Mediante el Decreto 449/2025, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo reformas clave a las leyes 24.196 (Régimen de Inversiones Mineras) y 24.466 (Banco Nacional de Información Geológica), con el objetivo de desburocratizar procesos, fortalecer la gestión técnica y atraer inversiones en exploración y explotación minera bajo reglas más claras y eficientes.

Las modificaciones responden a las facultades delegadas por la Ley de Bases N° 27.742, que habilita al Ejecutivo a reorganizar competencias y estructuras estatales en pos de una administración más ágil y menos costosa.

Una de las modificaciones más relevantes es la simplificación del certificado de estabilidad fiscal que otorga la Autoridad de Aplicación del régimen minero. A partir de ahora, el documento deberá incluir únicamente la fecha de presentación del estudio de factibilidad, sin detallar la carga tributaria nacional, provincial o municipal.

Este cambio busca acelerar los tiempos administrativos y evitar demoras originadas en la falta de respuestas de las jurisdicciones impositivas locales. La estabilidad fiscal se mantendrá basada en la normativa vigente al momento de la presentación, como ya lo establecía el Decreto 2686/93, de carácter reglamentario.

Nuevas exigencias para el control de inversiones

El decreto también refuerza las facultades de control de la Secretaría de Minería a través de una mejora en la trazabilidad de las inversiones:

• Los beneficiarios del régimen deberán presentar una declaración jurada anual detallando trabajos e inversiones.
• Dicha declaración deberá estar acompañada por un informe técnico de un profesional independiente, lo que fortalece la calidad y trazabilidad de la información.
• La verificación por parte del Estado se basará en cruces de datos internos, optimizando recursos y reduciendo inspecciones presenciales.

Reorganización del Banco Nacional de Información Geológica

Otro eje central de la reforma es la transferencia de la administración del Banco Nacional de Información Geológica al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), un organismo técnico descentralizado con especialización y trayectoria en la materia.

El SEGEMAR tendrá a su cargo la gestión de la información geológica aportada por los inscriptos en el régimen, así como la proveniente de organismos públicos, universidades y entes en los que el Estado tenga participación mayoritaria. La finalidad es consolidar una base de datos unificada, actualizada y de acceso público, clave para el desarrollo de políticas de exploración territorial.

Estas modificaciones se inscriben en la política de racionalización administrativa impulsada por el Ejecutivo, bajo los principios de desregulación, simplificación y eficiencia técnica en la gestión de políticas públicas.

El nuevo esquema apunta a:

• Reducir cargas burocráticas que obstaculizan proyectos mineros.
• Garantizar seguridad jurídica a los inversores.
• Reforzar controles sin incrementar costos de fiscalización.
• Potenciar la generación y disponibilidad de datos geológicos estratégicos para el país.

Con este paquete normativo, el Gobierno Nacional busca dar señales claras al capital minero privado: habrá menos trabas, más certidumbre jurídica y reglas más estables. Al mismo tiempo, se refuerzan las capacidades técnicas del Estado a través de organismos como el SEGEMAR y se descomprime la carga administrativa de la Secretaría de Minería.

El decreto ya está vigente y aplica también a los trámites que se encuentren en curso, por lo que se espera un impacto inmediato en la dinámica de aprobación de proyectos.