Organizaciones de productores yerbateros solicitaron la intervención del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para revertir lo que definieron como un “criminal deterioro del sector yerbatero”, al que atribuyen a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional desde la entrada en vigencia del DNU 70/23 y la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate.

El reclamo fue formalizado en una nota fechada el 29 de enero de 2026, que será entregada esta semana por representantes de CONINAGRO durante una reunión prevista con el funcionario nacional. En el documento, los productores advierten que desde la asunción del presidente Javier Milei, la Yerba Mate Argentina atraviesa un proceso de deterioro acelerado que compromete no sólo la sustentabilidad económica de la actividad, sino también la calidad e inocuidad del producto, que contrasta con la realidad yerbatera hasta antes de la desregulación.

Según plantean, el Decreto 70/23 y otras decisiones de política económica “están ocasionando la destrucción de una economía regional que hasta hace dos años era pujante”, afectando de manera directa a miles de trabajadores, pequeños productores, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias. En ese marco, alertan que el daño ya comienza a impactar sobre la calidad del producto final, con eventuales riesgos sanitarios y consecuencias negativas para la comercialización, tanto en el mercado interno como en el externo.

La nota lleva las firmas de Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM); Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones (MAM); Julio Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN); Jorge Lizznienz, productor de Jardín América; Antonio França, de la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay; y Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero.

Los dirigentes agrarios reivindican la plena vigencia del INYM como herramienta central para el desarrollo del sector. “Sabemos por experiencia que la única herramienta que permite crecimiento y previsibilidad a una actividad con más de 120 años de historia es la regulación del mercado”, sostienen, y reclaman la restitución de todas las facultades del organismo.

En el mismo sentido, cuestionan la gestión encabezada por el recientemente designado presidente del INYM, Rodrigo Correa, al considerar que sus decisiones profundizan la crisis existente. Entre los puntos señalados, rechazan la creación de una secretaría privada en el organismo en un contexto de fuerte deterioro económico del sector.

Junto al escrito, los productores adjuntaron un documento que resume el impacto positivo del INYM en sus 21 años de funcionamiento. Allí recuerdan que el organismo aportó previsibilidad y crecimiento a toda la cadena yerbatera, integrada por unos 15.000 cosecheros, 13.000 productores, 190 secaderos, 60 cooperativas y más de 110 molinos y fraccionadores, además de impulsar un plan estratégico y posicionar a la yerba mate como un alimento saludable en los mercados nacional e internacional.

Finalmente, solicitan a Santilli una reunión y su intermediación ante las autoridades nacionales “para comenzar a revertir esta insensata destrucción de una economía regional clave”, y remarcan que la defensa de la Yerba Mate Argentina “es inseparable de la vigencia plena del Instituto Nacional de la Yerba Mate, tal como funcionaba antes del Decreto 70/23”.