Prorrogan por un año el régimen que permite compatibilizar planes sociales y empleo rural registrado
El Decreto 1204/2026 extendió hasta septiembre de 2027 la vigencia del esquema que busca incentivar la formalización laboral en actividades rurales temporarias y estacionales. La norma también garantiza un piso para las asignaciones familiares y apunta a evitar que el acceso a un empleo registrado implique perder determinadas prestaciones sociales.
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El Gobierno nacional prorrogó por un año la vigencia del régimen de compatibilidad entre el empleo rural registrado y determinadas prestaciones sociales, una herramienta destinada a facilitar la contratación formal de trabajadores temporarios y estacionales sin que el acceso a un puesto de trabajo implique, por sí mismo, la pérdida de beneficios sociales contemplados en la normativa.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1204/2026, firmado el 16 de octubre y publicado en el Boletín Oficial el 19 de octubre. La disposición extiende desde el 1 de septiembre de 2026 y por el término de un año la vigencia del Decreto 514/2021, junto con sus normas complementarias y aclaratorias, en cuanto resulten aplicables.
El esquema busca responder a una de las particularidades del mercado laboral rural: la concentración de la demanda de mano de obra en determinados períodos del año. En actividades vinculadas con las economías regionales, la posibilidad de acceder a un empleo registrado durante una cosecha o una campaña específica puede coexistir con la necesidad de mantener mecanismos de protección social durante el resto del año.
El Decreto 514/2021 estableció dos instrumentos centrales. Por un lado, dispuso que las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores contratados bajo las modalidades alcanzadas por el régimen no fueran inferiores al equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, de acuerdo con las condiciones fijadas por las normas complementarias.
Por otro, habilitó la compatibilidad entre el empleo registrado y determinadas prestaciones y programas sociales, de manera que las personas titulares pudieran mantenerlos al incorporarse a las modalidades laborales previstas. El objetivo es reducir los obstáculos que podrían desalentar la formalización en actividades caracterizadas por la temporalidad.
La continuidad del régimen tiene implicancias para trabajadores, productores y empleadores de las economías regionales. Para los primeros, apunta a facilitar el acceso a ingresos laborales formales sin perder automáticamente determinadas herramientas de protección social. Para los empleadores, busca contribuir a que la contratación registrada sea una alternativa viable durante los períodos de mayor demanda de mano de obra.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que distintos actores representativos de las economías regionales, asociaciones sindicales y entidades de productores manifestaron la conveniencia de mantener la medida. El decreto sostiene que su aplicación contribuyó a la inclusión laboral, a la mejora de los ingresos y a las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
La prórroga, sin embargo, no supone por sí sola una modificación integral de las condiciones laborales del sector ni una garantía de empleo durante todo el año. La continuidad de los beneficios queda sujeta a las modalidades contempladas en la normativa y a las condiciones establecidas por las disposiciones complementarias aplicables.
Con la extensión hasta septiembre de 2027, el desafío será sostener la articulación entre protección social y trabajo formal en un sector donde la estacionalidad condiciona tanto las oportunidades de contratación como la estabilidad de los ingresos familiares. La efectividad del esquema dependerá de su aplicación concreta y de que trabajadores y empleadores puedan operar dentro de reglas claras para registrar las contrataciones y preservar los beneficios que correspondan.
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