trabajo. También afecta la calidad del empleo existente y su capacidad para garantizar ingresos, aportes previsionales y cobertura médica.

En la correlación de fuerzas, este proceso deja al Gobierno frente a una tensión difícil de administrar. Puede exhibir orden fiscal o desaceleración en otros frentes, pero si el mercado laboral consolida una salida por precariedad, el costo social del ajuste cambia de forma, no desaparece. Y esa mutación tiene efectos políticos concretos: erosiona ingresos, amplía la vulnerabilidad y vuelve más sensibles los reclamos sectoriales y territoriales.

También condiciona la agenda pública. Un mercado laboral donde 43% de los ocupados está en la informalidad no solo expone problemas de empleo; pone en discusión el alcance real de la recuperación, si es que aparece. Porque incluso un repunte parcial de la actividad puede convivir con trabajos de baja calidad, sin derechos y con salarios insuficientes. La mejora cuantitativa, en ese contexto, no necesariamente corrige el deterioro social.